Más de la mitad de los requerimientos ingresados al Consejo para la Transparencia (CPLT), por demoras o no entrega de información por parte de organismos públicos, corresponde a municipalidades. Así se desprende del último reporte estadístico mensual de junio, entregado esta semana por el CPLT, que ratifica la tendencia histórica.

A nivel regional se registró un total de 32 casos, 21 de ellos contra municipios y 11 a otras instituciones. A su vez, la causas resueltas por el CPLT este mes fueron 13, donde uno fue desistimiento, tres se declararon inadmisibles, y nueve pasaron a decisiones de fondo.

En estas resoluciones adoptadas por el Consejo contra las municipalidades de Nogales, El Tabo, Algarrobo, Concón, Quilpué, Valparaíso y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) se acogió totalmente la solicitud de información.

En Quilpué, por ejemplo, las trabas para entregar la información correspondieron al detalle de remuneraciones, bonificaciones y viáticos al Secretario General de la Corporación Municipal, así como del convenio de esta entidad con la Caja 18 de Septiembre, donde se le efectuaban descuentos por planillas a profesores, entre otros detalles relativos a docentes y la CMQ. Mientras que el otro reclamo correspondió a información sobre el permiso de obras y detalles de la misma, además del Estudio de Impacto Ambiental en la polémica construcción entre las calles Andrés Bello y Diego Portales. En ambos casos la información fue entregada de manera extemporánea, según consta en el documento del CPLT.

sumarios y sanciones

La directora jurídica del CPLT, Andrea Ruiz, explicó que la gran cantidad de reclamos contra estos organismos "se debe a que las personas tienden a recurrir mucho más a los municipios, el primer punto de contacto de las personas con la administración en general, son las municipalidades, y por tanto, son a quienes se le requiere el mayor número de información", agregando que "en general a los municipios les ha costado bastante más sumarse al cumplimiento estricto de la Ley de Transparencia".

En cuanto a las sanciones a las que se exponen los organismos, Ruiz precisó que "lo que procede es pedir la instrucción de un sumario, lo que nos pasó este año con Algarrobo, por ejemplo" (ver recuadro). La jurista especificó que "cuando se verifica el incumplimiento, se le aplica una multa al jefe de servicio, en este caso al alcalde, la que va de un 20 a un 50% de su remuneración". Desde que comenzó a regir la ley (2009), el CPLT ha aplicado "alrededor de 150 sanciones en contra de jefes de servicios, fundamentalmente por incumplimiento de los deberes de transparencia activa", detalló Ruiz.

Respecto a un aumento en el cumplimiento de la entrega de información a partir del 2009, Ruiz estima que "ha sido paulatino y en los municipios ha sido un proceso de instalación bastante más lento. Una vez que aprenden, existe una mayor disponibilidad para entregar información, pero todavía existen muchas barreras de acceso para las personas, y por tanto, cuesta que obtengan respuestas y en eso el Consejo se preocupa constantemente de promover el derecho".

La causal que más se repiten por la que los ciudadanos acuden al CPLT es "el tema de la gestión del suelo, que es bastante emblemático. A nosotros nos llegan muchas solicitudes de acceso a la información pidiéndonos planes reguladores, permisos de obras, autorizaciones para construir, etc., y el Consejo constantemente ordena la entrega de esa información", finalizó la jurista.

La directora jurídica del CPLT, Andrea Ruiz, detalló que en la Quinta Región "destaca el caso de la Municipalidad de Algarrobo que, durante lo que va del año 2015, se ha visto expuesta a dos sumarios ordenados por el Consejo Directivo de la Corporación. En un primer caso, un ciudadano requirió información sobre lo que 'ha gastado el municipio en viajes de capacitación dentro y fuera del país, desglosado por concejal y alcalde entre enero y julio de 2014'. El municipio indicó que la solicitud de acceso era inadmisible y negó lo solicitado, aún más en la etapa de contestación del amparo, la Municipalidad indicó que no existía la información requerida"; mientras el segundo caso corresponde a un funcionario desvinculado a quien no se le entragaron los fundamentos por los que no se le renovó el contrato.

Cristián Rojas M.

52,9%

de los reclamos a nivel nacional corresponden a municipios y el 47,1% a otros organismos públicos.