Como un gran desafío. Así se toma su rol de interpeladora la diputada y presidenta de la comisión investigadora del Sename, Marcela Sabat (RN), quien estará a cargo del interrogatorio fiscalizador a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, durante la primera semana de agosto si es que se aprueba la interpelación la próxima semana.

-¿Por qué interpelarla?

-Hoy existe un consenso amplio respecto a la pertinencia de esta interpelación. Hubo hasta una solicitud de la bancada de independientes con esta misma causal. Y también se ha planteado tener respuestas de la ministra sobre lo que está ocurriendo en el Sename. Ahora desde el ámbito ciudadano y existe la sensación de que efectivamente no se están cumpliendo la metas ni siquiera los objetivos básicos.

-¿Cómo se está preparando para esta interpelación?

-Lo más importante son los antecedentes que podamos recabar de los distintos personeros que han estado inmersos en la administración de estos servicios que están tan mal evaluados y que están en la crítica de todos. También estamos teniendo reuniones en terreno justamente para tener estas conversaciones y ver de primera fuente los problemas que nos han hecho llegar.

-Como interpeladora ¿qué piensa de la ministra Javiera Blanco?

-Su gestión ha resaltado por falta de medidas de supervisión, por omisiones y por algo que han denotado los presidentes de las asociaciones de cada uno de los servicios que no se sienten escuchados y eso también denota una falta de vínculo con los problemas reales que se arrastran de administraciones anteriores.

-¿Qué espera la oposición de la ministra?

-Un punto de inflexión. Que las decisiones técnicas tengan mayor peso que los cuoteos políticos; que reconozca responsabilidades que ella misma ha determinado y tiene que ver con una falta de acciones concretas.

-Cuál es a su juicio el objetivo de esta interpelación? El gobierno ha insistido en que es una oportunidad para que la ministra pueda explicar lo que se ha hecho.

-Tenemos dos enfoques. El primero tiene que ver en particular con Gendarmería. Hoy sólo se ha dedicado a instruir sumarios y medidas que para nada han sido suficientes. Y eso denota una falta de supervisión y omisión de medidas preventivas que debía haber adoptado tras los antecedentes que le hicieron llegar funcionarios del servicio de Gendarmería respecto de la situación de las pensiones. Un hecho que claramente revela que hubo una maquinación estratégica de movimientos de remuneraciones para abultar estas pensiones de un porcentaje tan pequeño de gente, y que además resultaron ser dirigentes políticos. Todo esto muestra que de parte de la Nueva Mayoría sí hay cuoteo, lo que quedó demostrado con el respaldo que le dieron a la ministra Blanco los dirigentes de los distintos partidos de esa coalición.

-¿Y en el caso de el Sename?

-Ahí no nos perdemos. Sabemos que es un problema de arrastre que existe como política de Estado. Es una crisis histórica y donde no se ha tomado la decisión por parte de ningún gobierno de buscar una solución integral, una reingeniería, pero también poniendo el enfoque en una discusión de Estado y que tiene que ver con una política de infancia que hoy no existe. Desde ese punto de vista queremos que la ministra se comprometa de cara a la ciudadanía con respecto a las medidas necesarias y urgentes que hoy necesitamos como Servicio Nacional de Menores, donde se hace evidente una política interministerial que sustente efectivamente todo lo que se necesita hacer.

- ¿Y en el caso de la Corporación de Asistencia Judicial?

-Bueno ese es otro servicio que acarrea una crisis importante con más de dos mil millones de pesos de déficit y que, además, se suma a la crítica de la asociación de funcionarios de los otros servicios. También es un punto de vista relevante a tener en cuenta en una gestión que no ha escuchado a los funcionarios de los distintos servicios .

-Los mismos funcionarios han señalado que la salida de la ministra no es una solución. ¿Si la interpelación no deja satisfecha a Chile Vamos presentarán una acusación constitucional?

-Creo que hay que desdramatizar la interpelación como herramienta fiscalizadora. Bajo el mandato de la Constitución tenemos la posibilidad de citar hasta tres veces a una ministra de Estado para hacerle preguntas sobre su gestión y en especial cuando existen crisis que tienen un consenso político. Y creemos que esta herramienta fiscalizadora es, además, complementaria a otras alternativas que están accionando como son las comisiones investigadoras del Sename, que yo presido, y la que se acaba de aprobar sobre las pensiones de Gendarmería. La interpelación es una herramienta más y desde ahí queremos respuesta y reconocimiento de responsabilidades de parte de la ministra.

-Y la acusación constitucional ¿de qué dependerá?

-Tiene que basarse en antecedentes serios. Una eventual acusación constitucional se va a evaluar según los antecedentes que provengan de las comisiones investigadoras.

-¿Qué le parece que en medio de la polémica por supuestas pensiones irregulares la ministra salga, tras un reportaje de televisión, anunciando desvinculaciones por supuestas licencias fraudulentas de gendarmes? ¿No es un despropósito?

-Es una situación que demuestra nuevamente la falta de supervisión de la ministra con las personas que están a su cargo. Y sin duda que le faltó mayor decisión con el tema de las pensiones. Creemos que las pensiones es una situación de fondo que ella no cree pertinente adecuar. Tenemos a un asesor directo, su jefe de gabinete, que presentó un recurso contra la Contraloría por un jubilazo personal. Cuando existen antecedentes tan directos por parte de la ministra con asesores que trabajan con ella, claramente uno se da cuenta que tiene que ver con una falta de aplicar medidas no por omisión, sino porque efectivamente cree que no debe hacerlo. Además ha insistido en que se trata de irregularidades y nosotros creemos enfáticamente y es el objetivo de la interpelación que se trata de ilegalidades y que ha habido fraude con estos movimientos estratégicos que terminen con pensiones millonarias de militantes reconocidos de la Nueva Mayoría.

-O sea como oposición hubieran esperando de parte de la ministra una reacción con las pensiones tan dura como fue con el tema de las licencias?

-Sí, nos habría gustado que hubiera sido más dura en condenar esos hechos.

-¿Qué le parece el cambio de director de Gendarmería?

- Sabemos que el cambio no suscita aprobación en los funcionarios, pero también hay que ser serios y hay que reconocer que es una señal, que si bien no es suficiente, puede empezar a generar cambios. Efectivamente la ministra tiene que dar un vuelco en las acciones en la política de decisiones respecto a lo que está ocurriendo en Gendarmería que tiene que ver con un cuoteo político que no ha dejado que las decisiones técnicas de carrera funcionaria -que son las demandas de los funcionarios- puedan ser realidad porque hay un paragua de militantes políticos que muestra que la institución es una pagadora de favores de la Nueva Mayoría.

-¿Cree que en el contexto de la comisión investigadora debiera aclararse el rol del actual ministro de Defensa y ex de justicia, José Antonio Gómez, en todo esto?

-Sí, creemos que todas las acciones de la administración anterior se vinculan con las responsabilidades que la ministra no fue capaz de zanjar.

-¿O sea ella hereda una gestión irregular?

-Ella claramente hereda una administración en crisis pero tampoco fue capaz de hacer las correcciones a tiempo.

"La falta de medidas por parte de la ministra en el caso de las pensiones millonarias no es por omisión, sino porque ella cree que no debe hacerlo. Ha insistido en que son irregularidades y nosotros creemos que son ilegalidades y fraude"

"En el caso del Sename no nos perdemos. Sabemos que es un problema de arrastre porque ningún gobierno ha buscado una solución integral, poniendo el enfoque en una discusión de Estado y que tiene que ver con una política de infancia que hoy no existe"