ANEF acusa amenazas de autoridades y van a Contraloría
REGIÓN. A un mes de iniciado el paro, trabajadores del Registro Civil dan cuenta de presiones con despidos y descuentos. Gremios impugnan la legalidad del plan de contingencia del Gobierno.
La marcha convocada ayer por la ANEF regional, en apoyo a las demandas de los funcionarios del Registro Civil que cumplieron un mes movilizados en busca de mejoras salariales, estuvo marcada por las fuertes denuncias de "persecución y hostigamiento" por parte de jefes de servicio y seremis en contra de aquellos trabajadores públicos que se sumaron al paro.
Al mismo tiempo, dirigentes de la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) realizaron una impugnación por ilegalidad ante la Contraloría Regional, en contra del plan de contingencia elaborado por el Gobierno para reemplazar a trabajadores del Registro Civil movilizados, producto del cual se designaron a empleados de gobernaciones e intendencias para cubrir sus labores, lo que a su juicio contravendría la normativa vigente.
Los dirigentes, encabezados por la presidenta regional de la ANEF, Mabel Zúñiga, y la secretaria regional de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Sonia Alvarado, fueron recibidos en su despacho por el intendente regional, Gabriel Aldoney, a quien le manifestaron su molestia y preocupación por las supuestas ilegalidades acaecidas durante este conflicto laboral. En el encuentro, la autoridad regional enfatizó que "el Gobierno no ha incurrido en ningún acto ilegal", solicitando a los dirigentes que entreguen en un oficio por escrito las denuncias por maltrato laboral que involucraría a autoridades de la zona.
En el duro cara a cara con el intendente regional, los dirigentes plantearon una serie de inquietudes por la estabilidad laboral de los funcionarios ante las supuestas amenazas recibidas. Zúñiga solicitó a la autoridad que "oficie a los jefes de servicio y seremis para que terminen con las amenazas, en todos los servicios públicos las han recibido. Muchos de nuestros asociados que se plegaron a esta paralización han sido amenazados. Queremos que terminen también con la obligación a trabajadores de Intendencia y Gobernación, que están siendo presionados y ordenados, para reemplazar a los funcionarios del Registro Civil que permanecen en paro", aseveró la dirigenta gremialista, ante lo cual el intendente replicó que "de mi parte no ha existido ninguna orden al respecto".
Aldoney enfatizó que "no soy partidario de que haya amenazas, espero que me oficien las denuncias específicas ya que sobre rumores no puedo actuar. Los que me conocen saben que no actúo con amenazas ni con transgredir los derechos de los trabajadores".
La secretaria regional de los funcionarios del Registro Civil, Sonia Alvarado, fue más allá, recalcando que "estamos siendo amenazados y presionados para que nuestra gente deponga esta movilización a nivel nacional. Llevamos recién solo un día sin turnos éticos y hemos sido presionados por el director regional (Patricio Pérez), quien posiblemente ha recibido instrucciones de la seremi de Justicia. Nuestros funcionarios se sintieron atemorizados para venir a la marcha y tuvimos que hacer una serie de malabares para que la gente no fuera con temor".
Alvarado recalcó que las amenazas de descuentos y despidos se incrementaron tras el anuncio de marcha, las que "supuestamente provienen de la seremi de Justicia a través del director regional del servicio".
Tras el franco diálogo con los trabajadores, el intendente Gabriel Aldoney acotó que si bien "puedo no entender las actitudes que se tienen al respecto", reconoce que "nos incomoda que el Registro Civil, que es un servicio que presta atenciones a miles de personas, se vean afectadas porque no pueden realizar sus trámites o no se pueda cumplir con cosas tan esenciales como obtener un papel de antecedentes".
La autoridad apunta que existe un problema presupuestario que impide dar una respuesta a los requerimientos del servicio, por lo tanto "la solución no es sencilla ni fácil".
En relación a la existencia de casos de amenazas en algunas reparticiones públicas, Aldoney enfatizó que "están muy lejos del criterio que yo tengo respecto a las relaciones que uno debe tener con los trabajadores. Las amenazas no corresponden y, si hay denuncias específicas, las investigaremos, pero no se pueden hacer denuncias al voleo. Tengo que actuar sobre hechos claros y precisos".
Previo a la marcha realizada por el plan de la ciudad, dirigentes de Fenaminsa y ANEF regional concurrieron hasta la Contraloría Regional a objeto de interponer un recurso de ilegalidad por los reemplazos dispuestos por el Gobierno ante la paralización de Registro Civil.
La presentación apunta a que "se ha obligado a los funcionarios de gobernaciones e intendencias a asumir funciones y cargos propios del Registro Civil, sin tener la capacitación y sin estar preparados, recibiendo solamente inducciones que han sido precarias e insuficientes. De esta manera se les ha alejado de sus funciones naturales y que le son propias", afirmó sobre el conflicto María Paz Cueto, dirigenta nacional de Fenaminsa.
A juicio de la asociación, junto con repudiar el uso de "rompehuelgas" para desarticular el movimiento gremial, en estas tareas "han debido asumir responsabilidades que podrían acarrearles consecuencias, como el manejo de fondos públicos derivados de estos trámites para los cuales ellos no están habilitados; se han extendido sus jornadas de trabajo más allá de las ordinarias que tienen las gobernaciones e intendencias, sin que haya ninguna prestación en torno a estas extensiones; la infraestructura, el personal y la tecnología de las gobernaciones e intendencias no es capaz de asumir la expectativa que han generado los planes de contingencia del Gobierno", detalló la funcionaria de la Gobernación de Quillota.
Las críticas apuntan a que el plan de contingencia "ha improvisado con los funcionarios de las gobernaciones e intendencias, cayendo en vulneraciones a los derechos de los trabajadores y en ilegalidades. Han generado figuras jurídicas que son contrarias a la ley, con comisiones de servicio y destinaciones, invistiendo a funcionarios de gobernaciones como oficiales adjuntos del Registro Civil".
La dirigenta enfatizó que "el manejo de una necesidad pública no puede significar que se vulnere la ley y se caiga en ilegalidades. La solución de un conflicto no es vulnerar los derechos de los trabajadores de otros servicios públicos", en consideración a lo señalado en los Art. 37 al 44 de la Ley 19.477 Ley Orgánica del Registro Civil e Identificación.
La acción da cuenta que la designación de funcionarios de intendencias y gobernaciones para cumplir cargos del Registro Civil son ilegales y que las comisiones de servicio no se pueden utilizar para que funcionarios de un servicio asuman cargos de una repartición diferente, apuntando a que "la investidura de oficiales civiles adjuntos nos parece que es una ilegalidad", argumentó Fenaminsa.
En relación a la impugnación de ilegalidad ante la Contraloría por los reemplazos a los funcionarios del Registro Civil, el intendente Aldoney afirmó tener un punto de vista distinto, puesto que, a su juicio, "actuamos en función de lo que nosotros creemos que legalmente corresponde. Si alguien cree que el Gobierno está actuando ilegalmente, existen los mecanismos para resolverlo. Esperemos lo que dice la Contraloría, si tiene un criterio distinto habrá que asumir las consecuencias; si no, quedará claro que ellos no tenían razón. Lo que importa es que las instituciones funcionen y se pronuncien respecto a los actos que el Gobierno y otros organismos del Estado llevan a cabo".
"Yo no acepto que haya amenazas, pero quiero que ustedes hagan ver casos particulares y específicos para poder actuar. Me interesa que responsablemente me lo digan"
Gabriel Aldoney Intendente regional
"Estamos siendo amenazados y presionados para que nuestra gente deponga esta movilización; nuestros funcionarios se sintieron atemorizados para venir a la marcha"
Sonia Alvarado Asociación funcionarios R. Civil
Adhesión al paro alcanza un 90%
La presidenta regional de la ANEF, Mabel Zúñiga, resaltó la adhesión de los servicios públicos a la convocatoria de paro, que superó el 90% en Valparaíso. La dirigenta afirmó que los servicios estratégicos mantuvieron cerradas sus puertas, demostrando cohesión de los gremios del aparato público, pese a lo cual se mantuvieron "turnos éticos" para las atenciones de urgencia. "El paro ha sido contundente en esta región, lo mismo que a nivel nacional. El Gobierno ha ido pegándose balazos en los pies desde el inicio. No cumplen con los acuerdos que suscriben con los trabajadores; de manera prepotente amenazan y se niegan a la conversación y al diálogo y porque amenazan con despido y vulneración de derechos de los funcionarios públicos, lo que ha generado la ira del resto de los empleados fiscales del país", afirmó.
1 mes cumplió ayer la paralización a nivel nacional que realizan funcionarios del Registro Civil, en demanda de mejorar salariales por parte del Gobierno.
400 personas participaron ayer en la marcha convocada por la ANEF regional en apoyo al paro del Registro Civil. Los principales servicios públicos mantuvieron sus puertas cerradas.
3 puestos de atención con funcionarios de la Gobernación Provincial de Valparaíso realizan trámites de cédula de identidad y pasaporte en el cuarto piso de la Intendencia Regional.