En fecha reciente, dos diputados presentaron en su Cámara el siguiente proyecto de ley: "Art. 1º.- Declárase insanablemente nula la Ley 20.657" (Ley de Pesca).

Lo primero que llama la atención es que un proyecto de ley tan ajeno a nuestra práctica legislativa haya sido admitido a tramitación en la Honorable Cámara de Diputados.

Sin embargo, la cuestión por resolver es otra: ¿Puede el Legislativo anular una ley aprobada válidamente y en plena vigencia?

Un acto es nulo cuando resulta "falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo" (R. Acad.).

El Poder Legislativo puede aprobar una ley, suspender o prorrogar su vigencia, modificarla, sustituirla o derogarla, pero carece de la facultad de anularla.

Para anular una ley u otro acto de derecho público se requiere: a) Competencia del órgano llamado a declararla; b) Causa suficiente y acreditada; y c) Clara acotación de sus efectos, que pueden ser peores que el vicio que se intenta subsanar.

El legislador tiene limitada su potestad legislativa en el Art. 63 de la Constitución, que comienza diciendo: "Sólo son materias de ley..." y en ninguno de sus 20 numerales figura la anulación de una ley.

La nulidad, en cambio, es materia jurisdiccional y requiere de un tribunal competente para declararla. En Chile ni siquiera el Excelentísimo Tribunal Constitucional, cuando resuelve nada menos que la inconstitucionalidad de un precepto legal por ser contrario a la Constitución, puede declararlo nulo, ya que la propia Carta Fundamental dispone en su Art. 94 que "se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo".

Esta última frase denota la diferencia esencial entre la nulidad y la derogación. Mientras la primera priva de efectos a todos los actos celebrados bajo su imperio desde la dictación del acto anulado (efecto retroactivo), la segunda sólo produce efectos desde la publicación de la sentencia que acogió la acción de inconstitucionalidad (o desde la notificación de la respectiva sentencia, en su caso), manteniéndose la validez de los actos celebrados mientras el precepto derogado estuvo vigente.

Cualquiera puede imaginar las funestas consecuencias que podría traer la insólita declaración de nulidad de la Ley de Pesca, la que arrastraría la invalidación de todas las concesiones, contratos y convenios internacionales celebrados durante su vigencia.

El proyecto de ley del que nos venimos ocupando pretende que el legislador declare "insanablemente nula la Ley 20.657". Con lo dicho hasta aquí, nos parece que la referida pretensión debiera calificarse como insanablemente insana.

Lautaro Ríos Álvarez

Profesor Emérito de la Universidad de Valparaíso

El sinceramiento definitivo de una buena parte de los candidatos para las próximas elecciones municipales del 23 de octubre ha comenzado a establecer el panorama de dos de las comunas más importantes de la Región: Viña del Mar y Valparaíso.

En esta primera ciudad, la eterna imbatibilidad de Virginia Reginato -quien optará a un cuarto período- ya tiene un desafiante macizo y con ideas concretas, como el exdelegado presidencial para la reconstrucción de Valparaíso, Andrés Silva (PS), quien precisamente en la edición de Reportajes de hoy establece su declaración de principios y su hoja de ruta para una comuna marcada por una administración exitosa, pero a la cual indiscutiblemente ya comienzan a vérsele las grietas.

Silva, quien debiera enfrentar en una eventual primaria a un candidato menor, como René Lues o Javier Gómez, también comienza a deslizar su nombre entre varios empresarios y líderes de opinión de la Ciudad Jardín, muchos de ellos a disgusto con la última parte de la gestión de Reginato, horadada por la no tan inocente columna "¿Viña, Ciudad Bella?", escrita por el hoy que más que nunca influyente académico, Agustín Squella.

La carrera por la alcaldía de Valparaíso, por su parte, se vio salpimentada por la ajustada decisión del Consejo Nacional DC (13 a 12) de dirimir su candidato a la municipalidad por intermedio de una encuesta vinculante que definirá entre el gobernador porteño Omar Jara y el concejal Marcelo Barraza.

La misma conlleva ventajas e inconvenientes: primero, y dado el derrotismo con el cual el concejal tomó la resolución falangista, se subentiende que buena parte del partido optó por evitar el clientelismo pintista propio de una primaria y dar un golpe de efecto para desarmar el tinglado municipal que aún sostiene -con favores y sueldos- a muchos huérfanos de administraciones pasadas.

El inconveniente, en tanto, guarda referencia con lograr que una entidad seria -una empresa reconocida o alguna universidad- se haga cargo de la elaboración e implementación de la encuesta, la cual debe arrojar un candidato DC sin complejos, escándalos ni fisuras.

Ello, para que luego el triunfador enfrente hipotéticamente al abanderado del PPD, Leopoldo Méndez (alias DJ), en las primarias oficialistas (habría que agregar al PS Aravena y a un hombre del Pacto La Matriz), antes de llegar a la pelea de fondo con el actual jefe municipal, Jorge Castro.

En los últimos años, la economía de China se ha convertido en un verdadero puntal de la economía mundial, por su capacidad consumidora. Como quiera que la economía de China no ha marchado bien durante los dos o tres años pasados, la economía mundial ha dejado de funcionar, de manera que varios países han caído en recesión por esa causa, cuando no por otra, como ser el gobierno que los rige, Venezuela o Cuba.

El fenómeno no ha afectado solo a los países llamados "mono-productores", como es el caso de los petroleros, sino también a aquellos con economías que desde hace unos cuarenta años fueron reformadas y puestas sobre bases correctas, pese a tener buenos ingresos provenientes de un único producto, como es el caso de Chile con el cobre (que a un Presidente que es mejor no recordar se le ocurrió estatizar), en donde, aunque el gobierno que ahora lo dirige insista en sus desvaríos, todavía resiste medianamente la crisis. Los aludidos desvaríos arruinarán al Estado, pero no necesariamente a la sociedad (aunque haya riesgo de lo contrario).

El resultado es, pues, un miedo difundido sobre lo que pasa en China. Pero el fenómeno solo demuestra la ignorancia y ceguera de los economistas políticos, porque bastaba un poco de visión para darse cuenta de que la economía mundial en cuanto dependiente de China tenía que entrar en crisis.

En China, su enorme sociedad está regida por un gobierno comunista y totalitario, que adoptó una fórmula para el crecimiento y el desarrollo consistente en la adopción del capitalismo al estilo del siglo XIX. Este sistema económico funciona artificialmente bajo la custodia del estado dictatorial, porque el Partido Comunista impide toda manifestación que lo entrabe: pese a que se imponen sueldos de supervivencia apenas (en China hay un sistema semi-esclavista, que hace que todo sea más barato) y los trabajadores no están protegidos, no hay posibilidad de huelgas o protestas, pues el gobierno no las tolera; como no hay libertad de expresión, nadie puede criticar a ese gobierno; el cual gasta sumas inimaginables en proyectos inútiles y se endeuda hasta niveles que ninguna economía puede soportar, todo eso sin contar con la expandida corrupción en el aparato público que hace más costoso el funcionamiento económico. Pero el gobierno totalitario oculta el verdadero estado de la economía de su país y miente con impasibilidad oriental acerca de él, para crear una falsa confianza sobre todo en el extranjero.

Así las cosas, para cualquier observador desprejuiciado hubiera sido evidente que China estaba condenada a la crisis, en último término derivada de la incompatibilidad entre su sistema político y el económico.

Alejandro Guzmán Brito

Catedrático de universidad, abogado