Caso Lara: amigos de imputados se querellan contra carabineros
VALPARAÍSO. Denuncian ser víctimas de los delitos de abusos y amenazas por cuatro funcionarios, debido a su cercanía con los procesados, y piden que el caso sea investigado por la PDI.
Una querella por los delitos de abusos contra particulares y amenazas presentó un grupo de cinco estudiantes y un infante de la Armada contra cuatro carabineros, a quienes acusan de una serie de hostigamientos por ser parte del círculo de amigos de los jóvenes imputados por el incendio con resultado de muerte ocurrido el 21 de mayo pasado en Valparaíso.
La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Valparaíso y en los testimonios se detalla que los hechos comenzaron el jueves 11 de agosto, cuando el infante de la Armada fue buscado en su lugar de trabajo por uno de los carabineros querellados para luego interrogarlo, tras lo cual le exhibieron unas fotografías "borrosas" conminándolo a identificar a quienes salían en la imagen como sus amigos, imputados en la causa por la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, a lo que se negó.
El lunes siguiente los carabineros fueron a su domicilio en Playa Ancha, el que comparte con los demás jóvenes que se querellaron, buscaron a una de ellas e ingresaron al hogar sin su consentimiento, sin encontrar a los demás moradores.
De acuerdo al escrito, el martes volvió un policía y lo atendió otro de los jóvenes, a quien le dijo que conociá a la estudiante y que era vecino. Cuando ella llegó - se lee en la querella - dijo no conocerlo y él carabinero le dijo que conversaran en privado, donde le indicó que tenía fotos de su pareja participando en la marcha del 21 de mayo y le pidió acompañarlo a la unidad policial, junto al joven que lo atendió al llegar.
Una vez en la Octava Comisaría del cerro Florida, se desarrolló un interrogatorio de tres horas en el que, de acuerdo a los testimonios, hubo dos funcionarios que no se identificaron, quienes les preguntaron constantemente por Ariel, uno de los querellantes y pareja de la joven, además de exhibirles fotografías de tres imputados por el incendio con resultado de muerte, pidiéndoles que los identificaran "sin que podamos hacerlo, puesto que éstas (imágenes) no eran de calidad, no obstante, los funcionarios señalaban que no importa, porque ellos ya daban por hecho que los de las fotografías eran ellos".
Al día siguiente los jóvenes volvieron a ser visitados en su hogar por dos carabineros, quienes los incitaron a firmar una declaración "y que si no declarábamos como testigos nos iban a tomar la declaración como imputados (...). En el transcurso de esto hacen bromas alusivas a la cárcel y a lo que nos espera a nosotros si no cooperamos, también nos muestran fotografías de los hijos de nuestros amigos, de ellos en nuestra casa y de lugares que visitaban. Continúan con el amedrentamiento por más de cuatro horas".
Al día siguiente, agrega la declaración consignada en la querella, "nos pusimos en contacto con la Defensoría Popular (...) ya que el teniente prometió volver y ya no podíamos aguantar la situación de angustia que se había extendido por la semana. Durante el trayecto a contactarnos con ellos también fuimos seguidos de manera amedrentatoria a nuestros destinos, por personas que se subían a la locomoción colectiva con nosotros y se bajaban en comisarías para seguir el amedrentamiento en autos 'civiles".
La declaración prosigue señalando que "en la tarde volvió a llegar el teniente, el cual desde su auto nos hizo gestos con las manos, que hacían referencia a una pistola disparándonos y burlándose de nosotros. Una vez que se bajaron del auto afuera de nuestra casa, fue abordado por Johanna, abogada de la Defensoría (Popular), la cual les dijo que nos dejaran tranquilos, puesto que lo que estaban haciendo era ilegal".
El abogado que representa a los querellantes, Lorenzo Morales, explicó que uno de los Carabineros "es de Santiago pero está en el caso en la ciudad de Valparaíso y los otros tres son del OS-9 de Valparaíso. No hemos querido hacer públicos sus nombres porque tienen derecho a defenderse, pero el comportamiento nos consta, está acusado en la querella y es un comportamiento muy grave porque tiene que ver con prácticas policiales que son añejas para la judicatura chilena y eso no puede ocurrir".
El jurista señaló que "nos pareció grave porque el Ministerio Público tiene que direccionar a las policías y si las policías se están comportando de ese modo, tendrán que rectificarse, pero en este caso no sólo rectificarse, sino que sancionarse y que finalmente los saquen de las filas".
Morales precisó que están solicitando que el caso sea investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, sobre lo cual tendrán respuesta mañana. "Confiamos plenamente en cómo se han comportado los jueces de Garantía y también la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso", agregó el profesional.
Los querellantes, además de pedir que los antecedentes sean recabados por la PDI, solicitaron oficiar a Carabineros "para que remita copia autorizada de las diligencias que llevaron a cabo los querellados y quién ordenó dichas diligencias", ordenar "la declaración indagatoria al personal que tomó el procedimiento y a los funcionarios con mando en el operativo" y "citar a declarar a las víctimas que suscriben esta querella".
Si bien ambas investigaciones están relacionadas con el caso de Eduardo Lara, la fiscal municipal, Jeanette Bruna, sostuvo que estos "son hechos posteriores, no vemos de qué forma podría afectar, sólo con la querella estimamos que no existen antecedentes como para afectar la investigación que se lleva a cabo por el fiscal Andrade en el otro juicio".
Desde Carabineros declararon a este Diario que no podrán referirse a este tema que involucra a cuatro de sus funcionarios, por encontrarse judicializado.
"En la tarde volvió a llegar el teniente, el cual desde su auto nos hizo gestos con las manos que hacían referencia a una pistola disparándonos"
Declaración en la querella"
"Estos métodos policiales están reñidos con la ley y están reñidos con los tratados internacionales, son prácticas que ya no deberían ocurrir"
Lorenzo Morales, Abogado querellante"