La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales admitiendo que "no es todo lo que el Gobierno esperaba".

"Esta reforma laboral no es todo lo que el Ejecutivo impulsó y el Congreso por amplía mayoría aprobó", sostuvo la Mandataria durante el acto de promulgación, en La Moneda.

Bachelet matizó, sin embargo, que pese a lo anterior "este cambio legal sigue siendo un avance significativo para las relaciones laborales", al incluir avances como la huelga efectiva, una base mínima para la negociación colectiva y la extensión pactada de beneficios.

El proyecto respectivo fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento en enero de 2015, pero su tramitación estuvo amenazada por modificaciones y recursos ante el Tribunal Constitucional.

El 27 de abril dicho organismo acogió parte de los recursos presentados por la oposición contra 4 normas del proyecto y declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios a nuevos afiliados.

Más adelante, el 14 de julio, el mismo organismo declaró inadmisibles dos nuevos requerimientos presentados por la oposición, al considerar que fueron presentados fuera de plazo. El TC declaró inconstitucional la expresión "sindicatos" en un inciso relativo al reclamo de la determinación de las empresas sin derecho a huelga.

"Esto no es el proyecto que queríamos. Queríamos un proyecto que tuviera mas músculo, en particular en la titularidad sindical. Pero no cabe duda de que es un tremendo avance en relación a lo que teníamos", manifestó el senador Juan Pablo Letelier (PS), integrante de la Comisión de Trabajo del Senado. El presidente de Renovación Nacional, diputado Cristián Monckeberg, sostuvo que esta nueva ley "es una muy mala reforma del Gobierno y está a la vista las consecuencias negativas que ya se están produciendo".

Adaptabilidad Se da autonomía a las empresas y sindicatos para que acuerden pactos y condiciones especiales de trabajo.

Carolina Collins

El Juzgado de Garantía de Puerto Varas amplió en 40 días el plazo de investigación por el asesinato de Viviana Haeger, que ocurrió en junio de 2010 en esa ciudad, a petición de la parte querellante y la Fiscalía y con el consenso de la defensa de los imputados.

Durante la audiencia de ayer fueron reformalizados el viudo de la contadora, Jaime Anguita (59), por el delito de parricidio, y el presunto autor confeso del hecho, José Pérez Mancilla, como presunto autor de homicidio calificado.

El fiscal de Puerto Varas, Naín Lamas, solicitó la extensión del plazo de la investigación, al argumentar que aún había diligencias pendientes, entre ellas, el rastreo de las llamadas que habría realizado Pérez en diciembre del año pasado, antes de ser detenido, y en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015.

Esto, porque el presunto sicario habría utilizado al menos cuatro números de teléfonos distintos. Así, lo que se busca con esta nueva diligencia es establecer si es que hubo alguna comunicación de Pérez con la Fiscalía, la PDI o la parte querellante.

Así fue que el Juzgado de Garantía aceptó extender el plazo de la indagatoria.

Tras ocho meses de investigación, ambos acusados enfrenaron por cuarta vez los tribunales desde que fueron dejados en prisión preventiva, el 12 de diciembre del año pasado.

Durante la investigación, Anguita decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y declarar ante Lamas y ante el fiscal regional, Marcos Emilfork, en julio pasado.

En esa oportunidad, el viudo de Haeger se declaró inocente y negó su participación como autor intelectual de la muerte de su esposa, quien fue encontrada muerta en la manzarda de su casa en 2010, tras pasar 42 días desaparecida.

Posteriormente, en 2015 Pérez confesó que había sido contratado por el ingeniero para que matara a la mujer y que le había ofrecido $5 millones para cometer el crimen.

Por otro lado, la Fiscalía Local de Puerto Varas determinó la apertura de una investigación de oficio, para establecer quiénes han tenido acceso al registro filmado de la diligencia de reconstitución de escena del caso.

Esto, luego de que el programa "Informe especial", de TVN, emitiera las imágenes en su edición del domingo, en las que el presunto sicario José Pérez Mancilla, relata detalladamente cómo le quitó la vida a Haeger.

Según la fiscalía, la investigación se pidió "a fin de determinar quiénes han tenido acceso al registro fílmico de la diligencia de reconstitución de escena del caso de Viviana Haeger y pudieron entregarla a terceros no vinculados con la investigación".

"La única parte que tenía acceso a ese video fue la defensa del señor Anguita, así que está claro de dónde viene la filtración"

Sergio Coronado, Abogado de la familia Haeger"

El Juzgado de Garantía de Temuco aceptó ayer la libertad de uno de los 11 imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mckay, a cambio del pago de una fianza de $ 10 millones. El tribunal determinó que el comunero mapuche Hernán Catrilaf Llaupe no representa un peligro para la seguridad de la sociedad, pero se fijó el pago de la fianza porque se puede deducir que existe peligro de fuga. Catrilaf permanece en prisión preventiva por su presunta participación en el incendio en el fundo Lumahue en enero de 2013, donde el matrimonio conformado por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay murieron calcinados.

Los funcionarios del Sename advirtieron que "para nosotros es súper complicado que se desvíe toda la atención a este tipo de cosas", a raíz de las informaciones publicadas por La Tercera el fin de semana, que aseguran que la directora del organismo, Solange Huerta, decidió no perseverar o archivar unas mil causas de abusos contra menores cuando era la jefa de la Fiscalía Metropolitana Oriente. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, dijo a Emol "existe esta cacería de brujas que no nos permite avanzar en el trabajo que tenemos que hacer". Por otro lado, el diputado UDI Ernesto Silva dijo que Huerta fue nombrada en el cargo por un "favor político". "Así como se ha dicho que hay que tener una línea muy fina y cuidadosa entre el dinero y la política, creo que hay que tener una línea mucho más nítida y más marcada entre los fiscales y la política", agregó, y anunció que la investigarán.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, respondió ayer a las acusaciones surgidas desde el PPD de "dilación" del proyecto de aborto en tres causales. El ministro, dijo que el Ejecutivo no "saca nada" con darle urgencia a la iniciativa para que sea votada en el Senado "si lo vamos a perder". "El Gobierno es el principal impulsor de esta iniciativa, queremos que este proyecto sea ley; por tanto, nos interesa que se vote, pero especialmente que se apruebe, que estén los votos para eso", dijo Díaz, luego de que parlamentarios del PPD, como el senador Guido Girardi y el diputado Marco Antonio Núñez, emplazaran al Gobierno a darle discusión inmediata al proyecto que está en la Comisión de Salud del Senado. "Por Dios que les gusta a algunos la chimuchina (…) nosotros queremos que el proyecto sea ley de la República, eso requiere votos (…) queremos que esos votos estén cuando votemos el proyecto, el tema fue tratado en la reunión del comité político y esperamos que el debate en la comisión de Salud termine en breve plazo y de modo que el proyecto pueda ser votado en general y luego en particular", respondió Díaz.