ME-O rehusa entregar detalles sobre sus ingresos a la Fiscalía
SQM. En su declaración, el líder del PRO se acogió al derecho a guardar silencio.
Pese a que a su salida de la Fiscalía Nacional el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, señaló que había renunciado a su derecho a guardar silencio durante su declaración como imputado por el caso SQM, ayer se conocieron detalles del interrogatorio. Entre ellos, que a la mitad de la diligencia hizo uso de ese derecho.
"He renunciado a mi derecho a guardar silencio. Le he planteado a la Fiscalía que mi declaración sea pública. A su vez, he aportado un conjunto de documentos que creo importantes para la investigación. Confirmo y reafirmo que he actuado de acuerdo a la ley, de manera legal", fueron sus palabras a la salida del Ministerio Público, donde fue interrogado por los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.
El líder del PRO comenzó con una "exposición" respecto a lo que su abogado, Ciro Colombara "consideraba importante aportar a la investigación", según publicó ayer La Segunda.
Sin embargo, su actitud cambió una vez que los persecutores le preguntaron "cómo se gana la vida". Ahí fue cuando el interrogatorio alcanzó su punto de mayor "tensión", según señaló el medio mencionado. Fue en ese momento que el excandidato a La Moneda decidió acogerse al derecho a guardar silencio.
Luego ME-O tampoco quiso responder cuando se le consultó por los medios de pago a través de los que recibe dinero, negándose a decir si eran en efectivo o mediante depósitos. Asimismo, rechazó detallar en cuántas sociedades participa.
En ese momento, según el vespertino, Colombara manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se desarrollaba, a lo que los fiscales respondiendo que la dirección del interrogatorio lo definen ellos y no los testigos. Ahí fue cuando ME-O pidió un receso, tras el cual dejó de responder las consultas de los persecutores.
Enríquez-Ominami se presentó a declarar el lunes 54 días después de haber sido citado a atestiguar como imputado. El ex diputado está siendo investigado por los $362 millones que SQM Salar pagó entre 2011 y 2013 a la empresa de su ex mano derecha, Cristián Warner, por lo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en septiembre pasado. Hasta la fiscalía llegó acompañado por adherentes que portaban banderas del PRO.