Claudio Ramírez

A un cuarto de siglo de que fuera inaugurado en el lugar que se emplazaba el Hospital Enrique Deformes, resulta casi sorprendente que la sede del Poder Legislativo del país aún no tenga regularizado algo que se presume básico, como el permiso de recepción de obras, tal como la establece la Ley de Construcción y Urbanismo.

Una situación que luego de varios años sin resolverse comenzó a preocupar a las autoridades administrativas del edificio de avenida Pedro Montt, más aún cuando el inmueble comenzó a ampliarse con obras como el piso 14 en las dependencias del Senado, pero sobre todo a partir de 2014 con las nuevas dependencias que se inauguraron en la Cámara y que incluyeron la renombrada cafetería VIP.

A partir de allí comenzaron los acercamientos reales entre las autoridades y el municipio, cuya Dirección de Obras hizo patente la irregularidad. Tras ello se realizaron una serie de trámites tendientes a buscar una salida e incluso la Cámara y el Senado acordaron no realizar más modificaciones hasta hallar una solución, algo que inesperadamente se quebró con las nuevas obras de estacionamientos en la Cámara Alta.

Ante esto, el municipio porteño reaccionó paralizando estos trabajos y reafirmando que no entregará ningún permiso hasta no definir una hoja de ruta.

Pero el problema no partió hace dos años ni hace diez, sino que comenzó en la misma fecha que se levantó el Congreso, porque en la construcción del mismo se utilizó un bien de uso público sin el respectivo permiso, instalando faenas en la ya desaparecida calle Deformes, ubicada a un costado del otrora hospital del mismo nombre. "Hemos tenido varias reuniones con el alcalde Jorge Castro para buscar una fórmula, porque acá el problema original es que cuando se construyó el edificio se utilizó una calle (Deformes), o sea, un bien nacional de uso público que no fue desafectado, porque donde hoy está el Senado había un pasaje", comentó el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, al momento de explicar la controversia.

A raíz de esto la Municipalidad de Valparaíso cursó, a principios de los 90, la primera infracción y a partir de allí se multiplicó el inconveniente. De hecho, esa primera multa tuvo un costo aproximado a los $200 millones, valor que se fue incrementando con el paso de los años y que, sumado a otras multas e infracciones por levantar construcciones sin permiso, ya llegó a una cifra cercana a los $1.000 millones, según consignó a este Diario el responsable de la Dirección de Obras Municipales (DOM), Matías Valdés.

En rigor, el problema no se trata de un permiso de edificación impago al construirse el Congreso Nacional, sino sobre la no cancelación del uso del espacio público que rodeaba el terreno.

Con el objeto de regularizar el tema, las autoridades administrativas de la Cámara iniciaron una serie de trámites y acercamientos con el municipio. La idea es alcanzar un entendimiento a la brevedad pensando que, a raíz de la reforma al sistema binominal, el edificio debe hacer las adecuaciones correspondientes para albergar a los 35 diputados y 12 senadores que se incorporarán a partir del 2018.

Lo que se pretende es que este acuerdo permita iniciar las obras mientras se efectúa la actualización de los planos y los trámites que se requieren para normalizar la relación entre ambas partes, y de esta manera no complicar la puesta en ejercicio del nuevo sistema electoral.

Desde el municipio hay buena disposición a buscar una vía de acercamiento, y así lo dejó en claro el alcalde Jorge Castro, quien instó a reunirse para trazar una hoja de ruta que, a través de acciones concretas, permita arribar a buen puerto. Pero, junto con ello, enfatizó que el municipio velará porque la millonaria deuda sea cancelada, tal cual lo establece la ley.

Respecto a quién absorberá la deuda, la administración de la Cámara plantea que de acuerdo a la resolución del Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso, esto le corresponde al Estado y no a la Corporación. Lo cierto es que esta y otras situaciones comenzarán a aclararse el lunes en el marco de una reunión que se efectuará entre las partes.

1990 se inauguró el Congreso Nacional al asumir la primera magistratura del país el DC Patricio Aylwin.

$ 200 millones aproximadamente era el monto de la deuda que existía hacia el año 1991.

2016 la DOM de Valparaíso ordena paralizar obras en el Senado por el no pago de la histórica deuda.