El sacerdote Enrique Opaso, asesor eclesiástico de la Fundación Refugio de Cristo, denunció inconsistencias en la política que propone el Gobierno para la atención de la niñez en riesgo social.
En declaraciones a este Diario señala que la propuesta oficial de Política de Niñez y Adolescencia parte de la declaración de los Derechos del Niño, que postula que los menores tienen derecho a vivir en su familia y, por lo tanto, indica el presbítero, no podrían ser internados en instituciones de acogida. Agrega que este propósito olvida a los niños vulnerables "que ni siquiera tienen familia que los pueda acoger, y esos son los que atendemos nosotros".
Añade que la propuesta también deroga leyes actuales que sostienen los hogares de menores, creando una institucionalidad nueva.
Las críticas del padre Opaso parten desde la experiencia y compromiso de una institución con 64 años de experiencia, creada en Valparaíso por el recordado sacerdote René Pienovi e inspirada en la obra de gran proyección social de San Alberto Hurtado.
El tema es sensible pues refiere a menores que, al carecer de familia o al tener una sin capacidad de darle efectivo resguardo, son enviados por los Tribunales de Familia a los hogares como los que mantiene el Refugio de Cristo. Puntualiza el sacerdote que cada vez los casos son más complejos pues los chicos vienen con trastornos psicológicos o psiquiátricos "muchas veces vulnerados por su entorno".
El tratamiento de estos niños y niñas -2.391 en la región acogidos en 38 hogares, 6 de ellos del Refugio- supone personal especializado, fármacos, mantención y educación en condiciones dignas. La gran limitante es económica, pues el Estado sólo aporta un 48% del costo de atención de los menores.
Al respecto, el sacerdote da cuenta de una paradoja: "Los presos en Chile reciben una subvención de alrededor de $ 500 mil, no para pagar personal, sino que para atenderlos, y nosotros recibimos $270 mil por cada niño. Con lo que recibe un reo por aportes del Estado, nosotros tendríamos solucionado el problema".
Ante el anuncio de una nueva institucionalidad y reformas legales sobre el tema, es necesaria una visión amplia en que a las propuestas del Ejecutivo se sumen las de organizaciones privadas con vocación de servicio público y se llegue a una legislación que asegure y refuerce la labor de instituciones que desde hace décadas vienen atendiendo a la niñez más desamparada y que son el gran soporte de una delicada tarea social.
