Muchas escuelas y universidades de la región se encuentran movilizadas. A diferencia de años anteriores, hoy destacan universidades privadas, especialmente algunas de propiedad de la multinacional Laureate, cuyos estudiantes explicitan la disonancia entre el contenido del derecho a la educación y lo que viven en instituciones mercantilizadas. Incluso, se ha afirmado que un parámetro para juzgar la reforma al sistema de educación superior será la permanencia de Laureate en Chile, lo que marcará el destino de decenas de miles de estudiantes. Ello manifiesta la profundidad de la reflexión en la que el país está inmerso.

A esta reflexión estamos todos y todas convocadas, aunque es necesario reconocer que existe un clivaje que determina cómo la recibimos, particularmente quienes pertenecemos a comunidades académicas. Este clivaje explica las diferentes lecturas del movimiento estudiantil, no sólo del que ya cumple 10 años, sino de aquel que viene manifestándose contra las legislaciones aprobadas desde 1981 y las políticas públicas de las últimas décadas.

Básicamente, hay quienes ven este movimiento como el resultado de demandas gremiales, particulares. Es decir, que el contenido de esta reivindicación pretende satisfacer intereses particulares de grupos de estudiantes que sólo buscan estudiar gratis y aliviar sus finanzas familiares. Otros vemos en esta movilización un interés general, donde la demanda por educación pública, gratuita y de calidad responde a la aspiración por una sociedad más justa, democrática e inclusiva, donde los beneficios de la vida en comunidad puedan ser compartidos por todas, con independencia de las fortunas personales.

Es una diferencia política fundamental de la que se desprenden diversas consecuencias y que nos sitúa, legítimamente, en veredas diferentes. No responde a criterios académicos ni depende de nuestra condición de profesores, estudiantes o funcionarios. Es una diferencia política que explica nuestras posiciones en este movimiento social.

La educación, y en especial la educación pública, es uno de los pilares de la república democrática; no puede ser abandonada a las leyes del mercado. Repugna con mis convicciones que alguien sólo reciba la educación por la que puede pagar, o que una institución la imparta porque así puede lucrar. Ni las instituciones proveen servicios, ni los estudiantes adquieren bienes. Se trata de derechos.

Modificar la educación es clave para la construcción de una sociedad justa y democrática, mínimamente coherente con la pretensión igualitaria y emancipadora de los derechos. No es una reivindicación que pertenezca a los estudiantes, sino una que convoca a quienes vemos en la educación de mercado uno de los peores vicios de la sociedad actual, que rechazamos la mercantilización de este y de muchos otros espacios de la vida. Sobre esto, los sectores conservadores tienen, legítimamente, lecturas diferentes.

Sinceradas nuestras posturas en este clivaje político, podremos conversar con franqueza, por ejemplo, sobre formas y estrategias.

Profesor de Derecho,

Universidad de Valparaíso

Jaime Bassa