El Tribunal Ambiental de Santiago autorizó ayer a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para decretar la clausura temporal parcial de las instalaciones del relleno sanitario Santa Marta, ubicado en Talagante.

La resolución, que fue redactada por el ministro Sebastián Valdés, afirma que "es claro que se mantiene en la actualidad un escenario de riesgo o daño inminente al medio ambiente y a la salud de las personas de la Región Metropolitana, en particular, a la población aledaña al relleno sanitario, el que debe necesariamente prevenirse a través de la medida solicitada".

La sentencia añade que el recinto sanitario solo podrá operar y disponer dentro del área identificada como "zona de seguridad", mientras que los residuos que no podrá recibir serán enviados a los rellenos Loma Los Colorados, Santiago Poniente y Cerro La Leona.

La medida se da luego que el martes la Subsecretaría de Medio Ambiente formulara cargos en contra de la empresa y solicitara al Tribunal Ambiental la autorización para aplicarla de manera provisional.

El informe del organismo reveló que el relleno sanitario estaba incurriendo en al menos 12 infracciones a la ley.

Por ejemplo, se menciona que en 2015 el recinto había sobrepasado en más de 100 mil toneladas de basura el límite autorizado, mientras que en 2014 lo hizo en más de 38 mil. Sin embargo, la autorización, se concederá por el término de 30 días corridos, contados desde la notificación de la SMA a la empresa.

El ministro (S) de Relaciones Exteriores ), Edgardo Riveros, afirmó ayer que la Cancillería "está ejerciendo sus facultades y cumpliendo obligaciones" en el caso de Galvarino Apablaza, en el que hay un requerimiento de extradición emanado de la Corte Suprema.

El canciller (S) recalcó que el tema no está zanjado. "En definitiva, los que tienen que resolver esta situación es la estructura jurídica que Argentina posee y la actitud del Gobierno tiene que tener un fundamento en cuanto a lo que quiere", concluyó.

El subrogante de Heraldo Muñoz afirmó que lo que corresponde es "hacer gestiones a nivel diplomático para que esa resolución pueda ser acogida en las instancias argentinas".

Eso sí, Riveros argumentó que la acción no tiene presunción de culpabilidad.

"Es para que una persona que aparece vinculada a los hechos pueda hacer sus descargos y que los tribunales puedan determinar cuáles son los argumentos que tienen para determinar una responsabilidad", comentó a radio ADN.

Luego de que la Corte Suprema levantara un requerimiento de extradición desde Argentina contra Galvarino Apablaza, acusado por el crimen del senador de la UDI Jaime Guzmán, en el Gobierno distintas voces se han enfrentado por la posibilidad de extraditar al ex dirigente del FPMR.

El abogado del Partido Comunista y ex embajador en Uruguay, Eduardo Contreras, dijo a Tele13 Radio que Apablaza "no está sindicado por la justicia chilena, sino que por una patota de personas" (refiriéndose a la UDI).

El juez argentino Ernesto Marinelli habilitó a Chile a apelar la condición de refugiado político que Galvarino Apablaza tiene en Argentina, confirmaron ayer a EFE fuentes judiciales.

Marinelli consideró que Chile "tiene legitimación suficiente para promover este juicio con el objeto de que se controle su legalidad", según el fallo publicado por el portal Infobae. Apablaza recibió en 2010, durante el Gobierno de Cristina Fernández, refugio político en Argentina, lo que bloqueó una posible extradición.

Mauricio Mondaca

El ministro del Interior, Jorge Burgos, se desmarcó de la postura de La Moneda en la polémica por la ausencia de tasaciones fiscales y comerciales de cuatro inmuebles por parte del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, en su declaración de patrimonio e intereses.

Si bien defendió que la omisión de Riquelme "no es contrario a la ley", el jefe de gabinete recalcó que prefiere que los funcionarios públicos entreguen toda su información.

"Yo prefiero que la declaración de patrimonio e intereses sea lo más amplia posible, que haya una apertura total (…) yo prefiero eso (...) Creo que es mejor que los funcionarios públicos hagan su declaración de patrimonio e intereses con apertura total", dijo el titular del Interior.

Riquelme se acogió a la Ley 19.628, mediante la cual se pueden considerar ciertos datos como "personales no públicos".

El vocero (S) de Gobierno, Osvaldo Soto, afirmó previamente que la declaración de patrimonio del director administrativo de La Moneda cumple lo establecido por la ley.

"En lo que se refiere al cumplimiento de la obligación legal, que se establece sobre las declaraciones de patrimonio, está debidamente cumplido, así está acreditado en Contraloría y en la Secretaría General de la Presidencia", sostuvo el vocero.

"A nosotros nos corresponde el total y legítimo apego a las normas que se establecen sobre estos temas y eso se ha cumplido", agregó el reemplazante de Marcelo Díaz en la Secretaría General de Gobierno.

El vocero (S) de La Moneda añadió que "yo llamaría a que no vayamos azuzando un clima de desconfianza generalizado. Creo que existen ciertas normas en un estado de derecho como en el que estamos, donde no solamente se cautela a la sociedad toda, sino que también los derechos de los individuos".

El diputado Gabriel Silber (DC) dijo al respecto que "obviamente una persona cuestionada como Cristián Riquelme con mayor razón debiera hacer actos de transparencia en este sentido, pensando en la opinión pública y en quienes cuestionan su permanencia".

El presidente del MAS, senador Alejandro Navarro, sostuvo que "esto va a constituir la gota que rebalse el vaso, porque al final hay un cuestionamiento que tiene como una arista eventual los temas patrimoniales".