Alexis Paredes R.

Molestia existe al interior del Consejo Regional de Valparaíso luego de enterarse que, pese a que los antecedentes existían en carpeta hace más de un año, recién en septiembre pasado y en forma reservada la Intendencia interpuso una denuncia ante la Fiscalía por el delito de apropiación indebida, producto de la adjudicación de un proyecto por 8 millones de pesos con cargo al 6% de los fondos concursables del FNDR destinados a Deportes, Cultura y Seguridad.

Dicha iniciativa, presentada por un grupo folclórico de La Calera y que fue aprobada en agosto de 2012, no fue debidamente rendida ni ejecutada para los fines requeridos, presentando boletas ideológicamente falsas. La irregularidad fue detectada en septiembre de 2014 por la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional; sin embargo los antecedentes no fueron denunciados en forma oportuna.

La inquietud de los consejeros en ejercicio, que expusieron durante el pleno de ayer, se genera porque dicho proyecto corresponde a una de las aristas que derivó en la formalización del excore y actual diputado por el Distrito 10, Christian Urízar, el 23 de marzo de este año. Vale decir, el Ministerio Público utilizó dichos antecedentes como parte de las pruebas para imputarle cargos por defraudación, que en total superan los $ 80 millones, ilícitos en los cuales tendría una participación en calidad de autor.

Los grave es que la presidenta de esta agrupación, ahora denunciada por el Ejecutivo del Gore, declaró en la investigación que encabeza la Fiscalía en contra del parlamentario, un concejal de La Calera y un asesor, manifestando que la habían contactado para ayudarla en las gestiones para postular un proyecto que le permitiera financiar una actividad y trajes de baile, que tenían un costo de $ 300 mil, desconociendo que posteriormente su proyecto fue aprobado por 8 millones 400 mil pesos.

Tal hecho deja un manto de dudas respecto a si funcionarios del Gore ocultaron intencionalmente en su momento la objetada rendición de cuenta de la dirigenta, sin denunciarlo en forma oportuna. Esta omisión facilitó que dichos antecedentes incompletos fuesen utilizados como medio de prueba para formalizar a Urízar.

"Aquí lo que se ha dado cuenta es que la institución que denunció al excore (Urízar), también incurrió un ilícito al entregar boletas ideológicamente falsas. Dado que es uno de los casos más emblemáticos, donde el diputado Urízar y excore es la situación ícono que se ha presentado en contra del Consejo Regional, nos parece importante que el intendente nos clarifique el alcance de la denuncia que hizo y por qué no se presentó una querella", manifestó ante el pleno el consejero Manuel Millones (UDI).

Millones aludió a una "mayor transparencia en la información que afecta a los fondos concursables, de modo de tener los antecedentes a la vista".

El presidente de la Comisión de Inversiones, Cristián Urrea (PS), fue más allá, resaltando que existe un documento firmado por el jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gore, entidad que tiene a su cargo la misión de fiscalizar la rendición de cuenta de los proyectos adjudicados con fondos públicos, en el cual "se toma conocimiento de esta irregularidad, cometida por una organización de La Calera que se adjudicó un proyecto del 2 %. Según los antecedentes reunidos y lo que he podido tener a la vista, señala que los recursos fueron utilizados para otros fines a los que señalaba el proyecto, lo que es a todas luces irregular".

La entidad rindió una factura por $ 5 millones 700 mil pesos que no detalla claramente las actividades realizadas y no cuenta con nombre de autorización por parte del Servicio de Impuestos Internos, siendo catalogada como ideológicamente falsa, imputación que se realiza en la denuncia efectuada por un abogado de la intendencia regional.

Ante esto, Urrea subrayó que "no puede ser que vengan organizaciones a meternos el dedo en la boca, a decir que se va hacer una cosa y se termina haciendo otra. A presentar antecedentes y facturas falsas y luego los medios terminan diciendo que los cores estamos involucrados en ilícitos o en situaciones irregulares".

Ante esta situación el consejero solicitó que el intendente Aldoney "se querelle frente a esta organización que ha incurrido en un hecho irregular de proporciones. Además porqué en septiembre del año pasado, cuando se toma conocimiento, cuando se envía este oficio a la organización, a más de un año no se ha hecho ninguna acción al respecto".

Por último pidió "un sumario en caso que sea necesario, para determinar las responsabilidades administrativas al interior del Ejecutivo que pudieron haber al respecto".

"Pido un sumario en caso que sea necesario, para determinar las responsabilidades administrativas al interior del Ejecutivo"

Cristián Urrea, Consejero regional