Alexis Paredes R.
Próximo a cumplirse el plazo de cierre de la investigación en el caso de fraude al fisco por el que está formalizado el diputado socialista Christian Urízar -imputado por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos y sobrevaloración de proyectos concursables correspondientes al 6% del FNDR por más de $ 80 millones, recursos públicos que habría utilizado para financiar su campaña al parlamento-, la aparición de nuevos antecedentes por parte de la defensa podría generar nuevas diligencias.
La intendencia regional presentó una demanda por apropiación indebida en contra de la representante legal de la agrupación folclórica de La Calera, Danzas de Mi Tierra, tras comprobar que no había rendido debidamente ni ejecutado el proyecto adjudicado por $8 millones, que data de 2012, en el cual incluso se utilizaron boletas ideológicamente falsas, según consta en la auditoría realizada por la División de Análisis y Control de Gestión del Core.
El hecho generó molestia y levantó una serie de suspicacias al interior del Consejo Regional, ya que se estableció que los equipos fiscalizadores de la intendencia habían detectado, en septiembre de 2014, que dicho proyecto estaba sin rendir ni se ejecutó para los fines requeridos, pero los antecedentes se habrían omitido y no se derivaron a la justicia.
El cuestionado proyecto es una de las aristas que derivó en la formalización del parlamentario, en marzo de este año, cuando la presidenta de la agrupación declaró en contra de Urízar, un concejal y un asesor, quienes la habrían contactado para agilizar las gestiones para postular la iniciativa a fondos concursables, que le permitirían financiar una actividad y trajes de baile por $300 mil, desconociendo que posteriormente su proyecto fue aprobado por 8 millones de pesos.
Producto de ello, el diputado PS ha acusado públicamente "poca prolijidad de la Fiscalía", fundamentando que la investigación en su contra se ha basado "en un grupo de testigos que tenían un proceso de rendición pendiente". Más aún cuando el intendente Gabriel Aldoney instruyó un sumario administrativo al interior del Gore, puesto que los antecedentes del citado proyecto, que presentaba una serie de irregularidades en la rendición de cuentas, no fueron derivados al Ministerio Público.
Próximo al cierreAnte estos cuestionamientos el fiscal regional, Pablo Gómez, confirmó que la investigación está judicializada desde el mes de marzo y que "el plazo que se nos otorgó está próximo a vencer, por lo que este mes la investigación podría cerrarse. Salvo que la defensa, de acuerdo a los antecedentes que ha levantado últimamente, pidiese una ampliación de ese plazo".
Gómez afirmó que, ante los últimos datos surgidos, "como Ministerio Público estamos llanos a recibirlos por parte de la defensa. Tenemos que indagar todos los antecedentes que nos sean presentados".
El persecutor resaltó que lo último que se ha hecho es cuestionar la validez de las imputaciones en contra del diputado Urízar en relación con solo uno de los proyectos por los cuales fue formalizado el parlamentario. "Nosotros no creemos que lo que se ha sostenido desvirtúe las imputaciones que se le han hecho al diputado Urízar y, conforme a ese criterio, nosotros vamos a actuar en lo sucesivo".
Consultado si los cuestionamientos a uno de los proyectos que implican a Urízar pondría en riesgo la investigación por fraude al fisco que sostiene la Fiscalía, Gómez precisó que "la intendencia ha presentado una denuncia respecto de uno de los denunciantes del diputado Urízar, pero eso no le resta credibilidad ni trascendencia a un conjunto de antecedentes sobre los cuales nosotros hemos desarrollado la investigación. De manera tal que, tras el cierre de la investigación, nosotros tomemos alguna decisión de aquellas que nos faculta la ley. Este será uno de los temas de fondo que deberá plantear la defensa, en el caso que acusemos, ante el Tribunal Oral en lo Penal".
Imputación se sostiene
Contrario a lo expresado por propio diputado Urízar, en relación a que la Fiscalía habría basado su formalización en la denuncia realizada por la representante de una organización que ahora aparece cuestionada por la intendencia a través de una denuncia por apropiación indebida, el fiscal Pablo Gómez argumenta que "tenemos un conjunto de antecedentes que nos permiten sostener la imputación. No olvidemos que, por ser diputado, el señor Urízar tiene fuero, por lo tanto si decidimos formular una acusación en su contra, no opera como cualquier chileno, sino que los antecedentes deben ser expuestos ante el pleno de la Corte de Apelaciones. Serán esos ministros de la corte los que harán el análisis final para decidir si se desafuera o no a ese diputado. Será la corte la que tendrá que hace este primer análisis, tanto el antecedente que pretende aportar el señor intendente como el resto de la prueba que tiene el Ministerio Público".
Nueva querella
Otro de los que alzó la voz ante la nueva estrategia de la defensa de Urízar, fue el presidente de la asociación Ojos Ciudadanos, el renunciado PS y exgobernador de Petorca, Julio Trigo.
La entidad fue una de las primeras en denunciar las irregularidades cometidas en la aprobación de los proyectos con cargo al 6% del FNDR para Cultura, Deportes y Seguridad, así como en el desvío de fondos para financiar campañas políticas.
Trigo afirmó que la representante del grupo Danzas de Mi Tierra no se ha desdicho de la forma en que obtuvo el proyecto, tal como se dio a conocer en la formalización de marzo pasado, que fue a través del core de la época, Christian Urízar, y del concejal de La Calera, Lautaro Correa.
Por ello estudian interponer una querella en contra de quienes resulten responsables en el caso fraude, al existir una serie de antecedentes que mantienen en su poder.
"La denuncia que interpuso la intendencia lo único que hace mediáticamente es enredar la situación y blanquear la imagen de Urízar, porque no se ha ido al fondo de cómo él influía en organizaciones sociales pobres para poder meter sus proyectos y sacar una tajada. Nadie ha dicho nada de eso", afirmó Trigo.
Nuevos antecedentes a causa por fraude
Traspasos de dineros, fotografías y declaraciones de testigos serían los nuevos antecedentes que se aportarían a la causa por fraude al fisco y que se pretenden incorporar a través de una querella para adjuntarlos al proceso. Toda la información recopilada apunta al uso de recursos provenientes de los proyectos adjudicados con el 6 % del FNDR, para el financiamiento irregular de campañas políticas en la región. "Aquí los políticos actuaban cortándole la cola a los proyectos", afirmó una fuente.