Luego de que el Ministerio de Educación publicara el jueves un nuevo documento con especificaciones respecto de los criterios de la gratuidad para 2016, la titular de la cartera, Adriana Delpiano, salió a responder las dudas que generó el texto tanto en los rectores de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), como en los estudiantes.

En el documento se mantiene como exigencia que los planteles cuenten con cuatro años de acreditación, pero se abre a que también se incluya a aquéllos que tengan tres años en dos áreas obligatorias y en investigación.

Además, señala que se permitirá que sean integrantes de la corporación o fundación universitaria, sociedades comerciales con fines de lucro que no puedan elegir sobre un 10% de los directores de la universidad.

Este último punto generó cuestionamientos por la idea de que pueda permitir el lucro en la educación superior, lo que fue descartado por Delpiano.

"Aquí no se va a abrir ninguna puerta al lucro, se lo digo tajantemente", afirmó la secretaria de Estado. "Una de las razones de la reforma es, justamente, tener una educación de calidad en que, efectivamente, los recursos sean para financiar la gratuidad de las familias que se vean aliviadas no sólo en el presente, sino en el futuro en términos de deuda, y las condiciones para poder entrar a esa situación: efectivamente estar acreditadas por más de cuatro años, no tener lucro y tener algún tipo de instancia de participación. Eso no ha cambiado nada", sostuvo.

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, calificó la información como "sorpresiva". "No teníamos conocimiento y, desde luego, nos sorprende que mediante esta forma -me refiero a la página web del Ministerio- se comuniquen requisitos que son importantes. No se trata de una información menor", dijo a Cooperativa.

El rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, que lidera los planteles del G9, dijo que "esto cambia día a día, momento a momento, y eso nos tiene muy confundidos".

A presidio perpetuo simple condenó la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a Enrique Villanueva, conocido también como el "comandante Eduardo" del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por el asesinato del exsenador UDI Jaime Guzmán.

El también académico fue sentenciado inicialmente a cinco años de libertad vigilada por el ministro Mario Carroza -quien aplicó la prescripción del delito-, una sanción que motivó al Gobierno a presentar una apelación ante el tribunal de alzada capitalino.

La condena fue adoptada de manera unánime por los ministros Juan Cristóbal Mera, Pilar Aguayo y María Cecilia González.

Villanueva, que fue condenado en calidad de autor, puede aún recurrir a la Corte Suprema para debatir la resolución de la Corte de Apelaciones, sentencia que lo obligará a pasar 20 años encarcelado antes de poder recibir beneficios extrapenitenciarios.

Cuando conoció la condena inicial, el exvocero del FPMR fustigó la resolución del juez Carroza así como también la decisión del Gobierno de apelar al fallo. "Me sorprende, pero asumo esto como parte del proceso y tengo derecho a apelar a una condena que considero falsa", aseveró.

La Subsecretaría del Interior decidió revocarle la residencia definitiva al sacerdote irlandés John O'Reilly, quien en noviembre de 2014 fue condenado a cuatro años de libertad vigilada, luego de haber sido encontrado culpable del delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad del Colegio Cumbres.

La resolución del Gobierno fue adoptada el pasado 12 de agosto y dada a conocer ayer, y está firmada por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. El texto establece que el sacerdote de los Legionarios de Cristo "deberá hacer abandono del país en un plazo de 72 horas, a contar del momento en que sea notificado".

Ese plazo de abandono del país, sin embargo, deberá ser concretado una vez que el cura cumpla con la condena resuelta por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal en noviembre del año pasado. La libertad vigilada decretada por la justicia se cumplirá en el año 2018.

"Si el extranjero afectado no diere cumplimiento a la medida, se procederá a dictar el correspondiente decreto de expulsión", establece el documento.

"La conducta ejecutada por el extranjero vulnera los bienes jurídicos de la integridad, libertad e indemnidad sexual y la seguridad pública, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado, y cuya realización atenta directamente contra el bienestar común y orden social, no siendo útil ni ventajosa su residencia en el territorio nacional", argumenta la resolución.

En marzo recién pasado, el Congreso aprobó revocar la nacionalidad por gracia a O'Reilly que le había sido concedida en 2008. Esto, con el fin de dar una señal de que los delitos de los que el religioso fue encontrado culpable no son aceptables, puesto que ese beneficio se otorga como un honor.

La nacionalidad por gracia concedida fue utilizada por la defensa del sacerdote durante el juicio, lo que fue condenado por parlamentarios en ese entonces.

Algunos senadores pidieron que junto con la revocación de ese beneficio se procediera a la expulsión del religioso.

En noviembre de 2014, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal acreditó uno de los dos casos de abusos por los que la Fiscalía Metropolitana Oriente acusó a O'Reilly.

La pena resuelta por la justicia no siguió la recomendación de Gendarmería, que en el juicio señaló que el irlandés no era apto para cumplir su condena en un medio libre.

Pese a esto, la sentencia consideró la irreprochable conducta anterior de O'Reilly. El tribunal acogió la demanda civil presentada por el querellante que establecía el pago de $ 1 millón a la familia.

El abogado Eugenio González, en su calidad de miembro del Concejo de la Municipalidad de Macul, presentó ayer una querella criminal en contra de quienes resulten responsables en calidad de actores, cómplices o encubridores en el caso de la Ficha de Protección Social (FPS) del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

El recurso fue interpuesto en el décimo tercer Juzgado de Garantía por la obtención fraudulenta de prestaciones e infracción a la Ley 20.379.

El jueves, la Fiscalía Nacional designó al fiscal jefe de Macul, Felipe Sepúlveda, para que investigue el caso.

Por su parte, el diputado Teillier acusó la existencia de una "mano negra", argumentando que su pareja efectivamente firmó la encuesta sin saber que se trataba de la ficha, en la que se le otorgaron 10.184 puntos que los ubicó en el 40% de la población más vulnerable del país.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló ayer que la investigación que fue encargada por él mismo, que es militante del PC, estará lista la próxima semana.

"La próxima semana vamos a tener un informe del proceso de supervisión a todo el procedimiento de esta ficha de protección social que fue solicitada por el diputado Teillier a través de la Cámara de Diputados", afirmó el secretario de Estado.

"Una vez que concluya este proceso de supervisión que implica evaluar cuáles fueron los procedimientos del Ministerio de Desarrollo Social, del municipio y demases, daremos la información oportuna", agregó Barraza.

El ministro sostuvo que no han recibido antecedentes del Ministerio Público y que "si nos llega haremos llegar todos los antecedentes que correspondan y cumplir la ley como corresponde", agregando que Teillier "nunca ha recibido ningún tipo de beneficios y tampoco ha solicitado algún tipo de beneficios".