Algunos concejales viñamarinos criticaron duramente la demanda realizada por Besalco Concesiones S.A., contra el municipio. La empresa está a cargo de la construcción de los estacionamientos subterráneos de plaza Sucre, en Viña del Mar, la que aún no termina.

La empresa está pidiendo como indemnización por supuestos retrasos y errores del municipio, que llevaron a que la obra todavía no pueda ser entregada, unos $12 mil millones.

El concejal Andrés Celis comentó que "creo que es evidente el hecho de que el que ha caído en incumplimientos reiterados ha sido la empresa Besalco, y es un hecho público y notorio, que no solo lo hemos vivido nosotros como municipio sino también los vecinos del sector".

Pamela Hodar dijo que desconoce los detalles de la demanda, y que pedirá "ser informada de cuáles son los problemas sobre los cuales la empresa nos endosa responsabilidades", pero advierte que "ellos entraron en incumplimiento de plazos con respecto a la ejecución de cada etapa. Sé que hubo un problema el año pasado con una inundación, pero estaba solucionado".

Jaime Varas criticó que "Besalco aparezca como la gran perjudicada, es francamente sorprendente. Esto obedece a una estrategia judicial previendo futuras multas que puedan surgir al momento de la entrada en funcionamiento de los estacionamientos".

Víctor Andaur, que dijo estar molesto por no ser informado de la demanda, comentó: "creo que, como no se cumplieron los plazos, la obra salió casi un año y medio de lo presupuestado y todavía no concluye, la demanda es para que les demos más tiempo".

Consultada por la fecha de término de las obras, en base a las complicaciones expuestas por la empresa, el municipio informó que "están aún en desarrollo y cuando se terminen, se deberán determinar los atrasos e incumplimientos al contrato y las correspondientes medidas a aplicar, como por ejemplo, hacer efectivas las boletas de garantías".

La Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento ordenó postergar de forma indefinida la cobranza judicial para los alumnos de la Universidad del Mar, hasta que se cuente con la documentación necesaria para iniciar dicho proceso.

La Junta de Acreedores había acordado, en su penúltima reunión, iniciar la cobranza judicial el 30 de junio. Luego, inició una serie de tratativas para votar en la última reunión que se comenzara a cobrar a los alumnos morosos, después de percatarse de que, hasta esa fecha, solo se había cancelado un 1% de la deuda.

Incluso, algunos acreedores estaban analizando desde ya comenzar a armar los paquetes de créditos para venderlos en agosto, aproximadamente, e iniciar el proceso de remates. Sin embargo, en la última junta ordinaria realizada este mes, se les informó de la orden de la Superintendencia, y acordaron, de acuerdo a la indicación, postergar la cobranza judicial hasta que obtengan la documentación solicitada.

DOCUMENTOS DE CRÉDITOS

El organismo fiscalizador informó a este Diario que "el 10 de junio de 2015 la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento instruyó al síndico de la quiebra, señor Cristian Herrera Rahilly, entregar un detalle de los documentos de crédito susceptibles de cobro antes de iniciar la cobranza judicial a los alumnos deudores".

Detalló que "actualmente la junta de acreedores no cuenta con la información veraz, completa y fidedigna respecto al universo de documentos de crédito por cobrar y su estado. La junta de acreedores podrá acordar la cobranza judicial, si así lo estima, cuando cuente con la referida información".

La Superintendencia sostuvo también que "sin perjuicio de lo anterior, se recomienda a los alumnos deudores concurrir a sus respectivas sedes para exponer su situación, a fin que se analice por la citada junta de acreedores el otorgamiento de algún beneficio".

"Nos cobran igual"

La secretaria de los exalumnos de la U. del Mar reunidos en la solicitud de nulidad de contrato que se presentó este año, Susana Giacaman, dijo que, pese a que se aplazó la cobranza judicial, ha recibido muchos comentarios de ex alumnos a los que se les está cobrando.

"Les llegan correos, los han llamado para cobrarles de distintas formas, incluso a manera de chantaje, diciéndoles 'si no me pagas, vas a ir a cobranza judicial'. Parece chiste, los mismos problemas administrativos que impulsaron el cierre de la universidad hacen que no puedan iniciar la cobranza judicial porque no tienen todas las letras. De antes que cerraran, éstas estaban repartidas por diferentes bancos e instituciones", dijo la joven.

Los exalumnos que ingresaron un reclamo a la Contraloría General de la República en abril de este año criticaron la demora en la respuesta del organismo, que ya habría recibido respuestas del Ministerio de Educación respecto a las consultas que hicieron los exestudiantes. Las interrogantes eran ¿qué 'convenios' hicieron por nosotros con otras Ues?, ¿Qué se hizo con los miles de millones que el estado, vía Mineduc, traspasó a Ues que nunca nos recibieron?, ¿esas Ues devolvieron esos dineros no gastados en nosotros al Estado?, y otras. "Los plazos están pasados hace mucho", dicen los jóvenes.

Pamela Boltei