Preocupación generó en la comunidad y autoridades de Valparaíso la prohibición de funcionamiento decretada por la Seremi de Salud para la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual (Unacess) del hospital Eduardo Pereira, en Valparaíso, por carecer de autorización sanitaria, recinto que funciona en la subida El Peral, a un costado del consultorio Plaza de Justicia, y donde se controlan y tratan enfermedades de transmisión sexual (ETS), y que dispone de un box de atención de matrón (a), un box médico y una sala de toma de muestras.

La seremi de Salud, María Graciela Astudillo, explicó que "el 12 de febrero de este año fuimos a realizar una inspección, como es habitual, de profesiones médicas al establecimiento de salud, y constatamos que estaba funcionando sin autorización sanitaria. Se levantó un acta y se le hizo las observaciones pertinentes para que ellos iniciaran el trámite de la autorización, sin embargo, en la última inspección que fuimos a hacer, todavía el recinto no cuenta con dicha autorización, por lo tanto, se prohibió su funcionamiento hasta que inicien la tramitación".

"es grave"

El senador Francisco Chahuán calificó la situación de "preocupante", y enfatizó que "claramente es grave que en un hospital como éste no se haya cumplido con resolución sanitaria, de instalación y funcionamiento, dejando a la zona sin un centro de salud".

La seremi Astudillo aclaró que el hospital Eduardo Pereira tiene la posibilidad de "un recurso de reposición y superar todas las observaciones que tienen, y yo entiendo además que las observaciones que se hicieron en febrero están superadas el día de hoy, pero lo que les falta es la tramitación de la autorización sanitaria. Ningún recinto de salud, público o privado, puede funcionar sin autorización sanitaria".

Claudio Ramírez

Aunque en rigor la obligación entra en vigencia el 1 de julio, los agentes del comercio exterior de la región ya comienzan a prepararse para cumplir la normativa del "peso certificado", que responde a un convenio de carácter internacional que exigirá a todos los exportadores del mundo a verificar el peso real de la carga que se está embarcando, incluyendo los elementos de estiba y la tara.

Una realidad que ha provocado varias reuniones entre los actores del comercio exterior. "Esto hay que cumplirlo y por eso lo estamos conversando hace ya un tiempo", manifestó el gerente general de la Asociación Nacional de Armadores (ANA), Ricardo Tejada.

De hecho el 23 de mayo, la Organización Marítima Internacional (OMI) envió una circular que asume que el periodo de marcha blanca, que se prolongará por todo el mes de junio, podría extenderse para permitir al sector adecuarse a la nueva enmienda.

"Acá lo que se quiere cautelar es la seguridad, pues las diferencias de peso en un buque pueden provocar accidentes", enfatizó el ejecutivo.

Responsabilidades

El abogado experto, José Manuel Valderrama, jefe del área Transportes del Estudio Carvallo, manifestó que esta disposición elevará la responsabilidad de los embarcadores.

"Van a tener que mejorar su gestión, hoy saben técnicamente cuánto pesa la carga que llevan, pero el desafío que se impone es que deberán verificar sus instalaciones, o sea tendrán que ser certificadas por un laboratorio chileno reconocido".

A ello, agrega el profesional, se suma una mayor responsabilidad en caso de cualquier contratiempo. "Como va a ser el embarcador el que tendrá que declarar el peso, parte de la responsabilidad de la estabilidad de la nave recaerá en sus manos (...) Por ejemplo si una grúa colapsa porque el contenedor rebasó el peso, habrá una responsabilidad de los exportadores mucho más fuerte", recalcó.

En definitiva, enfatiza que esta normativa busca hacer parte de la seguridad del puerto a los embarcadores y los obliga a cumplir con la normativa de manera mucha más fuerte, añadiendo que en general estaban poco preparados en un principio para enfrentar el tema.

Otro de los elementos que se ha dialogado en el sector es evitar más trámites de los que existen y por ello que la comunicación que hacen actualmente los embarcadores con las navieras y puertos para indicar los pesos se usarán también para certificar la masa bruta. "La idea es facilitar los procesos no generando documentos adicionales", explicó Tejada.

Y aunque lo ideal es realizar el pesaje antes para evitar atochamientos, los terminales de la zona ya están preparados para realizar este trámite si es necesario. "Nuestro terminal se encuentra preparado a nivel tecnológico, administrativo y profesional para cumplir con la normativa internacional que entrará en vigencia en julio próximo, establecida por la OMI, y que busca garantizar la seguridad de las naves. Moviliza el 99% de la carga en contenedores del puerto de Valparaíso y hemos realizado las inversiones necesarias para que nuestros clientes puedan contar con la certificación del peso", comentó el gerente comercial de TPS, Javier Valderrama.

10% es el margen de tolerancia para un contenedor con carga agropecuaria. Para el resto será sólo un 5%.

1 de julio entra en vigencia la nueva normativa para todo el comercio exterior del mundo.