Hasta las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación llegaron ayer los representantes de la Red de Sostenedores de Colegios de la Quinta Región (Redco), para hacer entrega de una carta en la que solicitan aclarar 14 puntos de la Ley de Inclusión, principalmente referidos a las implicancias de la transformación en sociedades sin fines de lucro, el arriendo o compra de inmuebles, la transferencia de los bienes muebles o la imposibilidad de expulsar alumnos durante el año escolar, por muy grave que sea la falta que hayan cometido.

A juicio de los sostenedores, la ley contiene "nudos jurídicos y nuestro propósito es manifestarle a la autoridad que estos nudos van a entrampar nuestra gestión y la del Ministerio de Educación, como de la Superintendencia en su rol orientador y fiscalizador con nosotros. Por lo tanto, más allá de generar una dificultad o un problema a nuestro seremi y a nuestras autoridades regionales, nuestro propósito es hacerles ver que con los nudos jurídicos que tiene, ambos, tanto sostenedores como estamentos fiscalizadores, somos víctimas de esta mala ley", afirmó Jaime Molina, director de Redco V Región.

Asimismo, Molina hizo notar que hay una "ausencia de reglamentos, estamos a cuatro meses de que entre en vigencia la ley y los reglamentos aún no aparecen".

En la entrega del documento, los representantes fueron acompañados por delegaciones de las distintas comunidades educativas de sus respectivos establecimientos educacionales y por el concejal de Viña del Mar Jaime Varas (UDI), quien agregó que "cerca de un 40% de los niños de esta región asisten a colegios particulares y hubo toda una campaña comunicacional que demonizó este sistema. Y hoy nos hemos dado cuenta que esta ley y su aplicación va a generar problemas. Es por eso que tenemos una preocupación, principalmente porque a estos colegios asisten los niños de clase media y de los sectores más carenciados, y se van a ver afectados".

En este sentido, el edil agregó que "acá está la comunidad educativa, representada por los propios sostenedores, profesores y personal administrativo. Claramente, como hemos visto, y que ha sido una lamentable señal de este Gobierno, nos encontramos con malas leyes. Es decir, acá, como la reforma tributaria va a tener que modificarse probablemente en el Congreso el próximo año, nosotros creemos que estamos a tiempo, ya sea de postergar la entrada en vigencia de esta ley o, derechamente, su modificación, porque no están las reglas claras y obviamente acá hay todo un trabajo que se realiza, en que ellos tienen que tomar las decisiones con toda la información, y al día de hoy esa información no está".

En este contexto, Molina enfatizó que "estamos de acuerdo en que debe existir una reforma educacional, pero hay que hacerla de buena forma, consensuada, razonable. Hoy en día no estamos en condiciones, la ley por sí sola habla y no está en condiciones de ser aplicable a partir de marzo del 2016; entonces, lo que nosotros solicitamos, es un aplazamiento".