Pamela Boltei
La suspensión de tres altos funcionarios del Gobierno Regional instruyó la fiscal interna de la Intendencia, Daniela Núñez, que realiza el sumario administrativo que finaliza este martes y que investiga posibles irregularidades en la adjudicación, el año pasado, de tres proyectos por $172 millones.
Se trata del jefe de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), Guillermo Orellana; de Alexis Bustos, exjefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), actual asesor del intendente regional Gabriel Aldoney; y de Nelda Garcés, funcionaria de confianza de Bustos en la Diplad.
Incautación de PC
Además, durante la mañana de ayer, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron el computador que Nelda Garcés,- una de las funcionarias de la Diplad investigadas y suspendidas- ocupaba en dicha oficina, para periciarlo en el marco de la investigación que inició en mayo de este año la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, junto a la Brigada de Delitos Económicos.
El 12 de mayo de este año, la consejera regional, Evelyn Mansilla (RN), presentó ante el Ministerio Público una denuncia por eventuales irregularidades administrativas y posible fraude al Fisco en la adjudicación de proyectos de consultoría territoriales en el Gobierno Regional. Mansilla dio cuenta de una serie de anomalías administrativas y posibles faltas a la probidad de la Diplad en la licitación pública de dos consultorías territoriales para Cabildo y Petorca, por $ 70 millones cada una, proceso en el cual se habría modificado la comisión evaluadora, cuyos integrantes pasaron a ser funcionarios de confianza del exjefe de la Diplad. Adicionalmente, se denunciaron posibles irregularidades en el trato directo realizadol, en noviembre de 2015, con la Consultora Signo Limitada, para la elaboración de un Programa Comunicacional y Participación Ciudadana solicitado por la Diplad, por un monto de $32 millones.
El intendente regional, Gabriel Aldoney, dijo que la suspensión de los funcionarios es parte de las facultades de la fiscal, y que espera el resultado final de la auditoría el martes.
"Siempre que he estado en este tipo de situaciones aplico la recomendación que el fiscal hace, salvo que falten diligencias o aclaraciones. Me preocupo que haya un debido proceso, esa es mi obligación, no cuestionar las sanciones que el fiscal proponga", dijo.
Lo que queda por resolver, informó, es la designación de un nuevo fiscal de mayor grado que los investigados, para que, tras la entrega del sumario este martes, pueda ejercer las sanciones, si corresponden.
Sobre la suspensión de su asesor, el jefe regional afirmó que el que trabaje con él "no implica ningún sentimiento de favoritismo, yo actuaré objetivamente".
$172 millones es el dinero
que costaron las tres adjudicaciones de proyectos investigados por fraude.