A fines de los años 50 y a principios de los 60 del siglo pasado se produce una notable inflexión urbanística en Viña del Mar: desparece el gran circuito industrial que cubría el borde costero de la comuna desde Ocho Norte hasta cerca de Las Salinas. Cambios productivos, por una parte, y violentos temporales, por otra, hicieron desaparecer numerosas plantas productivas y surgían así valiosos espacios para desarrollar en ese borde costero proyectos inmobiliarios.
En ese contexto aparece la llamada Ley Lorca, inspirada por uno de los más destacados alcaldes que ha tenido la ciudad, Gustavo Lorca Rojas, y cuyo espíritu era preservar la continuidad y vista de ese borde costero. Se fijó así un alto quórum municipal para aprobar propuestas constructivas y, finalmente, se ganó la visión oceánica que hoy se disfruta. Es decir, se agregó un nuevo valor a la ciudad y las edificaciones sólo se pudieron desarrollar en el lado oriente del eje formado por las avenidas costeras, salvo algunas excepciones.
Ahora, con los factores del cambio climático, los riesgos de tsunamis, los mapas de inundación y los antecedentes sísmicos de varios sectores, se pide actualizar la norma.
Esa posición es lógica y va de acuerdo a los tiempos, a una nueva realidad, pero cualquier cambio debe preservar el espíritu original de la iniciativa, precursora de hace más de medio siglo: evitar que el borde costero sea bloqueado con edificaciones, cualquiera sea su uso.
En el tema de las modificaciones deben contemplarse varios aspectos, además de los estudios actualizados, como son las modificaciones al plan regulador comunal, tanto en Viña del Mar como en Concón, nueva comuna para la cual también rige la Ley Lorca, y la potestad del Concejo comunal sobre edificaciones en el área.
Dentro de este cuadro es fundamental establecer condiciones de seguridad para el borde mismo y buscar financiamiento para obras de protección en consonancia con la fuerza del oleaje y marejadas. Inversiones "de compromiso" simplemente significan dispendio de recursos públicos.
Además, una eventual modificación de la normativa actual debe considerar el importante cambio urbano, hasta ahora sin fecha de inicio, que significará el uso de los amplios terrenos que por años ocuparon las petroleras en el flanco oriente de la avenida Jorge Montt.
Toda esta realidad debe ser analizada con prolijidad, con mirada de futuro, con el fin de evitar que la posible actualización de una ley que logró preservar el valor del borde costero se convierta en un arma de doble filo y termine, como mucha otras modificaciones legislativas, siendo un conjunto de parches y remiendos improvisados y disonantes dentro de una normativa precursora.