Alexis Paredes R.

Aunque las cifras se habían mantenido bajo estricta reserva, ayer Gendarmería dio a conocer inéditos antecedentes respecto a los 724 reos de la región que se acogieron al beneficio de la libertad condicional, otorgado por una comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Según se informó, un 63% (460) de los condenados beneficiados carecía de un informe psicosocial favorable por parte de Gendarmería, dando cuenta que no estaban aptos para reinsertarse en la sociedad.

Sin embargo, los antecedentes más graves se conocieron en la Comisión de Constitución del Senado, a la cual comparecieron la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, quienes analizaron con detalle las cifras de liberados en la región.

Consultado por los niveles de peligrosidad de los casi 2 mil reos liberados en el país, donde la Región de Valparaíso registró el mayor aumento en la tasa, superior al 900% en relación al primer semestre del año pasado, el coronel Arce expuso una realidad local alarmante: 109 de los convictos con libertad condicional en la región poseen "un alto compromiso delictual". Detalló que se trata de reclusos reincidentes, condenados por delitos de alta connotación y "refractarios al sistema".

Las caras de asombro y exclamaciones por parte de los senadores que integran la comisión, presidida por Pedro Araya, fueron aún mayores al develarse que 4 de los liberados en nuestra zona cumplían cadena perpetua simple por delitos de homicidio calificado (2), uno por violación y otro por parricidio, incluso uno cumplía condena hasta el 2075 por violación y secuestro reiterados, mientras que otros 101 reos son autores de delitos de connotación sexual.

Ante la sorpresa por la gravedad de los ilícitos cometidos por los excarcelados, el senador Felipe Harboe (PPD) solicitó para el próximo lunes realizar una nueva sesión donde se revisarán los casos y "analizar el grado de complejidad y de peligro al que se puede someter a la población con este tipo de decisión".

En tanto, el senador Alfonso de Urresti (PS) no ocultó su molestia por la no comparecencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien en un oficio de media carilla manifestó que lo decidido por las comisiones de Libertad Condicional, integradas por jueces de la República, "ha sido en conformidad con lo que dispone la ley", considerando que no es pertinente referirse a sus resultados, por lo que, a su juicio, "nada podría aclararse ni explicar al respecto".

De Urresti aludió a que "estamos en presencia de condenados por alta peligrosidad y en eso quiero excluir a Gendarmería. Si los informes son desfavorables, no está en su atribución el conceder las libertades. Las comisiones que otorgaron el beneficio deben dar explicaciones".

Se espera que dentro de la discusión de la Ley Corta Antidelincuencia se apruebe un artículo que obligue a los jueces a entregar públicamente las razones para otorgar dichas libertades.

"No estoy dispuesto a tener que enfrentar la condena pública por decisiones que no tomamos nosotros y corresponde que el Poder Judicial asuma sus responsabilidades respecto a sus decisiones", espetó el parlamentario.

Al finalizar su intervención de la Comisión de Constitución, la ministra Javiera Blanco enfatizó que no se trata de un cuestionamiento a "un poder que está en ejercicio de sus atribuciones, simplemente el acceso a la información de los criterios, ya que hay tres regiones -Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana- que registran un patrón muy distinto a los primeros trimestres de años anteriores".

Como Gobierno, la secretaria de Estado reconoce que existe preocupación con respecto a las personas que "han accedido a esta recompensa, para aquellos que han evidenciado niveles de rehabilitación y reinserción, es ver que se cumplan las condiciones del otorgamiento. La gente quiere seguridad en sus casas y estamos chequeando con Gendarmería que se cumpla la firma semanal por parte de cada uno de los beneficiados, cuya revocación procede cuando no se presentan a firmar, por cambio de domicilio sin informar o por la comisión de un nuevo delito".

Blanco insistió en la necesidad de "transparentar la información", tomando en cuenta que 109 de los beneficiados en la región registraban un alto compromiso delictual. La autoridad insistió en que el Gobierno "respeta la independencia de los poderes"; sin embargo, por tratarse de resoluciones administrativas, "es bueno transparentar criterios, puesto que llama la atención el patrón que cambió, de tener 80 a 780 personas liberadas en esta región. Sería bueno saber qué ha cambiado".

Blanco aclaró que si la Agenda Corta estuviera en vigencia hoy, para los delitos contra la propiedad, que son el mayor porcentaje de los liberados, "muchos de los beneficiados no habrían podido acceder por un tema de plazo".

El coronel Tulio Arce señaló que los procedimientos realizados por Gendarmería están "apegados a la norma" y que "no es labor de Gendarmería cuestionar las decisiones del Poder Judicial; al contrario, nosotros las cumplimos".

En tanto, un grupo de diputados de la bancada regional de la UDI, María José Hoffmann, Osvaldo Urrutia y Andrea Molina, se reunió con el director regional de Gendarmería, coronel Eduardo Muñoz Bravo, a objeto de interiorizarse de la realidad de los penales de la zona y la situación generada por la masiva liberación de reos.

Al respecto, la diputada Hoffmann comentó que oficiará a Gendarmería conocer en mayor detalle cuáles son los tipos de delitos relacionados con las personas que tuvieron acceso a la libertad condicional. "Lo que más nos preocupa es que la comisión de la Corte haya accedido a la libertad a personas que efectivamente venían con un mal informe. Si bien estaban dentro de una lista que califica, la idea de que exista esta comisión es aplicar la ley con criterio, el cual no se aplicó como en las cuatro versiones anteriores, respecto a que las personas con mayor riesgo delictual no tienen las condiciones para salir en libertad y así lo avaló un informe psicosocial de Gendarmería", acotó la parlamentaria.

El coronel Muñoz clarificó que "una cantidad importante de los liberados cometieron delitos de alta connotación pública y que accedieron al beneficio otorgado por la comisión de la Corte de Apelaciones, entre ellas cuatro personas que estaban cumpliendo cadena perpetua simple, una cantidad importante de penados por delitos de homicidio y abusos sexuales, pero el haber cometido uno u otro delito no es una condicionante legal para ser beneficiado con la libertad condicional".

La diputada Molina acotó que es importante "clarificar los cambios que se deben hacer a la ley", enfatizando que "aquí se está cortando el hilo por lo más delgado con respecto a Gendarmería. Creemos que Gendarmería ha hecho el trabajo, entregó los informes y dejó clarísimo qué reos venían, en qué condiciones y qué informes venían desfavorables. Aquí se aplicó una ley, pero no se utilizó ningún criterio para dejar a más del 90% de las personas liberadas. Acá hay un problema de fondo y de forma, dado que es tremendamente relevante que el informe de Gendarmería sea vinculante con respecto a las decisiones que se tomen en estas comisiones de jueces. En una situación donde la población se siente en peligro con respecto a la delincuencia, no se puede liberar a esa cantidad de reos de la noche a la mañana"

El diputado Urrutia añadió que "el mayor nivel de peligrosidad de reos liberados está hoy en Valparaíso. No consideró el informe psicosocial que hace Gendarmería, como la ley no establece que debe ser tomado en cuenta, la Comisión de Libertad Condicional sólo tomó en cuenta el cumplimiento de la pena y el informe de conducta, el resto se lo pasó por el aro".

"La Comisión debiera revisar caso a caso y explicar sus razones, porque es una señal contraria a lo que pretendemos todos los actores"

Francisco Chahuán, Senador RN

"La población se siente en peligro con respecto a la delincuencia, no se puede liberar a esa cantidad de reos de la noche a la mañana"

Andrea Molina Diputada UDI

Uno de los reos en libertad intentó robar en Limache

Durante la tarde del martes, un sujeto identificado como Juan José Gamboa Gamboa (35), con antecedentes anteriores por robo en lugar no habitado, fue descubierto al interior de una parcela en el sector de Lo Chaparro, en Limache, con clara intención de ingresar al interior del domicilio.

Según comentó el prefecto Roberto Bórquez, jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Limache, se trata de uno de los 724 reos que la semana pasada fueron dejados en libertad por decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La relación se logró determinar luego que uno de los trabajadores del fundo, quien se percató de la presencia del individuo, aseguró reconocerlo como un "delincuente habitual del sector que no veía hace tiempo".

"Se recepcionó una denuncia que nos da a conocer que una persona desconocida había ingresado a un terreno. Se ubicó al testigo que había visto a este sujeto y se realizó un reconocimiento fotográfico, logrando determinar que se trataba de una de las personas que salió en libertad", sostuvo el jefe local de la PDI. Al momento de ser sorprendido, el sujeto huyó del lugar, por lo que se encuentra prófugo por el delito de violación de morada.

394 internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso salieron con el beneficio de la libertad condicional el pasado viernes, tras presentar la solicitud a la Corte de Apelaciones.

4.600 reclusos es la población penal actual en la Región de Valparaíso, de los cuales 2.400 están la cárcel porteña, que redujo su nivel de sobrepoblación de un 159% a un 134%.

4 condenados a cadena perpetua simple fueron liberados por la comisión de la Corte de Apelaciones, entre ellos dos por homicidio calificado, uno por violación y otro por parricidio.