Alexis Paredes R.
De acuerdo a cifras del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, la cifra de extranjeros en nuestro país se elevó en los últimos 30 años de 83 mil migrantes, en 1982, a 411 mil registrados en 2014.
Entre el 2010 y 2014 se registró el mayor crecimiento de residentes extranjeros en toda la historia, con un 2.3%, según las estimaciones del INE y el DEM, tomando como fuente los permisos de permanencia definitiva. La cifra de La Región de Valparaíso concentra el 5.8% (23.761) del total nacional de migrantes internacionales, el cuarto lugar después de la Metropolitana (61.5%), Antofagasta (6.9%) y Tarapacá (6.0%). En los últimos diez años, la presencia de migrantes aumentó en un 41%, pasando de 16.876 en 2005, a 23.761 en 2014, cifra que se mantienen en aumento.
Sin embargo ese fuerte crecimiento migratorio no se ha visto aparejado con adecuadas políticas de Gobierno para atender los requerimientos de esta nueva población que se integra al territorio nacional.
El actual Programa de Gobierno establece la necesidad de modificar la legislación migratoria, incorporando las temáticas de inclusión, integración regional y derechos humanos, a los que se suma la jurisprudencia de tribunales, con respecto a la relevancia que tiene la protección de los derechos de los migrantes en los ámbitos administrativos y judiciales, así como los compromisos internacionales suscritos por nuestro país.
A nivel regional la situación es compleja, ya que el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Gobierno Interior, ha enfrentado una serie de inconvenientes para el correcto funcionamiento.
El servicio, que actúa como ente sancionatorio de todos los infractores a la Ley de Extranjería, posee apenas dos funcionarios para atender, en promedio, entre 25 y 50 personas diarias. Muchos de los recurrentes no manejan bien el idioma y tienen la premura de agilizar los trámites para cancelar multas y sanciones para regularizar su permanencia en el país, a riesgo de ser expulsados, con causales como visas vencidas, trabajar sin visa laboral o infractores de ley -algunas tan graves como tráfico de drogas de hasta trata de personas-, todo lo cual es fiscalizado por la PDI.
A principios de semana, las oficinas del DEM fueron trasladas desde el piso 18 al zócalo de la Intendencia Regional, generando una serie de trastornos en la atención de los extranjeros. El miércoles dicha repartición debió permanecer cerrada, ya que, producto del cambio, el sistema computacional estaban sin conexión.
"Da rabia que nos cambien al sótano, es un lugar horrible. El trato con los extranjeros es humillante, nos atienden en las bodegas. Da la impresión de una actitud racista y humillantes, no más discriminación", alegó un residente colombiano que se encontró con las puertas cerradas, dando cuenta de su molestia.
Consultado por el nivel de atención que se le brinda a los extranjeros y la infraestructura con que se cuenta para la alta demanda, el intendente Gabriel Aldoney manifestó que "el Estado tiene falencias de capacidad en varios sectores ya que, efectivamente, en Chile se está produciendo una situación nueva con los procesos migratorios. Esto no solo tiene que ver con las actividades de inscripción y control, que son más bien administrativas, sino que también hay problemas laborales, educacionales, habitacionales que se van generando, y eso hay que enfrentarlo". Aldoney reconoce que han aumentado los trámites administrativos y legales que llegan a realizar a dicha repartición los extranjeros, sin embargo respecto a las críticas por la falta de infraestructura, argumenta que "yo no he detectado deficiencias tan extremas como para tomar medidas, pero sí creo que es un problema que como país debemos analizar de manera más detenida".
Sobre la falta de una adecuada dotación de funcionarios y mejores medios para las tramitaciones, sostiene que, como en otros ámbitos en nuestro país, "en general las políticas migratorias están centralizadas, no concurren recursos propios de las regiones para poder resolverlos", insistiendo en que "tomará nota" respecto a los antecedentes expuestos por este Diario, pero existen decisiones "que vienen de nivel central", remarcó el intedente.
Las gobernaciones juegan un rol preponderante en materia de extranjería, principalmente con respecto a las solicitudes de visa de residencia temporal - estudiantes, motivos laborales o profesionales, la cual permite realizar cualquier tipo de actividad por el lapso de un año- o la residencia definitiva.
También deben atender a los tripulantes de paso, por ser zona portuaria; tramitar nacionalizaciones, refugiados, permanencias definitivas y otorgamiento de visas Mercosur.
El gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, aclaró que más allá del control y el otorgamiento de visas, se está llevando adelante una mesa de migrantes. "Es una iniciativa propia, y el propósito es dar una visión integral al tema de los extranjeros. En esta mesa participan representantes consulares y también algunos servicios públicos. Esto debido a que muchos extranjeros no hablan el idioma o tienen otra cultura. Entonces, la idea es que sean bien recibidos por la sociedad y puedan integrarse adecuadamente y sean un aporte para la comunidad", dijo Dip.
Durante la primera parte del año, a través de su Departamento de Extranjería, la Gobernación de Valparaíso atendió más de 2.200 solicitudes de residencia; tramitó más de mil solicitudes de autorización de trabajo y casi 600 solicitudes de permanencia definitiva.
A nivel provincial, las nacionalidades que registran mayor crecimiento en solicitudes de visa en los últimos dos semestres son los venezolanos (768), peruanos (614), colombianos (597), argentinos (411) y haitianos (38).
