La decisión del juez del Tribunal de Garantía de Valparaíso, Juan Carlos Maggiolo, de dejar en libertad a los cinco imputados por los disturbios ocurridos el pasado 21 de mayo que terminó con la muerte del funcionario de la Cormuval, Eduardo Lara, produjo reacciones adversas por parte de varias autoridades, familiares de la víctima y de la población en general.

Ayer, en conversación con radio Cooperativa, el ministro de la Corte Suprema y vocero, Lamberto Cisternas, explicó la situación. Según dijo, vio cuando el juez dictó su resolución, momento en que "hizo presente que para él estaba clarísimamente configurado el delito, pero que no le daban suficientes fuerza ni convicción los elementos de prueba acompañados para acreditar la participación de estas personas".

Por lo mismo, "si él no está convencido de la participación, los deja con medidas cautelares pero de menor intensidad que la prisión preventiva. Hay que entender que el Ministerio Público hace una presentación frente al tribunal y el tribunal en el debate que se produce obtiene en definitiva la convicción de que si existe o no participación, y si no tiene convicción es imposible exigirle que los deje preso".

Desde su perspectiva, el rechazo que se ha producido ante la decisión de Maggiolo, tiene que ver con el funcionamiento de las comunicaciones hoy en día, ya que el que "se haya podido detener a estas personas, lo que se sabe casi al instante y se ve incluso el momento en que se les detiene y cuando se les conduce al tribunal, suscita en la gente la idea de que esos son efectivamente los autores y van a ser declarados culpables de manera definitiva, en circunstancias que esto es sólo la formalización", por lo que "el descontento es porque no se satisface algo que por anticipado, dada la dinámica de las comunicaciones, la gente entiende o subentiende que estaba resuelto".

Lo sucedido el jueves en el tribunal también levantó críticas en torno al trabajo del fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, precisamente porque el magistrado consideró que las pruebas eran insuficientes para decretar la prisión preventiva de los jóvenes que solicitaba el Ministerio Público.

Sin embargo, el jefe comunal Jorge Castro, quien es uno de los querellante del caso, lo respaldó: "Como alcalde no concuerdo con opiniones que han criticado su accionar porque reconozco la labor que ha hecho".

Desde su perspectiva, Cristián Andrade "ha hecho todas las indagatorias y ha reunido la documentación que pueda dar con los autores de lo que fue esta catástrofe". Y lo sabe porque "a través de la dirección jurídica, tuvimos acceso a los tres tomos de investigación y entendemos que la ha dirigido en forma responsable".

Es por eso que considera que Andrade "ha reunido pruebas contundentes en un caso de encapuchados en que normalmente se archivan las investigaciones y quedamos en nada. Hoy hay un caso para investigar y como municipio haremos todo lo posible para que se llegue a la verdad".

Castro, además, confirmó que "apelaremos la decisión judicial precisamente porque estimamos que la investigación ofrece antecedentes serios sobre la participación de los imputados en el incendio con resultado de muerte de don Eduardo Lara". Los querellantes e intervinientes tienen cinco días para apelar.

"Apelaremos la decisión judicial precisamente porque estimamos que la investigación ofrece antecedentes serios"

Jorge Castro, Alcalde de Valparaíso"

"El descontento es porque no se satisface algo que por anticipado, dada la dinámica de las comunicaciones, la gente entiende o subentiende que estaba resuelto"

Lamberto Cisternas, Ministro de la Corte Suprema"