@gpundurraga

@RuizFernandezD

El domingo pasado se adelantaron los resultados de un estudio desarrollado por el Observatorio de Valparaíso, respecto del proceso de reconstrucción generado a partir del catastrófico incendio de abril de 2014. Más allá del detalle de las cifras expuestas, el estudio en cuestión (sustentado en un exhaustivo catastro y fotografías aéreas), permite extraer conclusiones simples y concluyentes; se vuelven a configurar en buena parte del área siniestrada, las condiciones urbanas y ambientales que permitieron este desastre social, no existiendo señales de avances contundentes en los proyectos ideados para revertirlo.

Hoy, todo parece indicar que la reconstrucción se ha quedado empantanada en la fase de emergencia, atomizándose en subsidios buena parte de los recursos, sin lograr impulsar aún proyectos de reconversión urbana que impacten positivamente a los barrios afectados y por sobre todo en la regeneración de un tejido social tremendamente dañado. Frente a esta situación, la pregunta es simple ¿Cómo es posible que, a un año y ocho meses de la tragedia, la respuesta -constatable con este estudio o simplemente recorriendo el área- sea tan débil pese al enorme esfuerzo del Gobierno Regional, el Municipio y todos los actores involucrados?

Las respuestas son varias, pero a nuestro entender existen tres que permiten que esto ocurra, más allá de las voluntades, el esfuerzo y el compromiso asumido por todos los involucrados. Por un lado, la institucionalidad urbana del país no facilita la labor de reconstrucción. Los Planes Maestros y las ideas desde la academia, que permitirían ordenar la respuesta en estas situaciones, no son administrativamente vinculantes, quedando la mayoría de ellas relegadas al cajón de las buenas ideas. Tenemos un Estado de acción reducido a políticas subsidiarias, instrumentos de regulación y proyectos sectoriales. Esto se conjuga con el enfoque reduccionista de Hacienda respecto al financiamiento de proyectos urbanos. A esto hay que sumar la fragmentación de la administración territorial.

Por otro lado, está el temor que la clase política siente frente al empoderamiento ciudadano, lo cual lleva a evitar decisiones incómodas. La reconstrucción debía internalizar un concepto clave, cual es la "relocalización con arraigo". Dicho concepto significa relocalizar familias ubicadas en áreas de riesgo o donde existiese la necesidad de construir infraestructura o espacio público, evitando a la vez, la expulsión de sus barrios. Para llevar a cabo esto, se requiere generar operaciones de diseño urbano que implican expropiaciones y reajuste de suelos para la reagrupación de viviendas, lo cual en definitiva implica tocar la propiedad privada. Estas acciones implican asumir decisiones incomodas, que requieren el involucramiento del sector público y privado, desde la participación estratégica de las comunidades involucradas.

Por último, está la decisión de concentrar el liderazgo de la reconstrucción en la figura del Delegado Presidencial. Más allá de la persona nombrada, dicha figura carece de atribuciones y facultades reales para implementar un Plan de Reconstrucción. Si bien tiene por objeto la coordinación del sector público, la experiencia internacional demuestra que los procesos de planificación (por más participativos que sean) deben implementarse a través de la institucionalidad, ya que son procesos que comprometen inversiones relevantes y que obligan a intervenir la propiedad privada. De otra forma es imposible la recuperación ambiental, la construcción de nuevos espacios públicos y las soluciones de transporte y movilidad, que eran las ideas fuerza en las cuales debió basarse la reconstrucción y en las cuales coincidieron varios actores. Por el contrario, la reconstrucción se ha basado en la entrega de bonos y subsidios.

Frente a la radicación de las familias en las quebradas declaradas "Zonas de Riesgo" se ha argumentado que la mitigación del riesgo existe dada la regularización que cada vivienda hizo en la Dirección de Obras Municipales (DOM), cumpliendo con el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esta idea equivale a responsabilizar a cada propietario de la remediación ambiental de toda una quebrada. Por el contrario, el levantamiento del riesgo por cada lote, no implica la eliminación del riesgo total de una quebrada, menos cuando un muro de contención tiene nulo efecto frente a un incendio. La eliminación del riesgo no depende entonces de acciones individuales, sino de políticas urbanas, orientadas a la infraestructura pública y a la remediación ambiental.

El informe del Observatorio Valparaíso tiene evidencia concreta y llega en un momento oportuno. Corresponde considerarlo en su dimensión objetiva y corregir el rumbo y no levantar una polvareda que busca castigar al mensajero, al modo de la época medieval. Lo que se requiere es un trabajo conjunto que permita la salida y el cambio legal que requieren las instituciones para poder actuar de manera integrada. Es importante entender que los buenos ánimos y la construcción de confianzas son la clave para la generación de una política audaz, que permita crear la musculatura institucional que se requiere. En las ciudades, la realidad no se puede esconder ni puede ser edulcorada, ya que por su naturaleza, la ciudad es el lugar donde las malas políticas públicas muestran sus ripios y quiebres, pagando siempre las consecuencias los más vulnerables.

*Integrantes Corporación Metropolítica

Gonzalo Undurraga

Marcelo Ruiz