Alexis Paredes R.
La aprobación por parte del Senado del Control Preventivo de Identidad, en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia, ha generado reacciones en diversos círculos de abogados de la zona.
Un grupo de profesionales del área, entre ellos litigantes penalistas, docentes y funcionarios de servicios públicos han respondido positivamente a un correo electrónico para una próxima convocatoria, a objeto de conformar una agrupación local que argumenta fuertes críticas respecto a la iniciativa presentada por el Gobierno.
En la misiva se explica que, pese al amplio apoyo que le han brindado los partidos de la Nueva Mayoría y de "todos colores" a la normativa, en la zona existen posiciones divergentes respecto al proyecto de ley, que aborda el control preventivo de identidad, dando cuenta que "con esta política de control todos sabemos a quién se perseguirá: pobres, inmigrantes, jóvenes, mendigos, artistas, ambulantes, minorías sexuales, punkis y artesanos de la vida, etcétera. ¿Nos quedaremos acaso con los brazos cruzados mirando cómo ocurren las cosas?¿Cuál será la nueva modificación que vendrá el próximo año, al cruzar este límite? Naturalmente, nuestra voluntad es abordar otras problemáticas de esta naturaleza, pero por ahora, queremos enfrentar las más urgente".
Esta corriente de abogados da cuenta que es imperioso "el respeto de las garantías fundamentales, pretendiendo denunciar políticas basadas en la mentira, el miedo, la cobardía y la ganancia partidista de corto plazo".
El llamado apunta a que a los abogados les corresponde un "rol activo", sin descartar algún tipo de movilización o manifestación pública, así como el uso de las redes sociales para dar a conocer su opinión.
La convocatoria es firmada por los abogados Jaqueline Astorga, Antón Carrasco, Fabiola Vilches y Marco Zamora.
Defensoría
Esta visión concuerda con las críticas vertidas por el Defensor Penal Público, Andrés Mahnke, respecto al polémico artículo 12 de la Agenda Corta Antidelincuencia. El personero hizo un llamado para acotar la medida, pues "deja la función policial en una obligación de discriminar".
Mahnke indicó que se debe fijar un marco de acción a las policías, pues "si ello no ocurre, los obliga a discriminar".
Además, respaldó la posición de Unicef, que rechaza la iniciativa legal al no quedar los menores de edad fuera de la norma, contraviniendo normas internacionales.
El proyecto despachado por el Senado pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde también se espera un intenso debate debido a que hay quienes plantean que esta iniciativa es una suerte de "detención por sospecha".
"inconstitucional"
Desde el ámbito académico, la evaluación del proyecto tampoco es positiva. El profesor de Derecho Penal de la PUCV, Jaime Vera, manifestó que el artículo 12 de la Ley Corta Antidelincuencia, tal como ha sido aprobado, "es derechamente una disposición inconstitucional. Todas las restricciones de la libertad personal, según señala la Constitución, deben tener un presupuesto que la justifique, lo cual está consignado en el artículo 19 N° 7, letra B".
Vera expone que esta normativa "afecta las garantías de libertad personal y la seguridad individual, porque no hay ningún caso que justifique esto (control de identidad). Esto es la mera descripción de un procedimiento policial, que no tiene un caso que lo fundamente. En todas las demás medidas privativas de libertad que establece el Código Procesal Penal, hay algún supuesto que las justifica".
El docente de la PUCV hace alusión al Control de Identidad consignado en el artículo 85 del CCP, cuyo presupuesto, "es cuestionable, pero existe. Según el artículo, se puede hacer un control en casos fundados cuando un policía estimare que la persona se apresta a cometer un crimen, simple delito o falta; que acaba de cometerlo o puede prestar información como testigo respecto de un crimen o simple delito. En cambio esta nueva norma, en ningún momento le dice a usted por qué le van a controlar la identidad, lo cual me parece muy grave".
El académico agrega que la actual legislación sobre el control de identidad "ya es estigmatizante", puesto que permite efectuarlo a quienes se encapuchen o ejecuten actos que dificulten su identificación. La nueva ley, al no establecer ningún tipo de presupuesto, "es entregarle a la policía, absolutamente, la definición de a quién le va a practicar el control de identidad".
Disposiciones
Las policías podrán controlar identidad de cualquier persona mayor de 14 años en la vía pública y lugares privados de acceso al público.
Si la persona se negare a acreditar su identidad, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana para identificarla.
El procedimiento no puede durar más de 4 horas, para mayores de 18 años, y de 1 hora para personas entre 14 y menores de 18 años.
"Es un error pensar que, endureciendo los castigos y la restricción de las garantías de las personas, disminuye la criminalidad"
Jaime Vera, Académico Escuela, de Derecho PUCV
Nueva normativa: "Más de lo mismo"
El profesor Jaime Vera insiste que estas normas "son más de lo mismo, respecto a creer que, con el agravamiento de las penas y el endurecimiento del sistema procesal penal se van a conseguir efectos sobre las tasas de criminalidad, lo que es erróneo. Se debe fortalecer a las policías, pero con herramientas objetivas, como aumento de dotación o mejora en las tecnologías para la investigación de delitos no flagrantes". Añade que, el año 2008, se dictó la primera ley de agenda corta, "han pasado más de 8 años y la percepción de la comunidad sigue siendo la misma, ya que no hubo efectos disuasivos de la criminalidad".
