Alexis Paredes R.

"APG es una empresa familiar que hace muchos años que presta servicios no solo en la Seremi de Salud y en los servicios de salud, sino que en varios otros lugares. La empresa APG no es la caja pagadora del Partido Comunista", declaró ayer el concejal porteño Iván Vuskovic (PC), estrecho colaborador de Roberto Rojas Puga, uno de los fundadores de la cuestionada empresa y de la cual se desvinculó el año 2014, precisamente el año en que la Contraloría comienza a cuestionar los millonarios contratos suscritos con la Seremi de Salud, a través de la subcontratación de personal administrativo, técnico y profesional, por intermedio de 6 licitaciones y 11 tratos directos.

Vuskovic se adelanta en descartar cualquier tipo de vinculación, un eventual desvío de fondos u otras irregularidades que comprometan a la actual seremi de Salud, María Graciela Astudillo, con la mencionada empresa, luego que el órgano contralor observara irregularidades en una serie de contratos, adjudicación de licitaciones donde APG fue el único oferente y, en otras, donde dicho servicio le adjudicó licitaciones en desmedro de otros oferentes (Manpower) que debieron ser evaluados con la misma ponderación, instruyendo la apertura de sumarios administrativos y juicios de cuenta.

Vuskovic enfatizó que "el Partido Comunista no tiene ninguna relación con dicha empresa, es un negocio de la familia de Roberto Rojas. Efectivamente, durante algún tiempo él fue socio fundador de APG, están sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos; es una empresa familiar, pero el Partido Comunista no tiene ninguna relación, ni es fachada nuestra, ni tiene que ver con el financiamiento del PC, desmiento categóricamente cualquier relación que se pueda argüir en ese punto. Esa es una empresa de la familia de Roberto y los comunistas nunca hemos tenido nada que ver en esto".

El concejal porteño cerró filas en torno a la única militante comunista que integra el Gobierno Regional, como máxima autoridad del Servicio de Salud.

"La mayor parte de las acusaciones no corresponden al periodo donde la compañera María Graciela Astudillo está a cargo de la seremía, todas son decisiones tomadas en periodos anteriores a los que ella era seremi. Parte importante de lo que se le está acusando tiene que ver con el periodo del expresidente Piñera, donde había un seremi UDI (Jaime Jamett). Este es un proceso que tuvo lugar el 2014 y supongo que hoy se está acentuando más por intereses políticos, que de otro tipo", en alusión a las duras denuncias realizadas por el exdirector de Administración y Finanzas de la seremi, José Salomón, quien hizo públicas eventuales irregularidades y malas prácticas en dicha repartición.

Vuskovic insistió que "la seremi Astudillo no es responsable de la pérdida de ningún peso, no así el señor José Salomón; él sí está complicado en la rendición de cuentas de los trabajos de aseo supuestamente realizados en los albergues tras el megaincendio de Valparaíso, donde se pagaron facturas sin que los trabajos se hayan realizado".

Si bien el informe de la Contraloría se concentra en las licitaciones adjudicadas por la Seremi de Salud entre marzo y octubre de 2014 a la empresa APG Limitada, por la suma de $ 271 millones; además del examen de los tratos directos por $ 416 millones, correspondientes a contrataciones con personas naturales y con las empresas APG, Sealim IERL y Leonardo Ezquerra Varas, son los contratos suscritos con la primera de ellas los que concentran la mayor cantidad de observaciones.

Según los antecedentes recopilados, APG funciona por más de 15 años y tuvo entre sus socios fundadores a uno de los líderes del Partido Comunista en la región, Roberto Rojas Puga, quien ostentó el cargo de secretario general del partido hasta el año 2014 -actualmente integra la directiva regional- y es considerado el "negociador político" del PC dentro de los partidos que conforman la Nueva Mayoría.

Contactado por este medio, Rojas se excusó de entregar una versión en torno a las diversas especulaciones que han surgido sobre las supuestas vinculaciones de la empresa APG, afirmando que prefería "no contaminar" más el tema, dado que se desligó de la empresa a inicios de 2014, precisamente luego que asumiera en la Seremi de Salud una militante comunista, para evitar con ello cualquier tipo de inconveniente en el desempeño de la labor de la nueva autoridad.

La relación de APG con la tercerización de servicios en la Seremi de Salud se inició entre los años 2007-2008, con la contratación de personal de aseo, que luego se complementó con la externalización de personal técnico y profesional, época en la cual la Seremi estaba a cargo del DC Fernando Olmedo.

Dicho vínculo se extendió durante todo el periodo del ex Presidente Piñera, cuando la seremía estuvo a cargo del UDI Jaime Jamett. Sin embargo, los vínculos de dicha empresa con uno de los líderes del PC en la región recién salieron a la luz pública durante el año 2014, cuando el exjefe DAF de la actual Seremi, José Salomón, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, la Contraloría y la Subsecretaría de Salud Pública, acusando presiones indebidas de la seremi Astudillo para contratar a la Sociedad de Servicios APG en las labores de aseo de los albergues tras el megaincendio que afectó a Valparaíso. Su negativa le habría costado la desvinculación del cargo.

No obstante la gravedad de la denuncia por un eventual conflicto de intereses y tráfico de influencias, donde Roberto Rojas, como dirigente del PC, habría influenciado a las autoridades de Gobierno para nombrar a la seremi Astudillo, el informe del órgano contralor, tras los antecedentes recopilados, da cuenta que "no fue posible reunir elementos de juicio que permitan establecer y constatar fehacientemente la existencia de circunstancias irregulares en este aspecto".

Sin embargo, el mismo informe, que sólo se circunscribe a lo obrado el año 2014, cuestiona los diversos tipos de servicios contratados por la Seremi con la empresa APG.

Entre diversos aspectos, la Contraloría observó la contratación de "servicios de apoyo" del personal de aseo, administrativo, técnicos, profesionales y asesorías contables, logística y revisión de procesos, a través de 6 licitaciones y 11 tratos directos, debido a que la provisión de estos servicios, a excepción de las labores de aseo, "constituyen el desempeño de un empleo público propio del personal de la entidad y cuya ejecución excede el ámbito de los servicios de apoyo, por cuanto sus funciones están directamente vinculadas al ejercicio de las potestades públicas de ese organismo".

Por tal motivo, el órgano contralor instruyó adoptar las medidas de control que procedan, " a fin de evitar, en lo sucesivo, la ocurrencia de este tipo de irregularidades".

Pese a los reparos, la modalidad de contratación se ha mantenido a la fecha, sin que exista certeza de que la Contraloría haya iniciado nuevas fiscalizaciones para poner fin a estas irregularidades.

El informe también da cuenta de la "fragmentación" en la contratación de los servicios de aseo, personal administrativo, técnicos y profesionales a través de 9 tratos directos con APG, infringiendo la normativa vigente, por lo que se abrió un sumario administrativo. Se constató además que los servicios prestados por APG estipulan que "cada jefe de área debe certificar la recepción conforme de los trabajos efectuados"; sin embargo, "no existen informes que permitan controlar las labores, como tampoco un reporte relativo al cumplimiento de la jornada laboral".

La Contraloría también cuestionó que, de seis procesos licitatorios adjudicados a APG para proveer diversos servicios de personal, en cuatro fue el único oferente que se presentó. Se cuestiona que los criterios de evaluación no se aplicaron según lo estipulado en las bases administrativas, lo que favoreció a la empresa APG, entre otras anomalías que dieron pie para iniciar sumarios administrativos y juicios de cuenta.

"El Partido Comunista no tiene ninguna relación, ni es fachada nuestra, ni tiene que ver con el financiamiento del PC, desmiento categóricamente cualquier relación que se pueda argüir en ese punto"

Iván Vuskovic Concejal PC de Valparaíso

4 licitaciones efectuadas durante el 2014 por la Seremi de Salud, la Sociedad de Servicios APG fue la única oferente, lo que implicó montos por 156 millones de pesos.

2 licitaciones la Contraloría observó que la comisión evaluadora sugirió adjudicar a APG, pese a que las ofertas del proveedor Manpower se debieron ponderar con el mismo puntaje.

2014, año al que la Contraloría Regional realizó un análisis de las licitaciones adjudicadas a la empresa APG, por $ 271 millones, y otros $ 416 millones a través de trato directo junto a otras 2 empresas.