Los sentidos del título de esta columna pueden ser incluso opuestos, porque el año 2015 -se puede entender- fue muy negativo o porque será un hito en el proceso de cambios que estamos viviendo. Luego, debo advertir que, paradojalmente, unos mismos hechos pueden servir como fundamento para hablar en uno u otro sentido, según sea la interpretación que hagamos de ellos.

Para demostrar el efecto anterior en el propio lector, a continuación hago una simple enumeración. Recuerdo los casos Penta, Caval, Soquimich o colusión del papel Confort, que perdimos en La Haya, que es el año en que se recuperó o inició la gratuidad en la educación superior, se aprobó la ley que permite votar a los chilenos en el extranjero, se aprobó el Acuerdo de Unión Civil, se puso fin al Sistema Binominal, entre otros cambios. El ejercicio intelectual es que uno mismo se reconozca en una de las opciones, según el sentido positivo o negativo que le da a cada hecho. En tal caso, el juego podría funcionar como un test fácil para saber si uno está o no conforme con lo que hay y lo que ocurrió en este año.

Pero existe también otra opción: decir que por todos esos hechos conjuntamente considerados se trata de un año histórico en sentido positivo. Que se haya descubierto tanta corrupción política o empresarial no es negativo, la gratuidad o las leyes electorales que permitirán avanzar en participación democrática o que disminuyen las represiones a otras orientaciones sexuales, son todas partes de un proceso de modernización que le hará bien a las personas y al país. En todo caso, un observador interesado en cómo se viven en Chile estos hechos podría advertir percepciones muy distintas. Para unos, los más dramáticos, se acerca el fin de la estabilidad económica e institucional, otros -bien cercanos a los anteriores- ven, además, un deterioro moral y una amenaza populista que nos llevará a una crisis irreversible. Luego, están quienes creen -con optimismo o frivolidad- que con tales cambios resolverán nuestros problemas sustantivos. Desde otra experiencia subjetiva están los discursos escépticos que consideran -por distintas motivaciones- que todo debe seguir igual porque las utopías no tienen sentido o los gobernantes y sus reformas ideológicas no tienen las luces suficientes, o porque somos un país mediocre por origen y destino. Desde estos perfiles de subjetividad colectiva se interpretará el año que termina y, seguramente, se oirá más aquellos que resulten funcionales a opacar los signos que se pueden ver en favor de otra transición, ahora social y cultural.

Pero también es probable que la sociedad chilena mayoritariamente tenga un registro distinto a los anteriores. Tal vez su percepción no es dramática, ni optimista. Que más bien tenga cierto escepticismo en el ánimo, pero que ello no le impida estar más bien expectante ante nuevas voces y testimonios por mayores niveles de igualdad, transparencia y democracia, aunque sin el sentido épico que en otras décadas se habría esperado. Esta conjetura sobre 2015 solo pretende hacernos reflexionar y poner mesura a los entusiasmos o crispaciones que provoca la contingencia.

Aldo Valle

Rector Universidad de Valparaíso, vicepresidente ejecutivo del Cruch

Durante la semana se produjo una polémica en relación con un estudio de la Fundación Futuro de Valparaíso, que reveló graves falencias en el plan de reconstrucción del megaincendio ocurrido el 12 de abril de 2014. Entre otras conclusiones, el informe constató que un 62% de las viviendas fueron levantadas en zonas de riesgo de inundaciones y pendientes, que el 53% de los hogares reconstruidos corresponden a mediaguas, que durante el año 2015 se gastó un 48% del presupuesto que debió utilizarse (según la Municipalidad de Valparaíso el gasto apenas alcanzó a un 4%), para finalizar advirtiendo que no existía cohesión de los estamentos a cargo de los proyectos y que "al no haber una mano firme que lleve esto, la gente tomó las riendas y decidieron volver a donde estaban antes". Conviene recordar que el gobierno, de acuerdo a sus propias estimaciones, decidió destinar más de US$ 500 millones en un plan que debería abarcar el período 2014-2021.

Este tipo de reportes, cuyo objetivo es promover, proponer, diseñar y fiscalizar la ejecución de políticas públicas, es sumamente valioso para evaluar los resultados de un plan que, mirado simplemente en su provisión de costos, resulta del todo desproporcionado. En efecto, para la reconstrucción producto del terremoto del 27 de febrero de 2010, la inversión en nuestra región alcanzó a bastante menos de la mitad de la suma considerada por el gobierno de la Nueva Mayoría, alrededor de US$ 180 millones, a pesar de que las viviendas dañadas y que requirieron de inversión pública fue 4 veces mayor a las siniestradas en el megaincendio. A lo anterior, deben agregarse los hospitales y centros de atención primaria afectados, 17 en total, 242 establecimientos educacionales con daños y 201 obras de infraestructura que debió reparar el Ministerio de Obras Públicas.

Cuando examinamos los resultados de las grandes "reformas transformadoras" impulsadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet al acercarnos a su segundo año de mandato, el balance no es satisfactorio: la tributaria, con apenas un 24 % de respaldo y un nuevo proyecto de ley para reformar a la reforma original; la laboral, con un 31 % de aprobación y cuestionada por empresarios, trabajadores e incluso dentro del propio oficialismo; y la educacional, con un 37 % de apoyo, concentrándose en eliminar la particular subvencionada y en la gratuidad de la educación superior, en circunstancias que el sentido común apunta a fortalecer la formación inicial en la sala cuna, la enseñanza prebásica y básica. (Datos Cadem- diciembre 2015)

Las conclusiones del informe de la Fundación Futuro de Valparaíso respecto del plan de reconstrucción del magaincendio son plenamente aplicables a las políticas públicas que se ha empeñado en sacar adelante el gobierno de Michelle Bachelet: ellas han privilegiado la ideología sobre los consensos, indispensables en cualquier sociedad democrática, con una conducción que se basa más bien en arrebatos en lugar de la búsqueda de razones fundadas.

Raúl Celis Montt

Coordinador regional de la Fundación Avanza Chile

El 16 de agosto de 1906 un pavoroso terremoto, seguido de un masivo incendio, destruyó gran parte de Valparaíso, causando miles de muertos. En lo inmediato, la autoridad local reaccionó asegurando abastecimiento, atención de heridos y seguridad, aplicando severas penas, incluso fusilamientos. En días posteriores llegarían a la ciudad, en penoso viaje, el Presidente de la República Germán Riesco, próximo a terminar su mandato, y Pedro Montt, que lo sucedería.

Más allá del drama las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, vieron en la tragedia una oportunidad y actuaron con celeridad: el 6 de diciembre de 1906 se promulgaba la Ley 1.887 asignando fondos para la reconstrucción y, el 17 de enero de 1907, se aprobaban los planos correspondientes. No solo se trataba de reconstruir edificios. Se pensaba con visión urbana de futuro. Así, con expropiaciones, surgían nuevas vías en la zona siniestrada, como la avenida Colón, de amplitud desconocida en esos tiempos en que los tranvías eléctricos eran una novedad y los automóviles una curiosidad. La ley disponía, además, construir cauces y obras para precaver las inundaciones.

Así, hace más de un siglo, el drama, se convirtió en una oportunidad para la intervención urbana quizás más importante de la historia de la ciudad. Contrasta esta reacción con la registrada tras el grave siniestro que azotó en abril de 2014 a los cerros de la ciudad. Se podrá decir que la pérdida de vidas fue infinitamente menor. Cierto, pero la destrucción fue considerable y en el impacto humano se mantiene en el tiempo.

Se han destinado US$ 500 millones para la reconstrucción en el periodo 2014-2021. Sin embargo, el trabajo ha recibido severas críticas, como las surgidas desde el Observatorio de Valparaíso. Expresa esa entidad que "se han repetido los mismos errores que por años han caracterizado la ocupación de las partes altas" y acusa "falta de previsión". El representante del Observatorio, Iván Poduje, critica el trabajo del "Delegado Presidencial", Andrés Silva, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet y expresa que para esa tarea se requiere "una institución con potestad y liderazgo para tomar decisiones, aunque sean impopulares". De hecho, tras el terremoto de 1906 se constituyó una "Junta de Reconstrucción". Las críticas del Observatorio han sido descalificadas por Silva, asignándoles un "sesgo político". Por su lado el intendente Gabriel Aldoney, lamentando ese supuesto uso político, reconoce dificultades para enfrentar el proceso de reconstrucción.

El hecho es que a 18 meses de la tragedia, hay problemas y se echa de menos no haber aprovechado los recursos mencionados en una verdadera intervención, de alcances urbanísticos y sociales, tal ocurrió tras el terremoto de 1906.