Katherine Escalona M.
Una hora duraron los alegatos realizados ayer, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, como parte del recurso de protección que interpuso el titular del proyecto del hotel Decameron en las dunas de Ritoque, la Constructora Riviera Limitada, en contra del secretario regional ministerial (seremi) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Rodrigo Uribe, quien en la tramitación ambiental del proyecto precisó, a través del oficio N° 883, que los permisos de la obra "no se encontrarían vigentes".
Esta frase, afirma el abogado Arturo Fermandois, representante de la empresa que es dueña del terreno donde se pretende construir el hotel de la cadena colombiana Decameron, complica al privado y perturba la realización de la tramitación ambiental de la iniciativa, porque los permisos están vigentes por parte de la Dirección de Obras de Quintero. Ante la Corte, Fermandois describió la situación como "inmanejable, anárquica y perturbadora".
- ¿Qué es lo que buscan con el recurso?
- Aquí lo que estamos buscando, en un estado de derecho, es que las diferencias que tengan los servicios públicos y las discrepancias en sus propias interpretaciones se conduzcan como corresponde frente al titular de permisos de construcción. Aquí estamos aclarando que las cosas se hagan como la ley ordena y no en forma oblicua, en un verdadero compra huevos jurídico, que es el que ocurre en esta situación. Hemos pedido a la Corte que restablezca el imperio del derecho y ordene al seremi atenerse a lo que las cosas son y no a las que se imagina que son. Y en este sentido, existen dos permisos válidos que no han sido dejados sin efecto y que no existe siquiera un procedimiento que amenace su validez.
- ¿Por qué a su parecer se produce esto, cuál es el trasfondo de la situación?
- Que los dictámenes de la Contraloría se aplican a funcionarios públicos, pero no a los particulares, los particulares se rigen en su relación con el Estado a través de la ley administrativa; y mientras los actos administrativos no sean dejados sin efecto por los funcionarios competentes, los permisos siguen perfectamente válidos y las autoridades deben abstenerse de contaminar los procedimientos con opiniones que contradicen lo que las leyes aseguran.
- Usted mencionó que había arbitrariedad en las opiniones emanadas de la Seremi, ¿por qué?
- El seremi tiene su opinión técnica, que yo la respeto, así como toda su asesoría profesional, pero aquí estamos discutiendo otra cosa, en este recurso no se está discutiendo la validez de los permisos, aquí se está discutiendo si el seremi puede seguir afirmando que no están vigentes cuando yo tengo certificado lo contrario, eso es lo que estamos discutiendo en este recurso. Y el trasfondo, que no es parte de este recurso, es muy sencillo: el año 2008, el seremi Minvu en el cargo a la época estimó que el uso de suelo de Ritoque permitía este proyecto y dio una opinión favorable. El año 2015 el seremi estima que no procede ese uso de suelo; esto se llama retractación, volver sobre sus pasos, y debe conducirse con los plazos y los procedimientos que la ley establece, y lamentablemente para los que pretenden la invalidación, esos plazos están vencidos.
- ¿Quién toma la determinación de la validez?
- El órgano que debe interpretarlos es el director de Obras, quien los ha estimado perfectamente vigentes, puesto que no comparte técnicamente la opinión de aquel dictamen, discusión que a nosotros, como titular del permiso, nos es indiferente porque los dictámenes de la Contraloría no son aptos, como acaba de decir la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el caso Inmobiliaria Viña del Mar, conocido como mall Marina Arauco, para invalidar los actos administrativos.
- Usted en la audiencia dijo que había tenido una reunión con el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Alberto Acuña, y él habría manifestado que estaba complicado. ¿Qué se debatió?
- Estuve con el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que nos merece el máximo respeto, y fuimos tratados con mucha cordialidad. Le pedimos que la tramitación respectiva continúe y eso está en manos de otros profesionales. No quisiéramos que una frase lapidaria como la que acaba de emitir el seremi y que hemos pedido que corrija, perturbe, contamine un procedimiento que requiere de cuantiosas inversiones para la aprobación de la Evaluación Ambiental.
- ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ha dictaminado la Contraloría?
- Aclaremos una confusión que parece tener todo el mundo: no hay nada pendiente en materia de caducidad de permisos, los permisos han sido ratificados en su validez por el director de Obras, lo único que podría existir pendiente es un sumario administrativo respecto del director de obras, pero la caducidad la declaran los tribunales y no hay ningún procedimiento en tribunales ni tampoco en un órgano administrativo que se esté tramitando o cuestionando la caducidad. Y esa es la razón por la cual estimamos esta situación un concierto de injusticias para la institucionalidad urbanística.
"Hemos pedido a la Corte que restablezca el imperio del derecho y ordene al seremi atenerse a lo que las cosas son y no a las que se imagina que son (...) existen dos permisos válidos"
"Esto ha producido un grave perjuicio a un proyecto que tiene altos estándares ambientales, los más altos estándares paisajísticos, y que va a dar empleo a cerca de 400 personas en la zona de Quintero"
