Brasil comenzó la cuenta regresiva para despejar el futuro político del país. Esto después de que el Senado anunciara el viernes que a partir del próximo 25 de agosto se iniciará el juicio final que decidirá si la Presidenta suspendida, Dilma Rousseff, se alejará definitivamente de su cargo o retomará el poder.

El Senado informó la fecha después de que la defensa de la gobernante entregara por escrito sus alegatos. El abogado de la defensa, José Eduardo Cardozo, fue notificado oficialmente de la fecha una vez que presentó un grueso documento, con los mismos argumentos entregados hasta ahora a favor de Rousseff.

Las esperanzas de la Presidenta suspendida para recuperar su cargo han ido disminuyendo, ya que el Senado aprobó el miércoles por 59 votos un informe que recomienda destituir a la Presidenta, mientras que sólo 21 parlamentarios votaron en contra de dicho documento.

La Presidenta, que está suspendida de su cargo desde el 12 de mayo luego ser acusada de maquillar las cuentas fiscales y autorizar gastos sin aprobación del Congreso brasileño, apeló esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender el juicio, el cual considera "ilegal".

Por otra parte, intenta convencer a los senadores para obtener un resultado a su favor en la votación final, la que debería ser entre el martes 30 y el miércoles 31 de agosto.

El juicio de destitución se iniciará cuatro días después del término de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y será dirigido por el presidente de la Corte Suprema brasileña, Ricardo Lewandowski.

Para esa fase, la defensa confirmó que convocará a seis testigos, entre los que figuran funcionarios vinculados a la gestión de los presupuestos en el Gobierno de Rousseff, además de Nelson Barbosa, quien fue ministro de Planificación y de Hacienda de la Mandataria.

La parte acusadora, en tanto, tendrá derecho al mismo número de testigos, pero según anunció esta semana, solamente presentará tres, entre quienes figura el fiscal del Ministerio Público de Cuentas, Júlio Marcelo de Oliveira, quien detectó las maniobras fiscales en las que se fundamentan los cargos a los que responde Rousseff.Para que se apruebe la destitución de la Mandataria brasileña, es necesaria una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) entre los 81 senadores, una cifra que se ve posible ante los ojos que miran como favorable la salida de la mandataria después de la votación realizada esta semana en la Cámara Alta.

Dilma Rousseff fue reemplazada de manera interina por eñ que era su vicepresidente Michel Temer, quién fue uno de los mayores impulsores del impeachment en contra de la Mandataria. De esta forma, si la Presidenta es destituida de manera definitiva de sus responsabilidades, Temer sería quién asumiría la Presidencia del país hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Gobierno de Dilma Rousseff perdió fuerza tras una fuerte recesión económica, además de las acusaciones de corrupción que lo vincularon a una red de sobornos en la estatal Petrobras, la que alcanzó a gran parte de la elite política.

En cuanto al cargo presidencial, si la actual Presidenta es definitivamente destituida de sus responsabilidades se convertirá en el segundo Mandatario brasileño que pierde su status a manos del Congreso en 24 años, después del hoy senador Fernando Collor.