Mabel González

La Presidenta Michelle Bachelet anunció ayer, a través de una cadena nacional, el inicio del proceso para una nueva Constitución, asegurando que "ha llegado el momento de cambiarla".

"Hoy estamos dando un paso fundamental para el destino de nuestro país. Estamos dando inicio al proceso que nos permitirá tener una nueva Constitución para Chile", dijo.

La Mandataria justificó esta iniciativa señalando que "la actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia".

Detalló que la iniciativa comenzará en marzo del próximo año a través de educación cívica y diálogos ciudadanos. "Partiremos por las comunas, seguiremos por las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional", sostuvo.

Para garantizar la transparencia del proceso, se designará un Consejo Ciudadano de Observadores que acompañará esta etapa. El resultado de esas discusiones se sintetizarán en el documento "Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución", que serán entregadas a la Jefa de Estado en octubre de 2016.

Tales bases se transformarán en un proyecto de nueva Constitución que será presentado a inicios del segundo semestre de 2017 en el Congreso.

Sin embargo, Bachelet indicó que, debido a que la actual Carta Magna no contempla mecanismos para elaborar un nuevo texto, se requiere dar un "cauce institucional" al proceso. Por ello, a fines de 2016 se enviará al Parlamento un proyecto de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros, establezca los procedimientos que permitan dictar una nueva Carta Fundamental.

"En esta reforma, propondremos al actual Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, de entre cuatro alternativas, el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la nueva Constitución", explicó la Presidenta.

Las alternativas son formar una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; formar una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; convocar a una Asamblea Constituyente, o la convocatoria de un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores opciones.

"La decisión del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, con el nuevo sistema electoral que aprobamos este año, con una nueva ley de partidos y una ley de financiamiento electoral. Es decir, dotado de mayor legitimidad, representatividad y transparencia", manifestó Bachelet.

La decisión deberá ser tomada por una mayoría de tres quintos del Congreso.

La Jefa de Estado subrayó que esta reforma constitucional "es un paso necesario y de la mayor importancia. Ella abrirá, por fin, el camino que nos permita tener una Constitución verdaderamente de todos y para todos".

"Confiamos que la ciudadanía aprobará con fuerza esta propuesta y que todas las fuerzas políticas se abrirán de buena fe a este patriótico consenso", agregó.

Finalmente, el proyecto deberá ser sometido a un plebiscito vinculante, para su ratificación por parte de los ciudadanos.

4 alternativas propuso la Mandataria para la discusión y aprobación de la nueva Constitución.

2017 A inicios del segundo semestre de 2017 se enviará al Congreso el proyecto de una nueva Carta Magna.

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, entregó ayer su último discurso de aniversario a cargo del Ministerio Público, donde destacó la persecución de "delitos de cuello blanco", en alusión a los casos SQM y Penta.

A la ceremonia asistieron diversas autoridades, entre ellas la Presidenta Michelle Bachelet, quien destacó la "consolidación" de la autonomía constitucional de la Fiscalía que en su opinión deja Chahuán como legado.

"A mi juicio, el fiscal nacional ha hecho un gran trabajo. Si pudiera decir en una línea lo que pudiéramos llamar su legado, yo diría que consolidó la autonomía constitucional del Ministerio Público, llevando a la institución a niveles de madurez que son fundamentales para el ejercicio de sus funciones y lo hizo sin renunciar a la necesidad de coordinarse y colaborar con el Ejecutivo", expresó la Mandataria.

Chahuán entregó su última cuenta pública a un mes y medio de dejar el cargo, el que ha ocupado en los últimos ocho años, y en medio del proceso de designación de su sucesor.

En su discurso, el jefe persecutor destacó las prioridades fijadas por la institución en materia de persecución penal en delitos "especialmente sensibles para la comunidad", como el narcotráfico, los delitos sexuales contra niños, la violencia intrafamiliar y los denominados "delitos de cuello blanco".

Estos ilícitos, a su juicio, "requieren de un tratamiento especializado y de una respuesta enérgica por parte del órgano persecutor".

Después de emitir su discurso, Chahuán reconoció que le hubiese gustado tener un avance más significativo en las investigaciones que lidera por los casos Penta, SQM y Corpesca.

"Créame que no me ha gustado concentrar la investigación (...) me hubiera gustado tener un poco más de plazo y haber llegado a instancias más decisivas", aseguró.

El abogado también se refirió al proceso de designación de su sucesor en el cargo y respondió a la Asociación de Fiscales, gremio que cuestionó la existencia de contacto directo entre los candidatos y autoridades involucradas en el nombramiento, como senadores. Al respecto, Chahuán dijo que es "legítimo" ese tipo de acciones para conocer los planteamientos de la quina seleccionada, pero que "sería bueno que ello se formalizara".

El Gobierno y la Nueva Mayoría negaron ayer la existencia de un acuerdo que vincule la votación del nuevo fiscal nacional con la del contralor general en el Senado.

"Quedó claro que no existe ningún tipo de acuerdo que vincule una votación con otra", aseguró la senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, tras reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos.

"Él (Burgos) dice que no ha recibido jamás ninguna propuesta y los senadores hemos negado que haya un tipo de relación entre una y otra", agregó la parlamentaria.

El timonel del PPD, Jaime Quintana, también desestimó un consenso de ese tipo.

"Quiero descartar categóricamente, como miembro del Senado y como presidente de partido, que haya existido alguna conversación en la dirección de negociar fiscal con contralor y eso hoy lo ha ratificado el ministro Burgos", afirmó el senador.

"Ningún partido ha planteado una cosa como esa, son funciones distintas, son procesos distintos y lo importante es que se lleven de manera separa como constitucionalmente está establecido", añadió.

Lo mismo señaló el ministro vocero del Ejecutivo, Marcelo Díaz, quien declaró que en La Moneda "no hay acuerdos previos" por este tema.