Un informe final de la Unidad de Control Externo de la Contraloría sobre auditoría a proyectos financiados con cargo a la Ley N° 20.378 -también conocida como Ley Espejo del Transantiago-, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, instruyó un sumario en el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, ante eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios por el financiamiento de obras por casi $ 9 mil millones de pesos, que no están relacionadas con el mejoramiento del transporte público.
El monto equivale al 58% de los fondos transferidos el 2014 por la Subdere al Gore, dentro del marco de la ley de presupuestos del sector público. Entre las obras financiadas y que no estarían contempladas dentro del artículo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, que define los gastos e inversiones que se podrán realizar con estos recursos, se encuentran los $ 3.394 millones para el financiamiento del Estadio Sausalito de Viña del Mar, además de otros ítems como salud ($2.295 millones), recreación ($984 millones) y obras civiles ($403 millones).
AÚN SIN SUBSANAR
La auditoría y examen de cuentas para verificar la correcta administración y distribución de los recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) al Gore de Valparaíso, resuelve en su dictamen que dicha entidad deberá dar "cabal cumplimiento a lo dispuesto en la normativa, sin perjuicio del sumario administrativo que instruirá la Contraloría Regional, a objeto de determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios".
El dictamen del informe final 459-15, da cuenta que durante la auditoría el Gore de Valparaíso aportó antecedentes, formuló alegaciones e inició algunas acciones para regularizar situaciones planteadas en el preinforme; sin embargo, "éstas no han permitido darlas por subsanadas", según consta.
El examen de cuenta a un universo de $ 14.902 millones tenía además por finalidad "constatar que tales recursos fueran desembolsados de conformidad con las disposiciones que regulan dicha materia, como asimismo acreditar que hayan sido destinados a favorecer el transporte público remunerado de pasajeros, de conformidad a la normativa".
Además, se mantienen observaciones por las cuales se deberán adoptar medidas con el objeto de "dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen".
INTERPRETACIÓN DISTINTA
La asesora jurídica del Gobierno Regional, Katerina Valdebenito, aseveró que el conflicto tiene relación con una "interpretación distinta de la norma", entre la Subdere y Contraloría, respecto a lo que señala el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 20.378, en su letra D, referido a lo que debe entenderse como "otras inversiones", situación que también ha generado sumarios en otros gobiernos regionales del país.
"Esta es una discusión que ha tenido Subdere con Contraloría desde que existe el Fondo Espejo del Transantiago, que originalmente era para transporte, conectividad y otros. Mientras la Subdere consideró que 'otros' era aplicable para financiar cualquier tipo de iniciativa, Contraloría el 2011 emitió un dictamen en el que dice que 'el otro puede ser cualquier cosa, pero siempre relacionado con transporte'".
Añadió que tras una modificación legal al artículo Cuarto Transitorio, se definió que los recursos podrán ser gastados en Transporte, Conectividad y "cualquier otra inversión de desarrollo regional". Dentro de ese concepto, explica Valdebenito, la Subdere y todos los gobiernos regionales han entendido que son para cualquier otro proyecto para el desarrollo de la región".
Sin perjuicio de la apertura de un sumario, el Gobierno Regional apelará a una reconsideración ante la Contraloría Nacional, para zanjar el conflicto de interpretación respecto al destino de los millonarios fondos.
Contraloría constató obras pagadas y no ejecutadas en los proyectos "Construcción Cesfam Papudo", por $ 3.609.608; "Mejoramiento Espacios Públicos Cerro Concepción Etapa IV, Valparaíso", $ 162 millones y la "Ampliación y remodelación del Servicio Médico Legal de Valparaíso", por $ 386 millones, producto de lo cual el Gore deberá "solicitar a las entidades involucradas la ejecución de tales partidas por parte de los respectivos contratistas, o en su defecto, se constate el cobro de las correspondientes cauciones establecidas en los contratos y bases de la licitación o se efectúen los respectivos descuentos de las liquidaciones finales de los contratos".
Alexis Paredes R.