Por cerca de tres horas declaró ante la fiscal Mónica Arancibia, Giuseppe Briganti Weber (20 años), imputado por el homicidio de dos estudiantes universitarios tras un incidente registrado en las cercanías de la plaza Victoria de Valparaíso tras una marcha estudiantil.

El joven, que permanece en prisión preventiva en la cárcel porteña, fue trasladado por personal de Gendarmería hasta las dependencias de calle Molina, a escasas dos cuadras del lugar donde fueron abatidos con un arma de fuego los alumnos de la Universidad Santo Tomás, Exequiel Borvarán (18) y Diego Guzmán (24).

Durante la diligencia, Briganti estuvo acompañado de su abogado particular, Miguel Alfaro. La declaración la realizó en forma voluntaria, tras manifestarle a la propia fiscal que instruye el caso la intención de entregar su versión.

Según trascendió, Briganti mantuvo su versión de los hechos, respecto a que habría efectuado un solo disparo.

Cabe consignar que la PDI ya realizó pericias en el sitio del suceso a objeto de precisar la dinámica de los hechos; sin embargo, próximamente se realizará una reconstitución de escena, lo cual fue confirmado por la fiscal Arancibia.

La persecutora comentó que "se citó a declarar al imputado y él renunció a su derecho a guardar silencio, prestó declaración y entregó su versión de los hechos ocurridos el 14 de mayo. La Fiscalía ha estado trabajando con la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística para establecer la exacta dinámica de estos hechos. Por eso se han hecho diligencias, vamos hacer prontamente una reconstitución de escena y seguimos trabajando en las pericias".

El intendente Ricardo Bravo ordenó un proceso de regularización y control de los locales comerciales que operan un sector de la playa La Boca, en Concón.

Los establecimientos, algunos instalados hace más de cinco años, fueron denunciados por el alcalde, Óscar Sumonte, por no contar con los permisos correspondientes para poder funcionar.

"Hay varias situaciones de irregularidad, se está realizando una actividad comercial que no tiene permiso municipal, no tienen los permisos de agua potable, alcantarillado y luz. Estas instalaciones, de orden irregular, generan un problema de vulnerabilidad en caso de emergencia. Por eso es necesario que los servicio fiscalicen y cada uno de ellos entreguen las solicitudes correspondientes", precisó Bravo.

El consejero regional Manuel Millones sostuvo que "la situación que aquí se produce es grave porque se venden productos de alimentación y los lugares no tienen una resolución sanitaria, hay una irresponsabilidad de quienes hacen la actividad económica. Este tema es tremendamente grave, por eso se pide la visita inspectiva y que se apliquen las multas correspondientes".

ARISTA JUDICIAL

En tanto, el alcalde Óscar Sumonte informó que están a la espera de la resolución del Juzgado de Policía Local, dictamen que estaría finalizado el 17 de julio.

"Aquí hay un juicio que lleva tiempo y que esperamos que lo resuelva el Juzgado de Policía Local. Hay un incumplimiento a una orden de la Corte Suprema, que estableció después de un largo juicio que los propietarios de este sector, habían incumplido la orden de contar con un permiso municipal para realizar el relleno", subrayó Sumonte.

Agregó que "queremos que el Juzgado resuelva y que obligue al propietario a sacar los permisos correspondientes para que se realicen las medidas de urbanización en todo el sector comercial".

Una de las aristas a investigar e inspeccionar en el caso, según Sumonte, es la determinación del administrador del sitio de arrendar los locales sin contar con los permisos para generar la actividad comercial. "Entendemos que hay una fuente laboral importante y hemos sido cuidadosos en ese aspecto, pero además acá se produce otra situación grave porque han entregado contratos de arriendo ilegales", afirmó Sumonte.

Katherine Escalona M.