Contraloría inicia sumario y juicio a Salud por graves irregularidades
INFORME. Indagación corrobora mala administración de recursos por parte de la Seremi e instruye acciones. Ente contralor remite antecedentes a la Fiscalía para indagar posibles delitos.
Un sumario, un juicio de cuentas y derivación de los antecedentes al Ministerio Público por hechos que podrían ser constitutivos de delitos son las acciones que determinó aplicar la Contraloría Regional de la República a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso tras detectar en la entidad serias irregularidades administrativas, civiles y/o penales que recaen en diferentes funcionarios, incluida la seremi de la cartera, María Graciela Astudillo, e incluso al exseremi de la administración anterior.
Los antecedentes, dados a conocer en el "Informe de Investigación Especial N° 51", describen tres faltas graves que gatillan las acciones por parte de la Contraloría. La primera da cuenta de un "vicio" en la licitación de "Servicio de cafetería para diálogos ciudadanos en centro cívico La Ligua", la segunda objeta la eventual utilización de fondos del megaincendio de Valparaíso en la oficina provincial de Isla de Pascua y la tercera observación dice relación con el pago de horas extraordinarias, las que fueron respaldadas con boletas de honorarios de terceras personas.
Además, dentro de las irregularidades se constató la contratación de personal de aseo, administrativos, técnicos y profesionales, fragmentados en 9 tratos directos, acciones que dieron paso a un sumario que lleva tres meses en ejecución por parte de la Contraloría.
La investigación se inicia tras una denuncia anónima de dos personas el año 2014, quienes dan a conocer las irregularidades. Tras esto, la Contraloría comenzó un proceso indagatorio que examinó diferentes fondos invertidos por la repartición.
En este sentido, se analizaron los contratos mediante la modalidad de trato directo por un monto de inversión de $ 84.826.248, las licitaciones adjudicadas a la empresa APG Ltda. y otros por una suma sobre los $ 271 millones y "los tratos directos por un total de $ 416.826.586, correspondientes a contrataciones con personas naturales y con las empresas Sealim E.I.R.L., APG Ltda. y Leonardo Ezquerra Varas". En total, $ 773.316.405.
De acuerdo al examen de cuentas realizado por el ente contralor en lo que refiere a la denuncia de la licitación denominada "Servicio de cafetería para diálogos ciudadanos en centro cívico La Ligua", por un monto de $ 357 mil pesos, se observó que el proceso "no se ajustó a las bases administrativas que lo regularon".
Ello, porque en primera instancia se crea una comisión evaluadora donde sólo examina y delibera una persona, no pidiendo conformidad a los otros integrantes del proceso.
"Se desprende que el actuar de la primera comisión evaluadora designada para esos efectos no se ajustó a los criterios establecidos en las bases, situación que denota la carencia de instrucciones y medidas de control por parte de la Administración en esta materia, las que deberán ser impartidas, difundidas y evaluadas", confirma el documento.
Ante esto, el informe de la Contraloría concluye que "se constató que el proceso de licitación ID 2123-179-L114 no fue evaluado según los criterios y factores definidos en el numeral 6 de la ficha electrónica; que doña Sara Marín Solís, integrante de la comisión evaluadora, asignó puntajes según su criterio, sin considerar las condiciones establecidas, y que los otros integrantes de la comisión se limitaron a suscribir la referida Acta de Evaluación (...)".
Esta acción, según la Contraloría, vulnera "el principio de estricta sujeción a las bases, por lo que esta Contraloría Regional procederá a incoar en esa Seremi de Salud un sumario administrativo a fin de investigar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron".
En relación a la inversión utilizada por la Seremi de Salud en el megaincendio de Valparaíso, ocurrido el 12 de abril de 2014, son cuestionadas varias situaciones por parte de la Contraloría, entre ellas, los servicios de aseo en los albergues.
Referente a este punto, el informe describe que tras la declaración de estado de catástrofe era obligación de Salud contratar el servicio de limpieza de baños y duchas en los albergues, lo cual se realizó "a través de la solicitud de anticipo de cheque N° 26, de 16 de mayo de 2014, que pagó a la empresa Sealim E.I.R.L. la suma de $ 8.165.780, por los servicios de aseo y reparaciones de los baños instalados y otros dispuestos para esos efectos".
Esta acción, según describe el escrito, en junio del mismo año fue regularizada por la Seremi de Salud. Sin embargo, "se verificó que (la autoridad) no suscribió un contrato en el que se estableciera la cantidad de personal requerido y la jornada laboral empleada".
La falta de información y la carencia de fiscalización, según el informe, concluyeron situaciones donde no se sabe si efectivamente la empresa contratada realizó los servicios, por lo que el ente contralor señala que la Seremi debe tomar las medidas necesarias de control.
Además, la Contraloría constató que la Seremi de Salud efectuó tratos directos de trabajos eléctricos, alcantarillado y techumbre para el incendio de Valparaíso; sin embargo, los gastos fueron ejecutados en la Oficina Provincial de Isla de Pascua.
"Se comprobaron gastos por la suma de $ 19.945.542 por trabajos supuestamente ejecutados en la Oficina Provincial de Isla de Pascua, no obstante que en las resoluciones que los aprueban bajo la modalidad de trato directo, fundamentan su legalidad y procedencia en la alerta sanitaria producida por el incendio forestal acaecido en la comuna de Valparaíso", confirma el escrito.
Ante esto, concluye que "esta Contraloría Regional procederá a incorporar esta materia en el sumario administrativo (...) con el propósito de establecer las eventuales responsabilidades de quienes intervinieron en ese proceso, así como las presuntas acciones civiles que se deban iniciar en caso que los trabajos no se hayan ejecutado, o bien, si ello ocurrió al margen de la normativa legal vigente".
En las conclusiones del informe se da conocer que "se verificó que dicha Seremi de Salud pagó horas extraordinarias (a tres funcionarios prestadores de servicios a honorarios) y a doña Priscila Espinoza Jorquera -trabajadora de la empresa APG Ltda.-, imputándolos con cargo al subtítulo "Otros" y respaldándolos con boletas de honorarios emitidas por terceras personas, lo que comprometería la vulneración a lo dispuesto en los incisos tercero y quinto del artículo 97, N° 4, del Código Tributario".
A ello se añade una "eventual inobservancia al principio de probidad administrativa, por lo que esta Contraloría Regional incluirá esta materia en el sumario administrativo (...) a fin de establecer las presuntas responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la remisión de los antecedentes recabados a la Fiscalía Local del Ministerio Público".
Además, el informe da cuenta de que existen tratos directos sin fundamentación y contrataciones de "servicios de apoyo" no justificados.
En relación al juicio de cuentas, el informe estipula que, por parte de la Seremi de Salud, fueron contratados diversos servicios que superan los $30 millones, montos cuestionados por el ente contralor que formuló reparos e inició, a principio de año, un juicio de cuentas que podría extenderse más de un año.
La investigación concluye que "la Seremi de Salud contrató servicios para el transporte de carga de leche y traslado de muebles (por más de $ 26 millones), traslado de operarios del contratista para cargas y descarga de leche (por más de un millón), servicios de retroexcavadora (que asciende a casi dos millones) y transporte privado de pasajeros no acreditados", gastos que obedecen a una naturaleza distinta de los convenios originales.
Juicio de cuentas suma 14 funcionarios
De acuerdo a los antecedentes recopilados en este caso, serían 14 los funcionarios notificados por el inicio del juicio de cuentas que lleva a cabo la Contraloría por más de $ 30 millones. La determinación del órgano ha generado inquietud al interior de la Seremi de Salud, ya que en este tipo de instancias los implicados deben costear su defensa legal y, eventualmente, restituir los fondos que sean solicitados en el juicio, según cada caso. Además, la preocupación gatilla porque la acción civil recae en todas las personas que tengan algún tipo de responsabilidad en el hecho, sean o no a la fecha del juicio funcionarios de la Seremi de Salud.
Graves objeciones
Faltas en proceso de licitación y comisión examinadora. Contraloría inicia sumario.
Seremi de Salud pagó horas extraordinarias a funcionarios a honorarios respandándolo con boletas de terceras personas.
Se investiga destino de más de $ 19 millones correspondientes a fondos de emergencia del megaincendio de Valparaíso, dinero que habría sido destinado a Isla de Pascua.
$ 30 millones es el monto que es cuestinado por la Contraloría en el juicio de cuentas que inició a principios de año. Catorce funcionarios de la Seremi de Salud fueron notificados del proceso.
2014 fue denunciado el hecho por dos personas anónimas quienes acusaron una serie de irregularidades por parte la Seremi de Salud de Valparaíso. Sumario y juicio de cuentas comenzaron este año.
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3 6 licitaciones
y 11 tratos directos para la contratación de personal administrativo, técnicos, profesionales y asesorías contables, logística y revisión de procesos, también fueron cuestionados.