MUÑOZ ANTONÍN
En pleno siglo XXI sigue vigente la necesidad de respetar los derechos humanos, hoy con foco en los principales riesgos en empresas, tanto estatales como privadas, relacionados con impactos ambientales sobre comunidades, abusos laborales contra migrantes y discriminación de género, política, religiosa o por orientación sexual.
Para discutir sobre este tema, se llevó a cabo una Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos y empresa, el pasado 2 y 3 de marzo en la sede de la CEPAL, ubicada en Santiago de Chile.
Esta iniciativa fue convocada por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas, que preside Dante Pesce González, a su vez Director Ejecutivo de Vincular PUCV.
La Consulta
La Consulta, que congregó a más de 150 delegados estatales de América Latina y el Caribe, especialistas, integrantes de organismos internacionales, de la sociedad civil y del sector privado, permitió compartir avances, intercambiar experiencias e identificar retos y oportunidades en el desarrollo de políticas públicas, en particular Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que fomenten el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, con base en los fundamentos teóricos que ofrece la ONU en la materia.
En el año 2011 el Consejo General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad el documento "Principios Rectores sobre Derechos Humanos y Empresa", al que adhirieron todos los países del mundo, incluyendo Chile, y donde los gobiernos se comprometieron a elaborar un marco de políticas públicas a nivel nacional que permitiera implementar de manera práctica estos principios.
Los Principios Rectores se basan en tres pilares fundamentales: 1) el deber del Estado de proteger los derechos humanos que puedan ser vulnerados por prácticas y/o conductas empresariales, incluyendo las estatales; 2) la responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos, y por lo tanto, la obligación de que éstas adopten un enfoque preventivo en sus actividades, evitando aquellos impactos negativos que puedan impactar a personas y grupos vulnerables; y 3) el acceso a justicia y a mecanismos de remediación.
Estas directrices, que representan una evolución de la comprensión de los derechos humanos en nuestra sociedad, han significado una importante contribución para aclarar las expectativas básicas de las empresas en relación a los derechos humanos y para que éstas pueden dar respuestas apropiadas y eficaces a los problemas que pudieran haber ocasionado. Además, se constituyen en una plataforma normativa autorizada de orientación acerca de las medidas jurídicas y políticas que los Estados pueden poner en práctica, en el marco de su obligación de hacer cumplir los derechos humanos.
Algunas conclusiones
"En todo el mundo estos Principios Rectores están siendo empujados por la comunidad internacional hacia acciones prácticas, pero en nuestra Región, la problemática se centra más bien en cómo aceleramos la adopción de estos principios, porque en Latinoamérica y el Caribe vamos un poco lento", señaló Dante Pesce, considerando que de los 33 países latinoamericanos que han adherido a estos principios, sólo unos pocos, como el caso de Colombia, Brasil, México y Chile, han logrado avanzar gradualmente en el desarrollo de Planes de Acción Nacionales en materia de Derechos Humanos y Empresas.
Pesce, que lideró esta Consulta Regional, identificó dos obstáculos concretos para este "escalamiento"; por una parte, "la desconexión entre las dinámicas operativas de los gobiernos y los acuerdos de carácter político-diplomáticos; y, por otra parte, aspectos de gobernanza nacional, es decir, definir el responsable de implementar estos acuerdos. Es claro que se trata de un esfuerzo colectivo a escala nacional, pero no pareciera ser tan claro quién lo lidera. Entonces, nuestra ambición es aumentar la velocidad y escala de nuestro trabajo, superar los proyectos pilotos y avanzar hacia la incorporación de este tema en las empresas, gobiernos e institucionalidad internacional".
Amerigo Incalcaterra, Representante para América del Sur del ACNUDH, destacó el carácter internacional del debate en la materia. "Hoy en día, al tener las empresas una presencia global, sus impactos son globales", expresó, reafirmando la necesidad de agilizar el paso en el desarrollo de Planes de Acción Nacionales.
Esta Consulta Regional dejó en evidencia la importancia que ha adquirido la temática de derechos humanos y empresas, para todos los sectores, Estado, privado y sociedad civil. Prueba de ello, es que el próximo año se llevará un segundo encuentro destinado a evaluar los avances de este tema en la Región.