Aldoney extrema las medidas para mejorar la probidad en Gore
REGIÓN. Exseremi, Miguel Toledo (PS), asumió puesto clave en Gobierno Regional, además se aprobó código de ética interno y se conformó una Fiscalía para evitar nuevas irregularidades.
Ordenar la casa y dejar atrás el estigma de ser una de las regiones con mayores casos de faltas a la probidad protagonizadas por funcionarios públicos es una de las tareas que pretende sacar adelante el intendente Gabriel Aldoney, como Ejecutivo del Gobierno Regional.
Situaciones como los casos Fraude a la Intendencia 1 y 2, donde se detectaron desvíos de recursos públicos a través de proyectos concursables al 6 % del FNDR, que incluyen condenas a exfuncionarios de alto rango del Gore, sumado al último informe de Contraloría, que da cuenta de una serie de irregularidades en el traspaso de millonarios fondos entre el Gore y Sernatur, detectando graves falencias en materia de fiscalización, rendición de cuentas y actos administrativos, situación que derivó en la destitución del seremi de Deportes y la derivación de los antecedentes al Ministerio Público, evidencian que la intendencia tiene un flanco abierto que aún no tiene solución definitiva.
Por tal motivo, la administración de Aldoney está tomando una serie de medidas, entre ellas la reestructuración del Gore, con la llegada del contador auditor y exseremi Minvu, Miguel Toledo (PS), quien asumirá como jefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), en reemplazo del ingeniero en Transportes, Alexis Bustos, quien se sumará al equipo de asesores del intendente en el piso 19.
Sobre la incorporación de Miguel Toledo, Aldoney insistió que los cambios en el equipo durante su administración han sido resultado de las constantes evaluaciones que realiza.
"Miguel Toledo llega al Gobierno Regional a implementar un trabajo que queremos desarrollar en tres áreas, con un nuevo concepto en la administración del Gore, en cuyo interior se ha hecho un trabajo muy interesante, con participación de representantes del Consejo Regional (Core), jefes de división y trabajadores del Gore. Eso es un cambio de estructura que hay que implementar y le he pedido a Miguel Toledo que se haga cargo de ese tema", puntualizó la autoridad regional.
La reestructuración en el organigrama del Gore también busca una mejor relación con el Consejo Regional, cuyos integrantes han realizado reiteradas críticas respecto a la forma en que se está trabajando con el Ejecutivo y la escasa discusión de algunos temas que son considerados claves para el progreso de la región.
"Particularmente, la relación que como intendente he tenido con el Consejo no es la que a mí me gusta. Me gustaría tener más tiempo para trabajar estos temas directamente con el Core, pero lamentablemente no ha ocurrido. Miguel Toledo va a asumir mi representación en el Core".
Otro de los aspectos que pretende impulsar la administración de Aldoney apunta a organizar las tareas de planificación a más largo plazo, producto de lo cual se presentará al Core una serie de modificaciones en la estructura interna, las que apuntan a implementar un cambio en la manera en que se desarrolla la gestión dentro del Gore.
"Una de estas medidas es la generación de una Fiscalía interna, ya que me ha llamado la atención que no exista en el Gobierno Regional. Vamos a sacar algunas funciones que están dentro de las divisiones -Planificación y Desarrollo, Administración y Finanzas y Análisis y Control de Gestión- para colocarlas a un nivel mayor y proyectar mejor el trabajo. La idea es modernizar el funcionamiento interno de la gestión del Gore", subrayó Aldoney sobre la reestructuración.
Como jefe de la nueva División Jurídica (piso 10) asumirá el abogado Héctor Valenzuela, cuyo objetivo será realizar un trabajo más eficiente y sistematizado, vale decir, un cambio en el sistema táctico que apunta a corregir situaciones que ponen en tela de juicio al Gore.
Tras los cuestionamientos realizados por Contraloría al funcionamiento del Gore, Aldoney también firmó la resolución que aprueba un Código de Ética, uno de los problemas administrativos que el órgano contralor había detectado.
Interés existe dentro del Consejo Regional por los cambios que pretende imprimir el Ejecutivo en busca de mejores resultados.
Sobre la reestructuración, el consejero Manuel Millones acotó que "el intendente Aldoney ha sido muy hermético sobre los cambios internos que ha implementado y de otros ajustes, pero como es propio de su facultad, uno no puede sentirse afectado por no haber sido informado de estas decisiones, aún cuando esas personas tendrán una relación directa con el Core. En tal sentido, los cambios pudieron haber sido de conocimiento del cuerpo colegiado, pero se entiende la razón del sigilo de los movimientos para no ser sujeto de presiones para sacar o poner a tal o cual persona".
Millones dijo tener una buena opinión de Toledo "profesional que trabajó en el Gore y fue seremi de la Vivienda".
Nuevas designaciones están en suspenso
Con las remociones de los seremis de Transportes y Deportes, Patricio Cannobbio y Daniel Duclos, respectivamente, el gabinete del Gobierno Regional está incompleto, sin embargo, pese a las múltiples especulaciones respecto a quiénes serán los sucesores, aún no sale humo blanco en cuanto a los nombres. Los dos años que restan al actual gobierno y los fuertes cuestionamientos ciudadanos a la clase política, han generado que muchos de los posibles postulantes a estos cargos hayan desistido al ofrecimiento, mientras que otros no han pasado los filtros que aplica La Moneda para acceder a estos cargos de confianza. La negociaciones se mantienen.
"Personalmente, la relación que como intendente he tenido con el Consejo no es la que a mí me gusta. Me gustaría tener más tiempo para trabajar estos temas directamente con el Core"
Gabriel Aldoney, Intendente regional
"El intendente Aldoney ha sido muy hermético sobre los cambios internos que ha implementado y de otros ajustes, pero como es propio de su facultad, uno no puede sentirse afectado"
Manuel Millones, Consejero regional
$ 80 millones relacionados con el 6 % del FNDR contempla la causa por fraude al fisco por el que es acusado el diputado en ejercicio Christian Urízar, a quien la Fiscalía solicitará su desafuero.
$ 129 millones traspasados para actividades financiadas por Sernatur está solicitando su restitución el Gobierno Regional, tras la auditoría realizada por Contraloría.