Ernesto Curti
Hasta el próximo lunes 14 de septiembre tienen plazo los servicios públicos y municipios para pronunciarse sobre la adenda entregada por la empresa Interchile, con las respuestas a las observaciones formuladas a su proyecto de transmisión eléctrica Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico, más conocido como Megatorres, y que ha generado polémica especialmente en las diez comunas de la Región que atraviesa.
Cabe recordar que aquel día vence la ampliación de 60 días del plazo original establecido por el nivel central del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para que dichos servicios emitan nuevas observaciones, en el ámbito de sus competencias, respecto de las respuestas entregadas por Interchile en su adenda complementaria, en el marco del Estudio de Impacto ambiental del proyecto que atraviesa cuatro regiones del país y 20 comunas.
Noviembre
De acuerdo al cronograma establecido por el SEA, una vez que los servicios se pronuncien, la instancia tendrá poco más de un mes para hacer el análisis final de los antecedentes y establecer si hay conformidad con los aspectos técnicos de la iniciativa. De no mediar inconvenientes, el 4 de noviembre el proyecto de Interchile debe concluir en su tramitación ambiental.
Lo que se solicita a municipios y servicios es responder si los errores, omisiones o inexactitudes del proyecto han sido subsanados respecto de la entrega de la primera adenda, principalmente en cuanto a si el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental, si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales aplicables, y si las medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental se hacen cargo adecuadamente de los efectos, características o circunstancias de lo establecido en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Se les pide, además, que se pronuncien respecto de si consideran que las observaciones presentadas por la comunidad han sido abordadas de manera adecuada por el titular.
Pendiente fallo de la Corte Suprema
La fase decisiva en la que se encuentra el proyecto de Interchile, de poco más de 1.200 millones de dólares, sorprende a la empresa con un fallo pendiente en el máximo tribunal del país, respecto de un recurso de protección interpuesto por la empresa Agrovivo, filial de Carozzi, en su contra por invasión de propiedad. La firma del empresario viñamarino Gonzalo Bofill denunció a Interchile por ingresar sin autorización a su predio de Colliguay para hacer demarcaciones y construir hitos de lo que sería su trazado eléctrico.