Chile es, tradicionalmente, un país minero, y casi un quinto de su producto interno bruto procede de esa actividad extractiva. Lo anterior supone altas inversiones en permanente desarrollo, de acuerdo a las circunstancias económicas nacionales e internacionales.

La principal empresa minera nacional es la estatal Codelo, que explota el cobre en diversos puntos del país, uno de ellos en la provincia de Los Andes, Quinta Región, donde opera la División Andina.

Y es allí donde se ha centrado en las últimas horas la atención nacional, pues se ha producido un derrame de concentrado de cobre generando peligrosas situaciones de contaminación, amenazando a la población y a la importante actividad agrícola del valle del Aconcagua. Hasta ahora no se han cuantificado plenamente los alcances del daño causado, por lo cual es necesario hacer estudios en profundidad para mitigar el problema y asistir a los posibles afectados, como también para adoptar medidas preventivas.

No hay que olvidar, frente a este episodio, que hace pocos meses la empresa protagonizó otra emergencia ambiental debido al descarrilamiento de un tren que transportaba también concentrados de cobre.

Hay que reconocer los esfuerzos realizados para controlar ese problema, pero la realidad es que la actividad minera, de acuerdo a su importancia económica y social, debe acentuar sus esfuerzos para minimizar los riesgos ambientales asociados a su operación. Así, la inversión debe ir acompañada de prevención, considerando a las poblaciones cercanas a las faenas de extracción y proceso y a las actividades locales, también relevantes, como es en el caso concreto de Los Andes, la agricultura.

Tras esta contingencia, originada en la rotura de un ducto que conduce el material, se instruye un sumario. Ello supone estudiar el sistema completo de conducción del producto y también las aguas superficiales y las napas que pudieron ser afectadas. Pese a que el problema se da por superado, subsisten dudas, especialmente de la municipalidad andina en relación al agua potable.

Así, es importante que luego de esta nueva emergencia, se establezca un sistema permanente de participación ciudadana, con presencia de agricultores del área y autoridades comunales que puedan aportar sus observaciones y reservas sobre la forma como está operando la minera en relación con el área poblacional y productiva en que se encuentran sus instalaciones y rutas de transporte. Con ello se puede avanzar en una convivencia de personas y actividades que logre seguridad y beneficios mutuos.

Hemos visto con satisfacción que al fin se ha empezado a empedrar la plazuela de las oficinas de la Aduana, que en verano era un depósito de tierra suelta, y en invierno se hallaba llena de lagunas y de barro. Luego cesarán allí también las densas polvaredas que se levantan con el viento. Ojalá se mejoren otras calles.

Excesos en el juego de la

El presidente de la junta de vecinos denuncia que los holgazanes toman todas las noches la calle principal del barrio, siendo fácil comprender cuantas molestias y disgustos debe sufrir mucha gente tranquila que puede verse cubierta por los inmundos ingredientes con los que se entretienen jovencitos de apariencia decente.

Regocijo por los buses

Al mediodía de ayer fue inaugurado el recorrido de buses Pegaso de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, que hará el recorrido de la línea 7 con 15 máquinas, entre la Aduana y Gómez Carreño. Las autoridades arribaron al lugar a bordo del bus 1040 y se procedió la inauguración en medio de un gran alegría popular.

A partir del primero de marzo se inicia una etapa muy relevante en la tarea que desarrolla la Fiscalía en materia de investigación y persecución de robos en sus distintas especies, ya que ese mes comenzará la implementación del Manual de Primeras Diligencias por parte de Carabineros y la PDI.

El documento fue elaborado por la Fiscalía Nacional y será aplicable en todo el país, bajo la premisa de que las primeras horas desde la comisión de un delito pueden ser trascendentales para el trabajo investigativo y una persecución penal eficaz, si las policías trabajan sobre la base de los criterios generales de actuación que en él se indican.

El manual constituye un compendio de instrucciones generales para las policías, contenidas en la ley penal y en la ley procesal penal, referidas tanto a la forma de cumplir las actuaciones autónomas que éstas tienen, como a las diligencias específicas y determinadas que sean instruidas por los fiscales del Ministerio Público para la investigación de los delitos.

Las actuaciones policiales autónomas son de especial interés para la Fiscalía y la comunidad, porque son la respuesta más oportuna, directa e inmediata que se puede implementar tras la comisión de un ilícito, sin necesidad de que los funcionarios policiales pierdan tiempo requiriendo instrucciones para proceder.

Además de practicar la detención, entre las principales están: recibir denuncias, prestar auxilio a la víctima, efectuar controles de identidad, identificar testigos y consignar las declaraciones que estos presten, resguardar el sitio del suceso, y recoger o levantar la evidencia que pudiere ser útil para establecer la autoría del delito y los detalles de su comisión.

Es importante recalcar que todo funcionario policial debe recibir las denuncias que cualquier persona le formule, entregue o envíe, en cualquier lugar o por cualquier medio, recabando todos los antecedentes que el denunciante pueda aportar, y dar cuenta inmediatamente a la Fiscalía correspondiente.

El cumplimiento de las instrucciones del manual es indispensable no solo para reunir prueba útil contra los partícipes de un robo, sino también para que el procedimiento policial o investigativo que se adopte respecto de un imputado no genere consecuencias jurídicas y procesales adversas por su inobservancia, ya que fiscales, defensores penales y jueces están llamados a revisar su legalidad.

Pablo Gómez Niada

Fiscal Regional de Valparaíso