Mediante la Ley 20.844, de 2015, que modifica la 19.327, se refuerzan normas para erradicar la violencia de los estadios. Buenas intenciones y resultados poco satisfactorios. Hay diferencias sobre responsabilidades, costos de la seguridad, presencia de Carabineros y empleo de guardias privados.
Prueba contundente de la difícil aplicación de la ley se dio en Valparaíso el 6 de diciembre pasado, con ocasión de un encuentro entre Santiago Wanderers y Colo Colo que debió ser suspendido. La violencia que estalló en el estadio se extendió a las calles, con actos de vandalismo, apedreamientos y ataques con arma blanca contra las personas.
Hubo numerosos detenidos y se abrió un proceso con impresentable desenlace el jueves pasado. La jueza de Garantía, Nora Barahona, absolvió a dos barristas santiaguinos imputados, estimando que las pruebas presentadas por el fiscal, Javier Carrasco, eran insuficientes, resolución frecuente en múltiples casos. Pero lo peor fue que en el mismo fallo la querella presentada inicialmente por la Gobernación de Valparaíso fue declarada abandonada. Ello, ante la ausencia de los abogados de esa repartición en la audiencia correspondiente.
Indignación hasta en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Un abogado de la Gobernación despedido y otro sumariado. Se busca, además, alguna salida para revertir la resolución del tribunal y en el flanco político se pide la salida del gobernador provincial de Valparaíso, Jorge Dip, por aquello de la "responsabilidad del mando".
Entretanto, hay otras dos causas abiertas contra 20 imputados por daños, desórdenes y porte de armas. ¿Cuál será el resultado de esas causas? Por cierto, después del bochorno del pasado jueves tendremos una activa y diligente presencia de abogados y se buscará valorizar evidencias, que pese a su contundencia, pueden considerarse "insuficientes" en el tribunal. Y eso no es todo: tres querellas por desmanes presentadas por abogados de la Municipalidad de Valparaíso ya se cerraron sin culpables.
Así, queda evidencia, una vez más, la indefensión, el temor que amenaza a las personas, sus bienes, sus actividades y hasta su esparcimiento, como es el deporte.
Pero este caso deja a la vista una exigencia mayor: más que la calidad de la ley misma, con insuficiente penalidad: el celo, la voluntad firme de todos quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir desde el momento mismo en que se abren las puertas del estadio hasta cuando posibles ilícitos y sus autores llegan a los tribunales. Y ese mismo celo se echa de menos en muchos casos.