Fiscales rechazaron "cualquier límite al derecho a informar"
POSTURA. Persecutores emitieron respuesta a polémica indicación.
Luego de una reunión entre el consejo general de fiscales regionales y el fiscal nacional, Jorge Abbott, el Ministerio Público planteó "su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar", a propósito de la norma que fija sanciones contra los persecutores y cualquiera que sea responsable de eventuales filtraciones de los casos que investigan.
El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, leyó un comunicado de tres puntos en el que manifestaron que "el Ministerio Público y los integrantes de este consejo general manifiestan su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar o ser informado, como asimismo aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal, cuyo propósito es dar una respuesta oportuna, trasparente e igualitaria a todos los ciudadanos del país".
El documento destacó el respeto de los fiscales a la labor de periodistas y medios de comunicación, que, según dijeron, hacen diariamente un "importante aporte entregando información, interpretación y opinión que fortalece el estado democrático de Derecho, cuyos valores se encuentran en la Ley de Prensa".
Los persecutores dijeron estar abiertos a que la redacción de la propuesta "pueda ser perfeccionada" y agregaron que están "disponibles para cualquier cambio que signifique mejorar y resguardar las investigaciones, con el fin de evitar las filtraciones que pudieren anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas de parte de quienes son investigados".
La indicación aprobada en forma unánime por la Comisión de Constitución y ratificada posteriormente por la Sala del Senado, establece sanciones de hasta 541 días a quienes filtren investigaciones del Ministerio Público.
La medida generó preocupación en la Asociación de Fiscales, que acusó que se buscaba proteger a los "poderosos", mientras que la Asociación Nacional de Prensa (ANP) advirtió sobre los efectos que podría tener en la labor periodística.
La Fiscalía tuvo un rol clave en la redacción de la norma. Según T13, el entonces fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, propuso el aumento de las sanciones a las filtraciones.