Alexis Paredes R.
Para el próximo 30 de marzo la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó la audiencia de solicitud de desafuero del diputado por el Distrito N° 10, Christian Urízar (PS), quien se encuentra formalizado por el delito de fraude al Fisco por un monto superior a los $ 60 millones, debido a su presunta responsabilidad en el desvío de fondos para campañas políticas y sobrevaloración de precios a través de la adjudicación de proyectos concursables con cargo al 6% del FNDR, en las áreas de cultura y deportes. Los ilícitos se habrían cometido en el periodo 2011-2013, durante el cual el parlamentario cumplía labores como consejero regional (core).
Trascendió que el pleno de ministros del tribunal de alzada acordó la fecha, cuya resolución se daría a conocer oficialmente el próximo lunes, luego de la solicitud presentada en febrero pasado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en la querella en contra de Urízar y otros tres imputados en calidad de cómplices, quienes habrían actuado en concomitancia para elaborar los proyectos, presentarlos a organizaciones sociales afines al partido de Urízar, quien aprovechaba su cargo como core para asignarle fondos del Gobierno Regional.
En dicha audiencia, los 15 ministros de la Corte escucharán los alegatos de la Fiscalía y del CDE, que solicitarán se dé a lugar el desafuero, tras lo cual será el turno de la defensa del legislador. La resolución definitiva se conocerá los primeros días de abril.
Tanto el ente persecutor como la defensa tienen la instancia de apelar ante la Corte Suprema, en caso de no quedar conformes con el fallo del tribunal de alzada. De ser desfavorable el proceso de desafuero para Urízar, el diputado deberá enfrentar un juicio oral donde se expone a penas de hasta 5 años y 1 día de presidio efectivo, una multa por el 50% de lo defraudado y prohibición de ejercer cargos públicos por un año, según adelantó la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional, que investiga el caso desde hace dos años, en una de las aristas del denominado Fraude a la Intendencia 2.
Otros implicados
Respecto a los otros tres implicados en esta causa, se trata de Luis Vásquez, exjefe de campaña del parlamentario y suboficial de Gendarmería, para quien se solicitarán 5 años de presidio, 7 años de inhabilitación para cargos públicos y una multa del 50% de lo defraudado; igual pena para Carolina Ibaceta, pareja de Vásquez y asesora en ese entonces del diputado, además de una multa del 10% de lo defraudado y 5 años de inhabilitación para cargos públicos, y Lautaro Correa Castillo, concejal de La Calera.
La investigación se centra en dos aristas. La primera relacionada con los proyectos aprobados para realizar actividades en el centro de eventos "Doña Anita", de Olmué.
Según la Fiscalía, Urízar habría coordinado la aprobación de diez proyectos, por un total de 117 millones 800 mil pesos, mientras se desempeñaba como consejero regional, durante los años 2011 y 2013.
En este caso, a través de la consultora Genes, Luis Vásquez habría reclutado a diferentes organizaciones a objeto de presentar distintas iniciativas para postular al FNDR. Una vez aprobados los proyectos, Urízar asistía hasta las actividades con el propósito de posicionar su precandidatura como diputado por la zona. Parte importante de los fondos se habrían utilizado para financiar su campaña.
Disfraces por $ 8 millones en La Calera
La segunda arista que investigó la Fiscalía tiene que ver con la agrupación folclórica "Danzas de mi Tierra", de La Calera. Según la indagación, el diputado -junto a Vásquez y el concejal Correa- contactaron a dirigentes del conjunto para postular un proyecto. Según afectados, habrían solicitado $ 350 mil para disfraces y otras actividades, pero finalmente el proyecto se aprobó por $ 8 millones. Tras el traspaso de los recursos, dirigentes se negaron a entregar el dinero, ante las sospechas de un hecho irregular.