El Gobierno de EE.UU. emitió ayer una alerta de viaje para sus ciudadanos en la que advierte del riesgo de ataques terroristas en Europa durante el verano boreal, particularmente en torno a "grandes eventos" como la Eurocopa, que se disputará en Francia, o el Día Mundial de la Juventud, que se celebrará en Polonia. La alerta, emitida por el Departamento de Estado, estará vigente hasta el 31 de agosto. "El gran número de turistas que visitan Europa en los meses de verano presenta objetivos mayores para ataques terroristas en lugares públicos", detalló el Departamento de Estado al emitir la advertencia.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anunció ayer la apertura inminente de un "campamento humanitario" para refugiados en la capital francesa ajustado a las normas de la ONU, con el que se intenta afrontar la actual crisis migratoria. "Es hora de pasar a la velocidad superior y aportar respuestas", indicó la alcaldesa en conferencia de prensa, donde adelantó que el ayuntamiento está examinando las formas de abrirlo "lo antes posible", aunque su deseo es que esté operativo para dentro de un mes y medio. La representante parisina subrayó la necesidad de acoger a ese colectivo "dignamente".

Mabel González / Agencias

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó ayer la Carta Democrática a Venezuela, lo que puede llevar a su suspensión del ente, por considerar que hay una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático".

"La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad", concluyó Almagro en un informe de 132 páginas.

El ex canciller uruguayo sustentó en parte ese diagnóstico en las denuncias que le trasladó el Congreso de Venezuela, de mayoría opositora.

Así, recurrió al artículo 20 de la Carta para "solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016", fechas que coinciden en parte con la Asamblea General del organismo, en la que participan los cancilleres y que se celebrará entre el 13 y 15 de junio en República Dominicana.

Almagro se convirtió de este modo en el primer titular de la OEA en activar la carta a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno.

"La continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere a equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de DD.HH., procedimiento para el referendo revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país lo cual afecta al pleno goce de los derechos sociales de la población", argumentó Almagro.

"Todo ello implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20", concluyó.

Con este paso sin precedentes se abre un proceso de reuniones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009.

La suspensión implica que el país deja de participar en todas las actividades y en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.

Según EFE, el paso al frente de Almagro responde a su voluntad personal de actuar en la crisis venezolana pese a las reticencias de la mayoría de los 34 Estados miembros de la OEA, que prefieren o bien mantener el silencio de años de la organización sobre esta crisis o adoptar medidas más conciliadoras.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico aprobado para la preservación de la institucionalidad democrática del que se dotaron los Estados miembros de la OEA por unanimidad en 2001.

Es un recurso muy sensible no solo porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización del Estado afectado.

Con esta "invocación" se abre un proceso en el que serán los 34 Estados miembros quienes decidan si, como Almagro, consideran que se ha producido esa "alteración" y las medidas a tomar al respecto.

El Consejo convocado decidirá si existe esa "alteración" por mayoría (18 votos). Si considera que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las gestiones diplomáticas para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".

De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General extraordinaria. En esa instancia, dos tercios de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado en la organización si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".

El Partido de los Trabajadores (PT), de la Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, exigió la destitución de diez ministros del Gobierno interino de Michel Temer, a los que acusó de violar tanto la ética política como la propia Constitución.

La demanda fue presentada por el diputado Afonso Florence ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado al caso Petrobras.

Según el PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones a Rousseff, por lo que queda claro que "negociaron sus cargos antes de las votaciones".

La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendonça Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney Filho; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira. También incluye a Romero Jucá, quien renunció a la cartera de Planificación la semana pasada.

"La votación del proceso de 'impeachment', que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la Presidenta Rousseff", argumentó el PT.

A 19 días de que el Senado aprobó la realización del juicio político, ya hay parlamentarios que votaron a favor en dicha sesión que ahora anunciaron que están evaluando votar en contra cuando se lleve a cabo el proceso. Se trata de los senadores Romario (Partido Socialista Brasileño, PSB) y Acir Gurgacz, del Partido Democráticatico Laborista (PDT). Con esto, la destitución de Rousseff no se concretaría, lo que permitiría su retorno al Gobierno, según O Globo.