Marina Arauco pide anular fallo que caducó el permiso a mall
Viña del Mar. Empresa presentó ayer un recurso de reclamación a la Seremi Minvu, en el que solicitan declarar ilegal el decreto de la Dirección de Obras que detuvo la construcción.
La empresa Marina Arauco presentó ayer una solicitud formal a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo para anular el decreto de caducidad que detuvo las obras del mall que construían en 14 Norte, en Viña del Mar.
Pasado el mediodía, el gerente general de la inmobiliaria, Sergio Novoa, presentó, junto a los abogados de la empresa, un recurso de reclamación contra la resolución N° 458/15 de la Dirección de Obras de Viña del Mar en la oficina de partes de la oficina regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La inmobiliaria acudió a la instancia 17 días después de que el municipio zanjara el decreto de caducidad de la obra que, hasta esa fecha, estaban ejecutando y tenía un 98% de avance.
La caducidad del permiso ordenado por el municipio a instancias de un fallo de Contraloría, fue impulsado tras la fuerte presión de agrupaciones vecinales, las que expusieron a través de varios recursos su oposición al proyecto, tanto por su impacto comercial, como su presunta falta de medidas de mitigación vial. El reclamo, respaldado en el fondo por el municipio viñamarino en al menos dos ocasiones, apuntaba a la caducidad del permiso otorgado para la obra.
Sin embargo, el mismo día que el municipio hizo pública la caducidad, Marina Arauco expuso que estaban vencidos los plazos de cualquier acto invalidatorio y afirmó que "esperaremos conocer el detalle de la decisión municipal para tomar todas las medidas correspondientes que resguarden nuestros derechos que fueron obtenidos obrando siempre de buena fe y confiando en nuestras autoridades y la ley".
Especulaciones
Mucho se especuló sobre qué haría Marina Arauco con este decreto de caducidad, tomando en cuenta los US $55 millones que gastó la empresa en la construcción de la obra gruesa. En base al escenario en el que quedaba el proyecto, se creía que la firma podría desistir del proyecto en 14 Norte, lo que implicaría demoler la obra que estaba prácticamente edificada. También se creyó que la empresa buscaría modificar el proyecto, ajustándose al nuevo plan regulador, y entregando un estudio del impacto vial y mitigaciones acordes a la zona en la que se estaba instalando, con graves atochamientos del transporte público en calle Libertad y 15 Norte.
Sobre esto último, se especuló sobre un proyecto de conexión vial que va desde 5 Oriente, pasa por atrás de la feria de 15 Norte y sale hacia Avenida Alessandri, por atrás del Supermercado Lider. Según el diputado Osvaldo Urrutia, ex director de planificación de Viña, podría financiarlo la empresa.
Pero el tercer escenario, el de la reclamación judicial o al ente superior de la Dirección de Obras, el Minvu, fue la carta escogida por la empresa.
En un documento de 21 páginas, la empresa sostiene que el recurso de reclamación es contra la resolución emanada por la DOM de Viña del Mar que "dispuso la confirmación de caducidad automática del Permiso de Obra Nueva N° 1.349/2000 (...) y la orden de paralización de las obras en ejecución conforme a él".
Permiso del 2000
El escrito también precisa claramente el objetivo del recurso, que no es otro que declarar ilegal el decreto del 9 de junio. "La presente reclamación persigue que la Seremi Minvu declare la ilegalidad de la declaración de caducidad".
La firma solicita que, en su lugar, el Minvu declare que el Permiso de Obra Nueva del año 2000 "se encuentra vigente, dejando y ordenando dejar sin efecto la Resolución contra la que se dirige la presente reclamación".
En la primera parte del recurso de reclamación se cuestiona la supuesta conclusión a la que habrían llegado el municipio y la Dirección de Obras en cuanto a que la Contraloría General de la República había ordenado la caducidad automática del permiso. Fuentes cercanas a la causa expresan que esto no puede ser así, porque la Contraloría carecería de esa facultad.
"Encontramos un primer argumento para aseverar con firmeza que la Contraloría no instruyó ni entregó un mandato por medio de este Dictamen para que la Alcaldesa, el DOM ni esta Seremi declararan la caducidad del PON (Permiso de Obra Nueva), desde que esto último no puede ser el resultado de un procedimiento disciplinario en que se determinen eventuales responsabilidades administrativas", dice el documento.
En una segunda parte, se expresa que ni la Dirección de Obras ni el municipio viñamarino tendrían las facultades para decidir sobre situaciones jurídicas consolidadas, como las que serían, de acuerdo a los argumentos del recurso, el permiso entregado en el año 2000.
En tercer lugar, el documento sostiene que ya no existen los plazos legales para revocar algún acto administrativo o reconocer decretos de caducidad anteriores de forma automática.
Parte del recurso también dice: "Ninguna de las normas legales relativas al procedimiento administrativo se cumplió en este caso. No hubo instrucción de proceso alguno y se negó, en todo momento, el acceso de nuestra parte al pseudo procedimiento que la Alcaldesa y el DOM estaban llevando a cabo y en el que la instrucción era dictar 'sin más trámite' la caducidad".
Exministro de Suprema
Como cuarta parte de la causa se adjuntó un informe en derecho elaborado por el abogado Urbano Marín, ex presidente de la Corte Suprema, exministro del Tribunal Constitucional y con trayectoria en la Contraloría General de la República, que explica por qué la caducidad automática sería contraria a la ley.
Fuentes cercanas a la causa detallaron que este recurso es la primera de otras acciones que se tomarán progresivamente y dentro de los plazos.
Al respecto, el seremi del Minvu, Mauricio Candia, dijo que "este planteamiento serárespondido dentro de los plazos legales que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Como toda documentación, fue derivado al departamento correspondiente de la institución, para que se analice en el marco de la normativa vigente del sector vivienda y urbanismo".
"Este planteamiento será respondido dentro de los plazos legales que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones".
Mauricio Candia
seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo