Gobierno descarta revisar la legislación pese a solicitudes de diputados oficialistas
CONGRESO. Un grupo de parlamentarios presentó una moción para anular el artículo cuestionado.
El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, descartó ayer que el Ejecutivo esté pensando revisar la ley de royalty minero, tras los llamados de algunos parlamentarios oficialistas que buscan anular la normativa.
"No es una materia donde tengamos tomada una decisión. No es algo que estemos analizando en particular (...) Nuestro ordenamiento jurídico no contempla la nulidad como una forma de dejar sin efecto una ley, hay otras vías que están siempre a disposición de quienes se desempeñan en el trabajo legislativo", indicó el vocero de La Moneda.
Díaz reiteró, de todas formas, la "gravedad" que en su opinión supone la investigación por cohecho que lleva a cabo el Ministerio Público en contra del ex senador UDI Pablo Longueira, quien compartió correos con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, relacionados con la tramitación de la legislación en cuestión.
"Sin prejuicio de que el Gobierno no emite sentencias ni juicio respecto de las investigaciones particulares que realizan las instituciones (…) como Gobierno no podemos permanecer indiferentes sobre hechos que atentan contra la salud del sistema democrático. Una investigación por un delito de cohecho en la tramitación de un proyecto de ley sin duda es siempre grave", manifestó el secretario de Estado.
Previamente, el ministro del Interior, Jorge Burgos, descartó la posibilidad de anular la ley en cuestión.
"Todas las leyes se pueden revisar, conforme a las normas constitucionales de revisión, pero no es una forma constitucional la nulidad de las leyes, que quede claro", recalcó.
Pese a ello, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría presentó una moción para anular el cuestionado artículo 4 transitorio del texto.
"Este artículo se obtuvo bajo la corrupción más descarada y esta norma no puede ser Ley de la República. No podemos tolerar que a través de esta norma haya un saqueo del Estado de Chile, está ocurriendo un descarado robo", dijo el diputado del PC Hugo Gutiérrez.
El legislador explicó que es necesaria la anulación y no la derogación, ya que de lo contrario las empresas beneficiadas con el artículo deberían ser compensadas por el Estado.