Mabel González / Agencias
La Cámara de Diputados de Brasil comenzó ayer el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff, un tema que enfatiza en la fuerte división en el país más grande y la economía más poderosa de América Latina.
La votación decisiva está programada para mañana, cuando se definirá si debe continuar con el juicio llevándolo al Senado, donde se desarrollaría el juicio político, que provocaría la suspensión inmediata de Rousseff como Mandataria.
El ambiente en la Cámara Baja estaba muy cargado al inicio de la sesión, cuando los opositores de Rousseff se vistieron con cintas amarillas y verdes, y mostraron pancartas que decían "¡Destitución ahora!" y "¡Adiós, querida!".
Los legisladores que respaldan el "impeachment" alegan que el Gobierno violó normas fiscales al manipular los libros contables en un intento por recabar apoyo popular. Sin embargo, muchos de quienes promueven la acción enfrentan acusaciones graves de corrupción.
Los defensores de Rousseff insisten en que la Presidenta no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables usadas por presidentes anteriores.
Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, aseguró que las acciones de Rousseff provocaron directamente los males económicos del país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño ante el dólar estadounidense.
"¿Me vas a decir que eso no es un crimen?", dijo Junior ante el pleno y agregó que el juicio político no es "un golpe".
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, argumentó que los legisladores sólo deben considerar las actuales acusaciones contra Rousseff. Advirtió que el juicio político constituiría un acto de "violencia sin precedentes" contra la democracia y el pueblo brasileño.
Rodeado de personas con pancartas que dibujaban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Rousseff de parte del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.
Cardozo cree que Cunha está atacando a Rousseff por negarse a ayudarlo a evitar una investigación por supuestamente haber recibido millones en sobornos en un escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. "Se ha cometido violencia contra el estado democrático", gritó Cardozo con marcados ademanes.
El drama llega cuando Brasil se enfrenta a problemas en varios frentes: se espera que la economía se contraiga casi 4% este año, el virus del zika que causa males congénitos se convirtió en una crisis de salud para los pobres estados del noreste y el país está a menos de cuatro meses de ser anfitrión de los Juegos Olímpicos.
La sesión extraordinaria se inició pocas horas después de que la Corte Suprema negara una moción del Gobierno de anular el juicio político.
Tanto las fuerzas que respaldan al Gobierno, como las de la oposición, dicen tener suficientes votos para ganar mañana, pero los conteos diarios efectuados por los medios de comunicación brasileños dejan entrever que la oposición está mucho más cerca de la victoria.
Mientras el país sudamericano vive uno de los capítulos más dramáticos de su historia democrática, el Gobierno de Rousseff propuso ayer un aumento del salario mínimo del 7,5% a partir de enero del próximo año.
Simpatizantes bloquean caminos
Varias avenidas y rutas de 10 estados de Brasil fueron bloqueadas ayer por grupos contrarios a la apertura del juicio político. Los actos de bloqueo tuvieron lugar en Sao Paulo, Río de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí y Sergipe. Convocaron a los actos, entre otras organizaciones, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la Central Unica de los Trabajadores (CUT) y la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB).
