Al definir lo público o lo privado no sólo deviene una descripción de términos, también se evidencian posturas que nos identifican con una cultura que ha demostrado poca experiencia en abordar temas de ciudad de manera "co-laborativa".

Por una parte, la política como contexto público ha caído en un enjuiciamiento permanente por el individuo, quien en distinto rol también ha caricaturizado al mundo privado, generalizando hasta llegar a absolutos del tipo "todos ladrones", "todos corruptos" o "la política no vale nada", reduciendo, generalizando y extremando posturas que caen en juicios a veces infundados y cuya exacerbación nos confronta sin salida, en una paranoia descomprometida con la importancia de construir y cuidar la sociedad de la que somos parte.

Estos trazos de generalidades traen el problema que no permiten distinguir la queja sin propuesta, de las ventanas de colaboración en la discrepancia que permiten los disensos con propuestas. Haber llegado a este estado de ánimo nos impide ver con claridad la importancia de esa colaboración para impulsar el desarrollo, lo cual, además, es una actitud irrenunciable en una sociedad que pretende ser participativa.

Entonces, la disputa entre el individuo y el colectivo es no percatarse que el conjunto de individuos hace sociedad y que decididamente ha de resguardar el bien común. Lo privado y lo público no pueden ponerse en contradicción o en alternativa, considerando que es en la ciudad, donde convergemos en un mismo espacio.

Así, cuando queremos tutelar algo que apreciamos como sociedad, un bien público, como podemos interpretar que es y ha sido el borde costero de la ciudad de Valparaíso, esté o no protegido por alguna convención o legislación ¿qué figura podemos crear para definir y resguardar su desarrollo y futuro, alejándonos de prejuicios y formas quizás obsoletas de construir ciudad?

¿Cómo generar un equilibrio intersectorial que nos permita tutelar el bien común en toda su virtud?

Una vez conocido el informe Isaza, que evaluó el impacto patrimonial de los proyectos en el borde costero, primero la construcción del proyecto inmobiliario comercial en Barón como neutral y reversible, y luego el caso de la expansión del Terminal 2, como un proyecto que vulnera la situación patrimonial e histórica de Valparaíso, la sociedad porteña y nacional ha hecho una misma lectura, pero por la tendencia a poner en contradicción lo público y lo privado, vuelven a levantarse caminos antagónicos.

Estos caminos podrían ser variados, pero hoy se visualizan dos que no pueden dialogar: uno, el camino del gobierno -público- de seguir adelante con el contrato del T2 por la inversión que significa en una ciudad tan deprimida económicamente, buscando compensar algo tan inmitigable como invaluable, lo que sin duda dificultará un acuerdo; Y dos, el camino de los individuos -una parte importante de la sociedad- que no se inclina por la concreción del actual proyecto, sino por generar un Plan B que se haga cargo de la misma ciudad deprimida, pero que sume a la expansión portuaria más elementos, como la capacidad de un nuevo diseño que diversifique la economía urbana, evitándose la obsolescencia del proyecto actual y recuperando la visión de una ciudad sustentable hacia el próximo siglo.

Como hemos planteado permanentemente, un buen inicio sería un diálogo, pero con reglas del juego -políticas y técnicas- muy claras, una mesa de conversación representativa para todos los intereses de la ciudad, que lidere la única dimensión que debe tutelar un bien público como éste: el uso social, su conservación y dinamismo económico.

Frente a esta encrucijada, la creación desde la Intendencia de una corporación público-privada para abordar temas de gestión del patrimonio, parece sensata y necesaria. También algunas propuestas de la Empresa Portuaria parecen pertinentes para el bien público del borde. Pero el proyecto actual mantiene la tensión, no solo por la amenaza de perder inversión -porque no se haga o se haga mal- sino también por la pérdida de otros futuros urbanos posibles, quizás más generadores de riqueza, empleos y eficiencia.

La voluntad política y de la ciudadanía, colectiva e individual, es un valor que Chile debe recuperar y ejercer. Los líderes en la región deben recuperar su altruismo, dejar atrás el desencuentro, para crear instancias de colaboración donde lo público y lo privado se pongan al servicio de una nueva visión de consenso, de manera comprometida y responsable con el futuro del Valparaíso urbano y metropolitano, en el cuidado que se busca, requiere y exige.

Por Macarena Carroza *

Alberto Texidó *