Tras fracasar en su intento por llevar la disputa fronteriza con Venezuela al seno de la OEA, la canciller colombiana, María Angela Holguín, no descartó ayer recurrir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar al país vecino por la deportación de sus connacionales.

"El secretario general ya conoce la situación y Naciones Unidas debe conocer la dimensión de los atropellos que están sufriendo los colombianos y el órgano competente es el Consejo de Derechos Humanos porque es un tema de derechos humanos", dijo Holguín en la radio local Blu.

En los últimos 13 días más de mil colombianos han sido expulsados de Venezuela o deportados y se calcula que otros 10 mil que residían de forma irregular han dejado el país por miedo a represalias. "No se puede sacar a los colombianos de Venezuela por el solo hecho de ser colombianos", sostuvo la canciller.

Sobre el revés sufrido el lunes en la OEA, donde Colombia consiguió 17 de los 18 votos necesarios para que el tema fuera discutido por los cancilleres de los países miembros, la ministra señaló que naciones como Haití votaron en contra porque viven del petróleo venezolano.

El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, rechazó las denuncias de violación de los derechos humanos de los colombianos residentes y los repatriados, y afirmó que Colombia debe indemnizar a Venezuela "por todo lo sucedido" en la frontera común.

"Deberíamos ser indemnizados (por Colombia) por todos los daños que nos han causado: crímenes, contrabando de extracción, infiltración de paramilitares", declaró el ombudsman al canal estatal VTV.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, estatal) reportó que en Venezuela hay 299 niños que tienen ahora a uno o a sus dos padres en Colombia producto de la crisis fronteriza.

El Gobierno venezolano amplió ayer el estado de excepción a otros cuatro municipios fronterizos con Colombia por el estado de Táchira.

El Papa Francisco anunció ayer que durante el próximo Año de la Misericordia permitirá a los sacerdotes absolver a las mujeres que hayan cometido el "pecado del aborto" si ellas se arrepienten con "corazón contrito", alegando que él es muy consciente de que muchas sienten que no tuvieron más remedio que abortar.

Reflejando el tema de la misericordia, uno de los aspectos centrales de su pontificado, Francisco dijo en una carta publicada por el Vaticano que ha conocido a muchas mujeres que llevan "la cicatriz de esta decisión angustiosa" de abortar.

Dijo que no se puede negar el perdón de Dios a quienes se arrepienten y que por eso dio a los sacerdotes la decisión discrecional de absolver ese pecado durante el Año Santo de la Misericordia (o Jubileo), que va desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2016.

Para la Iglesia, el aborto es un pecado tan grave que una católica arrepentida por haberse hecho practicar un aborto no podía simplemente confesarse con su cura párroco. En cambio, el obispo de su diócesis debía designar a un sacerdote especializado en tales confesiones para escuchar la de la mujer o reservarse para sí la decisión de absolver a esas mujeres.

Con esta decisión, el Papa Francisco permitió a las mujeres que eviten esta gestión complicada y se confiesen con cualquier sacerdote católico durante el próximo año santo.

Francisco aseguró que no está minimizando la gravedad del aborto para la Iglesia, que esencialmente considera el aborto como algo equivalente a un asesinato. En lugar de ello, aplicó su liderazgo en el tema de la misericordia a lo que es una elección muy personal, que a menudo angustia a muchas mujeres.

La decisión de Francisco fue mayoritariamente bien recibida en América Latina, pero también surgieron voces críticas que opinaron que es un intento de juzgar decisiones personales.

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, compartió el llamado que hizo Francisco a "perdonar" a las mujeres que se hayan practicado un aborto. "Está muy bien lo que dice el Papa, hay que seguirlo" y se debe aplicar "a todas", sostuvo Ezzati. El párroco de Osorno Peter Kliegel dijo que "es un paso súper importante para darle la oportunidad a personas de levantarse, porque la Iglesia no puede solamente dar a conocer leyes, sino que tiene que tender la mano igual como lo hizo Jesucristo".

Mabel González / Agencias

Los sindicatos aliados del Presidente de Bolivia, Evo Morales, le pidieron ayer reformar la Constitución Política del Estado por medio de un referéndum, para que se postule nuevamente a la Presidencia en 2019 y así buscar un cuarto mandato.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a los sindicatos obreros y organizaciones campesinas, se reunieron con Morales para hacerle conocer colectivamente esa propuesta, de la que ya vienen hablando por sectores desde hace varias semanas.

Tras la reunión, el dirigente petrolero Juan Domingo Vázquez declaró a los medios que pidieron "modificar la Constitución Política del Estado y que se pueda permitir por voluntad del pueblo la repostulación del Presidente Evo Morales a una nueva elección".

La propuesta consiste en modificar la Carta Magna boliviana por medio de un referéndum para que Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, puedan volver a ser candidatos en los comicios de 2019 para el periodo 2020-2025.