Claudio Ramírez

Ante la falta de respuestas concretas del Congreso Nacional y de los ministerios vinculados -MOP y Bienes Nacionales- respecto a la deuda que mantiene el inmueble derivada de multas e intereses por no haber regularizado la recepción de obras hace ya más de un cuarto de siglo, es que la Municipalidad de Valparaíso solicitó que el monto -cercano a $ 1.000 millones- sea incluido en la Ley de Presupuestos 2017.

Esto se hizo a través de un oficio enviado con copia a todas las entidades mencionadas, más Hacienda, en un intento por hacer efectivo el pago y recordando, de paso, que no se autorizará ninguna ampliación sin que el compromiso se salde.

Al respecto, parlamentarios de la zona se mostraron de acuerdo con la propuesta, la que consideran viable. "Es absolutamente necesario asegurar el pago; y respecto a la opción que plantea el municipio para que eso finalmente se concrete, pienso que puede ser. Ahora, también es posible analizar otras opciones, pero al final lo que importa es que se pague", dijo el senador Francisco Chahuán (RN).

El parlamentario enfatiza que más que voluntad para que el tema se solucione, hace falta diálogo. "Me parece que es impresentable que los recursos para regularizar el Congreso nacional no estén cancelados y en ese mismo sentido considero que se deben tomar todas las medidas para asegurar que el pago se efectúe (...) pienso que eso es parte de la deuda que tiene el Congreso con Valparaíso que es mucho más amplia, pero que también esta dada en esos términos", deslizó.

Sobre la decisión del municipio de no permitir más obras hasta que el problema se zanje, agregó que "tiene que pagarse porque el Congreso Nacional, obviamente, tiene que cumplir con la ley".

"sí o sí"

El diputado Aldo Cornejo (DC) recordó, entre otros puntos, que el impasse surgió a raíz de que la construcción pasó a llevar arterias sin la debida autorización. "Dice relación entre otras cosas con la ocupación de un bien nacional de uso público que era un pasaje que existía antes y que daba hacia la calle Victoria".

En esa línea, añadió que es una deuda que el Congreso tiene que regularizar "sí o sí", recalcando que la solicitud elevada por el municipio representa una buena solución.

"Acá no hay ninguna duda de que esa deuda existe y entiendo que la secretaría general ha estado trabajando el tema con el Ministerio de Obras Públicas, y si la opción de pagar y regularizar el tema pasa por incorporar esos recursos en la Ley de Presupuesto del ministerio respectivo o del Congreso Nacional, yo en lo personal no tengo ninguna objeción, al contrario, me parece una buena solución", subrayó el expresidente de la Cámara.

¿el mop o el congreso?

Sobre cuál es el ente que debería asumir el pasivo, el exalcalde de Valparaíso enfatiza que "la unidad técnica que ejecutó este proyecto fue el Ministerio de Obras Públicas; en consecuencia, todas las dificultades que el edificio tiene desde el punto de vista de su recepción municipal y la deuda viene de esa época y considero que no es una responsabilidad atribuible al Congreso Nacional". Añadió que si el MOP tiene la disposición y lo incorpora en la Ley de Presupuesto, "nosotros no tenemos ningún problema, al contrario".

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) manifestó que le parece "una buena fórmula" incluir el monto en el presupuesto de la nación, de manera que pueda ser cancelado durante el ejercicio del próximo año.

"Yo lo apruebo, desde que asumí como parlamentario he sido uno de los impulsores en relación a que este edificio debe cumplir con la norma porque me parece una vergüenza que no haya sido regularizado después de 25 años", comentó, agregando que esa misma condición comparten las modificaciones que se hicieron con posterioridad.

"Hay ampliaciones y modificaciones que no han sido regularizadas y que salieron a la luz en su momento por el tema de la cafetería, ahora la secretaría de la Cámara y del Senado tienen que trabajar y destinar los recursos necesarios para hacer los planos definitivos y pedir la recepción del edificio como corresponde, sobre todo si se piensa seguir ampliando", precisó Urrutia.

En relación a quién se debe hacer cargo de la deuda, para el parlamentario por Viña del Mar y Concón lo lógico es que sea el Congreso. "Es un edificio que pertenece al Estado, pero que tiene patrimonio y presupuesto propio, perfectamente la deuda podría incorporarse en el presupuesto de la Cámara y del Senado por partes iguales. Creo que no sería correcto endosarle esto al MOP cuando hace mucho tiempo que éste dejó de preocuparse del tema. Pienso que tanto la regularización como el pago de los derechos le corresponde al Congreso Nacional", concluyó.

"Es una opción factible. Ahora, también es posible analizar otras, pero al final lo que importa es que se pague"

Francisco Chahuán (RN), Senador"

"Si la opción de pagar y regularizar el tema pasa por incorporar esos recursos en la Ley de Presupuesto, no tengo ninguna objeción"

Aldo Cornejo (DC), Diputado"

millones es la deuda por concepto de multas e intereses que se le debe al municipio porteño. $ 1.000

la discusión por el Presupuesto del próximo año ya está en desarrollo por parte de Hacienda. 2017

años acumula el Congreso Nacional funcionando en Valparaíso sin contar con recepción municipal. 26

La solicitud de parte de los funcionarios de planta del Congreso Nacional, de negociar por separado el bono de incentivo al retiro y no con el resto de funcionarios públicos, ha despertado variadas reacciones en la opinión pública.

De aprobarse este pedido, quienes se acojan a este beneficio accederían a un bono sin tope de hasta 18 meses de sueldo. En el caso de los funcionarios cuyos salarios alcanzan mensualmente entre 9 y 10 millones de pesos, el bono a recibir sería de 200 millones. Esta noticia no cayó bien en Dimitri Morales, presidente de la Asociación de Funcionarios Parlamentarios (Afunpar), que agrupa a quienes trabajan directamente con los legisladores.

El dirigente fue enfático en señalar que respetan esta negociación, rechazada por los diputados y repuesta en el Senado, pero les preocupa sus resultados e incluso "nos da vergüenza, porque nos está metiendo a todos en el mismo saco".

Demandas

Morales explica que la asociación que preside ha luchado para el cumplimiento de sus demandas laborales: mejoramiento de las condiciones de descanso de los conductores, el pago del bono de complemento de jornada por las horas extras realizadas y la cancelación efectiva de las licencias médicas, entre otras. "Con el 1% de esos 200 millones, podrían habilitar en el Congreso un lugar digno para que descansen los conductores", declaró el funcionario.

Además, Morales pidió que no exista un doble estándar respecto del tratamiento del personal que labora en el Poder Legislativo, ya que según él "no puede haber personal de primera y segunda categoría, nosotros somos parte importante del trabajo legislativo, somos parte del equipo de trabajo de los parlamentarios".

En ese sentido, y frente a las repercusiones de la negociación, el dirigente llamó a los presidentes de las asociaciones de funcionarios de la Cámara de Diputados y el Senado, a dar explicaciones a la ciudadanía por los montos que podrían recibir al jubilar, si se concreta esta iniciativa.