Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 jóvenes en el municipio mexicano de Iguala denunciaron ayer la destrucción de pruebas de video y el presunto impedimento por parte del Gobierno de entrevistar a militares. Por ello, pidieron la ampliación de su mandato.

"Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso", manifestó la exfiscal guatemalteca Claudia Paz en una rueda de prensa realizada tras la quinta visita de este grupo interdisciplinario al país para investigar el caso.

Según la jurista, citada por EFE, el personal del Palacio de Justicia del municipio de Iguala señaló a la CIDH que existían grabaciones de video tomadas desde el edificio en las que se observaba la detención de "entre 10 y 16" estudiantes por parte de la Policía en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Aquel día ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La versión oficial, rechazada por los padres de las víctimas, detalló que los jóvenes murieron asesinados e incinerados en un municipio vecino a manos de autoridades corruptas y miembros del cartel Guerreros Unidos.

La CIDH solicitó esta prueba a través de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), pero "parece que tales registros videográficos fueron destruidos", continuó Paz, que pidió que, de confirmarse este hecho, se tomen las medidas legales pertinentes.

Asimismo, el grupo criticó la postura gubernamental de permitir únicamente por escrito y dentro del proceso penal la entrevista a 26 militares del Batallón 27, quienes habrían sido testigos del ataque a los estudiantes.

Los expertos aceptaron en un primer momento la entrevista a estos militares dentro del proceso penal siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, al igual que en la toma la declaración de varios alumnos de la Escuela Normal.

Sin embargo, el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las demandas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.

"No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración", dijo el experto chileno Francisco Cox.

Cox puntualizó que recabar los testimonios de los militares permitiría obtener información para las pesquisas y la búsqueda de los jóvenes, y criticó que el Gobierno haya respondido que la presencia del grupo en la declaración "pondría en riesgo la legalidad de la investigación".

El 29 de junio, el grupo interdisciplinario encontró en el expediente del 27 de septiembre que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México a principios de octubre. Dichas evidencias "no eran conocidas por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma", explicó Claudia Paz, quien calificó el hecho como "grave".

Agencias

Al menos 18 personas murieron y 80 resultaron heridas ayer en una explosión en el principal barrio comercial del centro de Bangkok, la capital de Tailandia. Según informó la policía local, muchas de las víctimas son extranjeros.

Una cámara de vigilancia registró una enorme explosión en el santuario de Erawan, un imán que atrae tanto residentes como turistas y está ubicado en pleno centro comercial. A continuación se ve a los transeúntes huyendo del lugar. Por el contenido de las imágenes, la policía cree que se trató de un atentado.

Los centros comerciales cercanos fueron evacuados. Más tarde, los uniformados desactivaron en el área otros dos artefactos explosivos. Cientos de policías rastreaban las inmediaciones en busca de otras bombas. En principio nadie se adjudicó el ataque.

La junta militar de Tailandia determinó no decretar estado de emergencia y aseguró en un comunicado que "las autoridades tienen todo bajo control" y que hoy volverán a abrir sus puertas las escuelas y los bancos.

La policía tailandesa dijo que aún desconoce la autoría del atentado. En febrero pasado, dos bombas habían explotado frente a un centro comercial en Bangkok dejando heridas a dos personas. En la isla turística de Koh Samu había estallado en abril un coche bomba. Ningún grupo se atribuyó los atentados.

Según consignó EFE, aunque en el sur del país budista hay musulmanes separatistas violentos y la sociedad está profundamente dividida en términos políticos, los atentados en la capital constituyen un hecho inédito.

El Ejército de Tailandia había realizado un golpe de Estado en mayo de 2014, después de varios años de tensiones entre los principales bandos políticos enemistados del país asiático. Desde entonces ejerce el poder el líder de la junta militar, Prayuth Chan-ocha.

Las autoridades creen que las bombas colocadas en febrero y abril iban destinadas a desestabilizar el gobierno impuesto por los militares.

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sostuvo ayer una reunión con varios de sus ministros para analizar las manifestaciones realizadas este domingo, que convocaron a cerca de 900 mil personas en 205 ciudades de dicho país.

El Ejecutivo manifestó su intención de fomentar el diálogo con la ciudadanía dada la naturaleza de las manifestaciones, además de expresar su preocupación con la intolerancia de algunos de sus críticos.

"El Gobierno quiere intensificar el diálogo porque reconoce que pasamos por un momento de dificultades, que queremos superar con diálogo, pero mientras se respeten las instituciones y sin ese ambiente de intolerancia", afirmó el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, en una rueda de prensa posterior a la reunión.

En la reunión convocada por Rousseff participaron algunos miembros de su gabinete, voceros en el Congreso y líderes de los partidos oficialistas.

El secretario de Estado agregó que la Mandataria considera que las manifestaciones fueron importantes y normales dentro de la democracia, pese a que la convocatoria fue menor que en otras concentraciones.

"Es evidente que hubo una reducción. No lo digo yo, lo dice la prensa. Pero para nosotros no dejan de ser importantes. Reconocemos su importancia y que (sus reivindicaciones) tienen que ser consideradas", aseguró.

Las protestas fueron convocadas por grupos opositores ajenos a la política formal, pero la movilización no repitió las de las otras dos realizadas este año, que llegaron a congregar a hasta 2,5 millones de personas en 250 ciudades.