La ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, defendió ayer las discrepancias públicas que ha mantenido con la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, a raíz de la aprobación que esta entidad otorgó a la fusión de las AFP Cuprum y Argentum. "Tengo opinión respecto de lo que ocurrió. Como ministra de Estado la he hecho presente a la superintendenta", afirmó Rincón, quien recalcó que "es mi obligación constitucional y legal velar por el cumplimiento de la normativa en el ámbito del Ministerio del Trabajo y sus organismos relacionados".
En un oficio enviado en julio, Rincón manifestó a la titular del regulador de pensiones que el análisis del proceso de constitución de AFP Argentum como la fusión con la AFP Cuprum, "es al menos irregular, no ajustándose esa superintendencia a los imperativos legales sobre la materia".
"Y, en especial, -según el documento- a su obligación de velar por los intereses de los afiliados al sistema de pensiones, al permitir operaciones comerciales de las administradoras de fondos de pensiones para fines particulares de esta que no benefician a aquellos".
De acuerdo a eso, la secretaria de Estado solicitó directamente a Agnic "se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole" en el futuro.
Según Rincón, "lo importante es que las normas se cumplan, que entendamos que tenemos que dar certezas, que tenemos que proteger a nuestros trabajadores, que tenemos que proteger el sistema y frente a una situación que a mí me ha parecido irregular, después de revisarla con mis asesores y los equipos técnicos, y frente a la insuficiencia de la explicación de la superintendenta, lo he hecho presente". Rincón negó que vaya a "discutir por los medios" una presunta petición de renuncia a Agnic.
La Superintendencia de Pensiones publicó un documento en su sitio web en el que explica, luego de consultas de afiliados, la forma en que se llevó a cabo la fusión de Cuprum y Argentum. Según el regulador, el 2 de enero de 2015, se autorizó la fusión de ambas entidades tras un proceso de análisis jurídico que comenzó en septiembre de 2014. "Esta operación fue autorizada bajo estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en el DL 3.500 de 1980, que regula el sistema de pensiones, y en la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas", dijo el regulador.