Alexis Paredes R.

Un diagnóstico de seguridad ciudadana elaborado por la Intendencia Regional, en conjunto con las gobernaciones provinciales, el cual también contó con la colaboración de Carabineros y la PDI, además de diversos organismos relacionados con esta sensible área, arrojó como principal propuesta para mejorar la acción policial y disminuir la sensación de inseguridad en la población, concretar un Convenio de Programación a cuatro años entre el Gobierno Regional (Gore) y el Ministerio del Interior (2017-2020), por un monto de $ 28 mil millones.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección del Consejo Regional trabajó en la propuesta, que apunta a financiar los recursos, en una proporción de 70% y 30% por parte de Interior y el Gore, respectivamente. Ello con el fin de dotar a la Policía de Investigaciones y Carabineros de los medios e instrumentos tecnológicos, logísticos y de infraestructura para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones, prestar un mejor servicio a la comunidad y resguardar la vida y los bienes de las personas.

En la última sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el consejero Felicindo Tapia, donde el core René Lues actúa como encargad de Convenios de Programación, participó el intendente Gabriel Aldoney. Expusieron los altos mandos de ambas policías, dando cuenta de la problemática que los afecta.

El 2016 ha estado marcado por graves delitos contra las personas y hechos violentos que han conmocionado a las comunidades de la zona. El pasado 14 de marzo fue asesinado el propietario de una botillería en el sector de Marina Mercante, en Playa Ancha, situación que generó protestas entre los vecinos del lugar, quienes denunciaron los reiterados delitos que los afectan, sumado al creciente tráfico de drogas. El domingo 27 de marzo fue asaltado y asesinado de un disparo un cabo del Ejército, en el sector de Caleta Portales, quien se encontraba junto a su esposa y se resistió a un asalto.

Aburridos de los reiterados robos y asaltos que han afectado a las comunidades de Placilla y Curauma, en Valparaíso, vecinos realizaron una masiva protesta, solicitando un aumento de la dotación para la subcomisaría del sector y la presencia de recursos logísticos para abordar la delincuencia, ya que Carabineros tenía operativo un solo carro policial para atender los requerimientos de más de 60 mil personas.

Tras diversas reuniones de trabajo por parte de los organismos competentes, el estudio en materia de seguridad, tanto en el Gran Valparaíso como en las provincias de la costa e interior, contempla no sólo un diagnóstico inicial, sino que también un conjunto de planes y estrategias para enfrentar la problemática delictual, el cual involucra estrategias transversales en toda la región, pero también reconoce particularidades y diferencias propias de cada zona.

El diagnóstico de seguridad del Gore detectó también dificultades en la coordinación entre autoridades, en el diseño e implementación de proyectos para prevenir la violencia y la necesidad de apoyar a las policías mediante este convenio de programación, que permita al Gobierno Regional aportar recursos para la adquisición de nuevos implementos técnicos y materiales para apoyar y reforzar la tarea que realizan ambas instituciones.

Según el informe, se constató además que, a la luz de las estadísticas y las cifras que manejan las policías, "existe una falta de correlación entre la disminución en los delitos de mayor connotación púbica -delitos violentos y económicos- y la sensación de vulnerabilidad instalada en la ciudadanía, respecto a percibir un efecto contrario, un aumento (no real) en este tipo de delitos".

Durante la sesión de la Comisión de Seguridad del Core, el jefe de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, general Jaime Barría, detalló que la institución cuenta con un "bajo aporte para gastos operacionales", vale decir, sin recursos propios para hacer reparación y mantención de sus vehículos.

La autoridad policial resaltó que el convenio de programación es "algo tremendamente conveniente y que nos aporta muchos recursos que, para nosotros como institución, es difícil gestionarlos".

Añadió que dichos recursos irán focalizados a todas las provincias de la región, existiendo necesidades de personal y medios logísticos.

Barría subrayó que "el recurso humano es el más necesario", resaltando que instalar un nuevo destacamento policial implica destinar el 40% de la dotación para funciones "netamente administrativas".

En materia logística, la institución determinó dejar de usar vehículos convencionales y utilizar del tipo policial "semiblindados", con un motor más adecuado para las actuales necesidades. Se está a la espera de nuevos carros americanos (Dodge), a objeto de entregar un mejor servicio y tener medios apropiados. La primera partida llegaría a fines de año, pero "no va a suplir todas las necesidades que tenemos en la región, lo que ha impedido entregar un mejor servicio a la comunidad".

Sobre nuevas unidades policiales, Barría enfatizó que la opción más viable es contar con cuarteles móviles, ya que "instalar un cuartel es caro en la mantención y en la implementación" y además permite la movilidad hacia las personas y trabajar en forma focalizada.

Respecto a la tecnología aplicada, se pretende mejorar los equipos, tanto para centrales de comunicaciones que atienden las llamadas de emergencia (fono 133), muchas veces saturada producto del mal uso de los usuarios, pero que en casos de auxilio inmediato el tiempo de respuesta no supera los 5 minutos.

Además, se trabaja a nivel regional en un proyecto para dotar de cámaras de televigilancia a todas las comunas, lo cual apunta a generar una baja en la percepción de seguridad.

El diagnóstico del Gore también propone suscribir un convenio de programación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, a objeto de fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales se seguridad ciudadana, a objeto de disminuir delitos y percepción de inseguridad.

$ 15.000 millones requiere Carabineros para reemplazar vehículos, adquisición de cámaras de última generación y equipos computacionales.

$ 13.000 millones en proyectos de infraestrucutura, tecnología y equipamiento requiere la PDI, según los estudios realizados en la región.

2% disminuyeron las denuncias en los últimos 3 meses según Carabineros, lo que se contrapone con la sensación de inseguridad.