Un informe de Contraloría respecto a una investigación especial realizada al Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, tras una denuncia por eventuales irregularidades en proyectos con cargo al 6 % del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), ocurridas en el periodo 2009-2013, detectó que iniciativas aprobadas no fueron evaluadas por los organismos técnicos antes de ser aprobadas, por lo que se abrió un sumario administrativo.

La investigación arrojó que cuatro de estos proyectos, relacionados con el segundo concurso de Seguridad Ciudadana del año 2012, no fueron revisados ni sometidos al proceso de calificación, no obstante fueron aprobados, motivo por el cual el Gobierno Regional derivó todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para recuperar los fondos públicos entregados a dichas entidades, que alcanzan los 41 millones de pesos.

Las irregulares no son nuevas en el proceso de adjudicación de estos fondos estatales. El trabajo realizado desde el año pasado por la Unidad de Fiscalización del 2%, detectó que proyectos adjudicados durante la administración anterior y que nunca fueron ejecutados alcanza los $ 650 millones. Los proyectos cuestionados fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que cuenta con una serie atribuciones legales para perseguir la restitución de los fondos públicos. En caso de acreditarse delitos, como apropiación indebida o malversación de caudales públicos, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de 2014.

Respecto a los proyectos adjudicados sin la evaluación técnica. La auditoría se inició en junio de 2014, tras una denuncia de un particular, dando cuenta que no existió un "oficio de guía" en los proyectos para ser aprobados por el Consejo Regional. Según trascendió, en estos hechos tendría implicancia directa el exjefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Sergio Núñez, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena a ocho años por los delitos de malversación reiterada de caudales públicos -en el denominado Fraude a la Intendencia 2-, el cual realizaba las aprobaciones de las iniciativas sin comunicarlas formalmente. En estos ilícitos habría actuado en concomitancia con el exjefe de gabinete del exintendente Raúl Celis, Enrique Kittsteiner, actualmente prófugo de la justicia, tras recibir una pena a 8 años por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

saltaron proceso

Los proyectos adjudicados sin haber pasado por el proceso de calificación, todos del año 2012, corresponden a "Mejorando la participación de Nuestros vecinos", por $ 21 millones, de la Junta de Vecinos Los Castaños de San Felipe; "Prevención y detección de conductas de riesgo en comunidad Obed Edon", por $ 10 millones, del Centro Cultural Obed Edon de San Esteban; "Más participación, más seguridad", $ 5 millones, del Grupo Cultural Centro de Extensión Recuperando Espacios de San Felipe y "Escuela de Seguridad Vecinal", de la Agrupación Cultural y Deportiva Futuro de Llay Llay, por 4 millones 956 mil pesos, por un total que supera los $ 41 millones.

El dictamen concluyó que estas iniciativas financiadas por el GORE "no fueron evaluadas por la comisión de admisibilidad y evaluación técnica", situación que está siendo investigada a través de un sumario administrativo que instruye la Contraloría Regional de Valparaíso.

Una fuente de la Intendencia manifestó que en estos hechos no existe responsabilidad funcionaria del personal de planta de trabaja en el Gobierno Regional, puesto que quienes tenían a su cargo el proceso de los concursos del 6 % del FNDR durante ese periodo, eran los ya nombrados Sergio Núñez y Enrique Kittsteiner.

proyectos observados

La investigación arrojó además que las rendiciones de cuenta de 11 proyectos, adjudicados entre los años 2011 y 2013, estaban observados por el GORE, "en circunstancias que el plazo concedido para tales entidades para subsanarlas ya había vencido".

Las iniciativas observadas corresponden a las comunas de San Felipe (5), San Esteban (2), Calle Larga (2), Los Andes y Llay Llay, por montos que superan los 63 millones.

Entre las observaciones a entidades privadas como juntas de vecinos de fútbol amateur, clubes y centros de padres y apoderados, están la falta de lista de participantes; boletas emitidas fuera de plazo, falta de registro fotográfico, rendiciones fuera de plazo y pago de honorarios que superan lo establecido.

Contraloría instruyó al organismo regional "emprender las acciones legales correspondientes, a fin de perseguir la restitución parcial o total de esos recursos". Además se deberá evaluar "solicitar al Ministerio de Hacienda la eliminación de dichas entidades del Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Públicos", medidas que serán verificadas por el órgano contralor. Dio un plazo de 60 días hábiles para remitir un informe con el estado de las observaciones.

acciones legales

Según trascendió y una vez conocidos estos hechos, la actual administración del Gobierno Regional dispuso accionar todos los mecanismos legales y, dependiendo de los montos implicados, se tratarán de subsanar las observaciones a las iniciativas para su rendición, o se derivarán los antecedentes al CDE para perseguir la recuperación de estos fondos públicos.

Otra de las sanciones aplicables a las instituciones involucradas es impedir que puedan participar en la adjudicación de nuevos recursos en futuros concursos para el 6 % del FNDR, para iniciativas relacionadas con Seguridad Ciudadana, Deportes y Cultura, a los cuales pueden acceder organizaciones sociales y municipios.

Respecto a la investigación de Contraloría, que el pasado viernes entregó el informe al GORE para adoptar las correcciones pertinentes, el jefe de la División de Análisis y Gestión de Control, Enrique Escobar, no descarta que existan más proyectos adjudicados sin cumplir con la evaluación técnica, dado que los concursos eran supervisados directamente por Kittsteiner y Núñez. "Vamos a revisar las carpetas de estos proyectos y derivarlos al CDE los que no estén rendidos, o a la Fiscalía dependiendo del informe de Contraloría. De los proyectos no rendidos durante el periodo anterior, muchos de ellos no ejecutados, todos fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado y esos suman $ 650 millones", afirmó el personero.